El señalamiento es tan directo como grave e implica a un exalto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional: el general de división en retiro Humberto Alfonso Guillermo Aguilar. Su nombre fue revelado por un testigo en el juicio que se sigue en Alemania en torno al caso Heckler and Koch (H&K), compañía que entre 2006 y 2009 vendió armas a México, presuntamente de manera ilegal, por conducto de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones de la Sedena, dependencia encabezada entonces por ese militar. Algunas de esas armas fueron utilizadas por agentes municipales de Iguala en ataques a normalistas de Ayotzinapa.
Por Yatleneci Alcaraz/Proceso
BERLÍN. El general de división y exsubsecretario de la Defensa Nacional Humberto Alfonso Guillermo Aguilar habría sido beneficiario de presuntos sobornos de la empresa alemana Heckler y Koch (H&K) para cerrar contratos de venta de armas durante el tiempo en que estuvo a su cargo la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Sedena.
Lo anterior se desprende de declaraciones hechas a la fiscalía de Stuttgart por un testigo dentro del proceso que la justicia alemana sigue por la posible exportación ilegal de fusiles de asalto G-36 y armas cortas de la mencionada firma a México entre 2006 y 2009.
De acuerdo con las declaraciones del testigo, de las que Proceso tiene copia, el general Aguilar, hoy en retiro y quien también fue oficial mayor de la Sedena, habría recibido por cada uno de los fusiles vendidos a México 25 dólares y por cada arma corta 20 dólares como sobormo.
El testigo, cuyo nombre se omite en el documento, se enteró de los sobornos por el representante de H&K en México, Markus-Joachim Bantle.
En el cuestionario que la fiscalía realizó al testigo en 2010 se lee:
–En sus consideraciones del 17.02.2008 usted menciona el siguiente hecho: que el general Aguilar, jefe de la DCAM, recibió como soborno de parte de Bantle 25 USD por la venta de cada unidad de G36 y 20 USD por la venta de cada arma corta. ¿De dónde lo sabe?
–Eso lo sé por el propio señor Bantle. Ya en 2005/2006 él me lo habría mencionado; y las cantidades me las comentó por ahí del 2006/2007. Bantle también me dijo que el señor Haas tenía conocimiento de ello.
–¿Conoce detalles sobre si esos sobornos se dieron antes o después de haber cerrado el contrato de venta?
–No.
El testigo es un antiguo trabajador de H&K, quien fue enviado a México entre 2006 y 2008 para realizar presentaciones sobre el armamento alemán y brindar entrenamiento y asesoría en el uso de las armas a los clientes mexicanos. En 2008 dejó su empleo en H&K y pasó a la clandestinidad supuestamente por estar en contra de la forma sin escrúpulos en cómo la armadora alemana negociaba las exportaciones a regiones que, según la ley de aquel país, están vetadas porque en ellas se violan los derechos humanos. Sin embargo fungió como testigo ante la fiscalía de Stuttgart en la acusación que Jürgen Grässlin presentó en 2010.
El referido señor Bantle es uno de los principales acusados en el juicio, mientras que el tercer mencionado, Axel Haas, era jefe de ventas de la empresa y murió en marzo de 2005.
El extracto del interrogatorio forma parte del expediente del juicio que iniciará este martes 15 de mayo en contra de seis exempleados de H&K –dos antiguos gerentes, dos exjefes de ventas, una trabajadora y un exrepresentante de ventas– a quienes se les acusa de estar implicados en el envío a México de fusiles y accesorios entre 2006 y 2009 sin el permiso correspondiente, lo que viola las leyes alemanas de Control de Armamento Bélico y de Transacciones Internacionales.
La Sedena reconoció en 2015 que al menos 4 mil 700 de esas armas exportadas a México fueron a parar a Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Jalisco, estados vetados por la ley alemana por considerarlas entidades donde se violan los derechos humanos.
Entre los acusados en el juicio, junto con Bantle, sobresale el exgerente de H&K Peter Beyerle, quien antes de integrarse a la empresa fue presidente del Tribunal Regional de Rottweil, circunscripción donde está la sede de la empresa.
El juicio inició ocho años después de que el activista Jürgen Grässlin presentó la primera denuncia y se prevé que será un proceso muy mediático, pues será la primera vez que la poderosa firma, líder en la producción de armas en Europa, enfrente aunque sea de forma indirecta un juicio de este tipo. El tribunal de Stuttgart contempla 25 audiencias en el proceso, con lo que éste puede prologarse hasta finales de octubre de este año.
Satisfecho por haber llevado a los tribunales el asunto, Jürgen Grässlin no se siente, sin embargo, muy optimista sobre el resultado del juicio.
“Por una parte me siento muy bien porque es un éxito para el movimiento en favor de los derechos humanos en Alemania y espero que (el juicio) cuando menos aporte un poco de justicia para todas las víctimas de Heckler & Koch.
Logramos obligar a la procuraduría a levantar una demanda en contra de seis extrabajadores de la empresa y no es cosa menor. Por otro lado, debo decir que la fiscalía de Stuttgart nunca se sintió contenta ni miró con buenos ojos lo que hicimos y mi gran temor es que al final no se haga justicia”, señala Grässlin en entrevista telefónica.
Desde su punto de vista, la justicia alemana no ha actuado imparcialmente: “En el banquillo de los acusados no estarán sentados todos los que tienen que ser. Es un triada la que está involucrada en este caso, pero al final sólo son representantes de H&K los que comparecerán”.
La triada a la que se refiere el activista alemán está conformada por la empresa H&K, así como autoridades de la Oficina Federal de Exportación y del Ministerio Federal de Economía, quienes a decir de Grässlin apoyaron activamente a la empresa para vender misiles a México.
“Si el estado de derecho alemán funcionara, Markus Bantle tendría que recibir cuando menos 16 años en prisión, al estar involucrado en 16 entregas de armas, y Peter Beyerle a seis años. Eso sería lo normal, lo que tendría que suceder. Pero mi pronóstico es que sucederá lo contrario y serán arropados y protegidos por la justicia”, comenta.
Y anticipa que, si no son declarados culpables, él apelará la decisión en una instancia superior.
Las reglas rotas
Las exportaciones de armas hacia México no son un tema nuevo. Desde 2002 ingresaron al país fusiles, metralletas y pistolas de origen alemán, en volúmenes modestos y dentro de lo legal.
Fue en 2005 cuando una delegación de la Sedena visitó las instalaciones de H&K en Oberndorf y mostró su interés en el fusil G-36. Entonces sobrevino la ofensiva comercial de la empresa, encabezada por su entonces representante en México, Markus Bantle, quien logró pedidos por miles de armas.
Conforme a la ley alemana, el Consejo de Seguridad Federal, integrado por miembros de ocho ministerios, se encarga de autorizar las exportaciones de armamento a los denominados “países terceros”, entre ellos México.
En 2006 el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán bloqueó a este país como receptor de armas por considerar que los derechos humanos se violaban en cuatro estados. Sin embargo, finalmente el Consejo de Seguridad Federal otorgó la autorización a condición de que las armas no llegaran a Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero. Pero eso no se cumplió.
Cuando menos desde 2010 la prensa alemana se ha ocupado de las exportaciones de armas de H&K a México. En marzo de 2012 policías municipales de Chilpancingo, Guerrero, se enfrentaron en la Autopista del Sol con estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. El diario alemán TAZ comprobó, a partir de fotografías del suceso, que los uniformados portaban fusiles de H&K.
En febrero de 2014 el canal francoalemán de televisión ARTE realizaba un documental sobre armas alemanas en Estados prohibidos y el equipo de producción llegó hasta la policía comunitaria de Tixtla, Guerrero. Ahí descubrieron que los guardias de la autodefensa poseían cuando menos dos fusiles G-36, decomisados a la policía municipal.
Y en septiembre de ese mismo año la prensa del país europeo también informó de que al menos 36 de las armas decomisadas a la policía municipal de Iguala y utilizadas durante el enfrentamiento del día 26 del mismo mes, en el que murieron seis personas y desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, eran fusiles de asalto G-36 producidos por H&K.
A partir de este martes 15 la justicia alemana determinará el nivel de culpabilidad de los exempleados de H&K en la ilegal presencia de estas armas, no sólo en el estado de Guerrero sino en los otros tres adonde estaba prohibido que llegaran.
Este semanario solicitó a la dirección de Comunicación Social de la Sedena una respuesta oficial respecto de los señalamientos contra el general Aguilar hechos ante la fiscalía de Stuttgart, igualmente preguntó si esta dependencia realizaría una investigación sobre este asunto. Hasta la tarde del viernes 11, Proceso no había recibido respuesta alguna.
Este reportaje se publicó el 13 de mayo de 2018 en la edición 2167 de la revista Proceso.
