Los viajes a Qatar donde se tejió una de las tramas de corrupción más graves en la historia de la Unión Europea (UE) contaron con el visto bueno de la Comisión Europea y del Alto Representante para Asuntos Exteriores, el socialista español Josep Borrell. Así lo asegura una de las principales acusadas del escándalo, la ya ex vicepresidenta del Parlamento europeo, la también socialista griega Eva Kaili, quien después de declararse “inocente” habló a través de sus abogados para insistir en que esos viajes al país árabe se organizaron bajo la aquiesencia de las máximas autoridades e instituciones europeas.
Mientras los cuatros principales sospechosos de la trama de sobornos y corrupción permanecen bajo estricta vigilancia, siguen saliendo a la luz más detalles sobre un escándalo que está provocando que aumente la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones europeas y en sus estructuras burocráticas. Más en un caso en el que se utilizaron los derechos humanos como “coartada” para cobrar sobornos a cambio de informes o declaraciones favorables.
Ante el estupor de muchos dirigentes europeos y la indignación de millones de ciudadanos, los hechos siguen apuntando a una organización criminal bien estructurada en el corazón de la democracia europea, que utilizaba su condición de europarlamentarios para cobrar sobornos, tal y como se demostró con la incautación por parte de la policía belga de un millón 600 mil euros en efectivo (33 millones 500 mil pesos).
De los cuatro involucrados, la griega Kaili era la que tenía el cargo de mayor estatus en el Parlamento, al ocupar una de las 14 vicepresidencias que existen. Desde que estalló el escándalo, el pasado viernes, todavía no se han visto imágenes públicas de ella, pero su abogado sí logró hablar con ella desde su reclusión carcelaria, desde donde se declaró inocente y criticó “la postura de los europarlamentarios en su contra”, ya que sostiene que “la decisión de visitar Qatar nunca fue algo personal, si no como representación de la Eurocámara y con el visto bueno de la Comisión Europea y del Alto Representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell”. El propio Borrell se refirió a la crisis y se limitó a decir que “lo mejor que podemos hacer es dejar trabjar a la justicia”.
La comparecencia de Kiali ante los tribunales belgas está prevista para el próximo 22 de diciembre, mientras tanto permacerá detenida e incomunicada del resto de acusados, que ya pasaron a a disposición judicial para los que el juez dictó prisión a dos de ellos -Francesco Georgi y Pier Antonio Panzeri- y dejó bajo brazalete electrónico a Figa Talamanca.
Pero mientras la policía sigue analizando pruebas encontradas en los registros, como el teléfono celular del padre de Kiali, incautado cuando intentaba sacar de un hotel bolsas con centenares de miles de euros, otros testimonios advierte que la red de sobornos bajo la excusa de la defensa de los derechos humanos se podría extender a otros países. Inclusa ya señalan a uno, a Marruecos, para “blanquear” sus políticas represivas contra el pueblo saharaui, según denunció hoy mismo la ex eurodiputada portuguesa Ana Gomes, que señala al eurodiputado italiano Panziere como el principal urdidor de este sistema en el que se mercadea con los derechos humanos a través de comisiones o delegaciones que viajan a los países para fiscalizar sus sistemas de justicia y sus modelos políticos.
En una entrevista con la televisión pública portuguesa, Gomes explicó que “el caso de Eva Kaili” no le sorprendió: “Nunca vi nada lo más mínimo interesante o profundo en todo lo que dijo. Y conozco muy bien a Antonio Panzeri, ex eurodiputado con el que tuve muchos encontronazos. Quería interesarse por los derechos humanos, en el fondo, para frustrarlos. En el caso de Sahara, siempre que me interesé por el Sahara, él estaba allí al servicio de los marroquíes. No es solo Qatar el que paga”.
Y añadió que “el compañero de Kaili era el asistente de Panzeri. No me sorprende en absoluto. El Parlamento Europeo ya exige un registro de intereses y lobbys, pero también debería exigir un registro de contactos con embajadas. Y debería exigir exclusividad: no solo no se acepta que no haya exclusividad, y el trabajo en el Parlamento Europeo, para quienes quieren hacerlo, es sumamente intenso.”
Ajena a la investigación policial y a las posibles ramificaciones de la trama de corrupción y sobornos, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, reconoció que está “pasado los días más tristes y difíciles de mi carrera política”, al tiempo que informó que su primera decisión, de carácter ejemplarizante, fue la de retirarle el cargo a Kiali, para lo que logró la unanimidad de todos los grupos. Además se comprometió a reforzar las reglas de transparencia e investigar hasta el fondo lo que ha pasado. Desde la Comisión Europea, su presidenta Úrsula Von der Leyen también señaló que que “las acusaciones son muy graves”, por lo que es necesario endurecer las normas éticas de las instituciones, para delimitar qué entidades tienen acceso a las instalaciones parlamentarias o quién financia cada partida.
Fuente: La Jornada
