El senador Ernesto Cordero fue involucrado en una red de “coyotes” que solicitaron a alcaldes un “moche” a cambio de fondos federales.
La acusación, incluso, está asentada en una denuncia penal ante la Fiscalía General de Durango, contra gestores que operaron supuestamente en nombre de Cordero, cuando éste ocupaba la Secretaría de Hacienda.
Los afectados serían alcaldes de Durango y constructoras, quienes recibieron el ofrecimiento de fondos federales para obras públicas a cambio de una comisión.
Según la denuncia 34DVE/2013 ante la Fiscalía, ratificada el pasado 18 de junio, un grupo de gestores contactó a varios ediles a finales del 2011, y con la justificación de tener el aval y garantía de Cordero -como titular de Hacienda- , se ofrecía gestionar los recursos a cambio de pagar el 1.1 por ciento del valor total de cada proyecto.
La mayoría de los contratos se firmaron a principios del 2012 con los alcaldes de Durango, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas y Vicente Guerrero, y se pactó que los recursos serían tomados del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (Fidem).
En Durango la operación se realizó a través de la empresa Consorcio R&G S.A. de C.V., cuyo representante Bernardo Terrazas Salgado, conocido como “El Mayor”, se identificó como amigo de Cordero.
Al menos siete constructores pagaron unos 20 millones de pesos a Consorcio R&G.
El lunes, el empresario Julio César Rodríguez, propietario de Construcciones Nueva Vizcaya, encaró a Cordero al final del informe del Senador duranguense José Rosas Aispuro, para reclamarle el fraude y advertirle de una denuncia en su contra.
Según Rodríguez, entregó en manos del propio Cordero una copia del expediente y además el senador se desconcertó y salió rápidamente del lugar cuando le mostró en su teléfono una fotografía donde él aparecía abrazado con Terrazas.
“Bernardo Terrazas dice que tenía excelente relación con Cordero, porque él se iba a encargar, de bajar los recursos para dárselos a los municipios”, explicó ayer el empresario en entrevista.
La denuncia señala que Terrazas y gestores también promovieron fondos municipales a alcaldes y empresas de Veracruz, Puebla, Zacatecas, Estado de México y Guerrero.
