El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional al Artículo 19 que suma nueve delitos al catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos corrupción, huachicoleo y feminicidios.
Con 377 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, Morena logró la mayoría calificada con el apoyo de sus aliados y los legisladores que hoy renunciaron al PRD.
Con esto se logró la mayoría calificada necesaria para mandar la reforma a los Congresos estatales, donde deberá recibir el aval de 17 legislaturas locales, por tratase de una reforma Constitucional.
Si se aprueba en los Estados, los delitos de corrupción, uso electoral de programas sociales, en materia de hidrocarburos, abuso o violencia sexual contra menores, robo al transporte de carga, feminicidio, robo a casa habitación, desaparición forzada de personas y aquellos en materia de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, ameritarán prisión preventiva de oficio.
Así, 30 panistas, seis priístas y 13 de la bancada de MC avalaron la reforma.
Aunque estaban presentes en el salón de sesiones, los diputados de Morena Pablo Gómez Álvarez y Sergio Mayer Bretón –este último presidente de la Comisión de Cultura- no votaron.
Aunque estaban presentes en el salón de sesiones, los diputados de Morena Pablo Gómez Álvarez y Sergio Mayer Bretón –este último presidente de la Comisión de Cultura- no votaron.
Los nueve diputados que hoy renunciaron a la bancada del PRD también avalaron la reforma.
Durante la discusión, se insistió que se trata de delitos de alto impacto, que se requiere incorporar a la Constitución como uno de los mecanismos para enfrentar la crisis de inseguridad e impunidad que vive el país.
Durante la sesión, Morena y sus aliados rechazaron las reservas presentadas por la Oposición e incluso por integrantes de su bancada, como Lorena Villavicencio, quien propuso que sea un juez el que decida si un detenido es sujeto a presión preventiva oficiosa o no.
La reforma constitucional fue aprobada en medio de protestas de la Oposición por la conducción de Dolores Padierna a quien acusaron de hacer interpretaciones del reglamento de la Cámara de Diputados a conveniencia durante la sesión.
El dictamen aprobado indica que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación cinco años después de su vigencia.
Dicha evaluación, agrega, se realizará mediante informes emitidos por los gobiernos federal y locales, tomando en consideración al poder Judicial federal y de los estados, las procuradurías o fiscalías del País y los organismos de protección de los derechos humanos.
Fuente: Reforma
