Un equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrado por renombrados fiscales, dijo el lunes que el Gobierno mexicano no le permitió entrevistar a militares que serían testigos clave en la investigación por el ataque y la desaparición de 43 estudiantes en septiembre pasado. Sólo se les autorizó a mandar un cuestionario, propuesta que los expertos rechazaron de maneja terminante.
Los fiscales, a pedido de los familiares de las víctimas y en acuerdo con el Gobierno, iniciaron en marzo la revisión del caso que cimbró a la administración del presidente Enrique Peña Nieto y dejó al desnudo la complicidad entre autoridades y grupos de la delincuencia organizada.
Cuando está por concluir su mandato, el grupo dijo que el Gobierno argumentó que los militares del batallón 27, que abarca la sureña ciudad de Iguala, en donde desaparecieron los estudiantes, sólo podrían ser interrogados en el marco del proceso penal sin la presencia de los expertos.
Añadió que los expertos tendrían solamente la opción de enviar un cuestionario.
“Hemos decidido que no vamos a entregarles un cuestionario, eso significa que no tenemos control de cómo se responde, de qué se responde ni la posibilidad de que se precisen puntos que vayan saliendo durante la declaración”, dijo el fiscal chileno Francisco Cox, conocido por haber trabajado en la extradición del fallecido dictador Augusto Pinochet a España.
De todas las entrevistas que han hecho para la revisión del caso, que incluyen a policías, familiares, supuestos delincuentes detenidos, sobrevivientes del ataque a los jóvenes, entre otras personas, solamente se les ha negado el acceso a los militares, dijeron.
Los fiscales, entre los que se encuentran la guatemalteca Claudia Paz y Paz, quien llevó a las cortes a varios militares acusados de atrocidades durante la guerra civil de su país, darán su informe final sobre el caso el 6 de septiembre.
Los expertos no avalan aún la versión oficial de que los jóvenes de la escuela de Ayotzinapa, ubicada en el empobrecido y violento estado de Guerrero, en el sur de México, fueron quemados en un basurero del pequeño pueblo de Cocula tras ser secuestrados por policías y entregados a sicarios.
“Con las pruebas disponibles no tenemos evidencia ni de vida ni de muerte”, dijo el español Carlos Beristain, reconocido por haber coordinado el informe “Guatemala nunca más” en el que una comisión de la verdad reconstruyó el horror de las masacres de la guerra civil principalmente contra población indígena.
El grupo, que está a la espera de que el Gobierno mexicano extienda su mandato para investigar el caso, señaló graves fallas en la investigación como que ropa perteneciente a los jóvenes quedó abandonada sin procesarla como evidencia y que videos de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre fueron supuestamente destruidos.
Fuente: Reuters
