Por John M. Ackerman
In memoriam Idilberto Reyes, otro niño héroe caído
en la lucha por un nuevo amanecer.
Joaquín “El Chapo” Guzmán sigue libre, pero Cemeí Verdía, dirigente social y líder de la policía comunitaria de Ostula, Michoacán, se encuentra ahora tras las rejas. Fernanda Said Pretelini, cuyo principal “mérito” es ser sobrina del presidente de la República, cuenta con un decoroso empleo en Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras las “reformas estructurales” del Pacto por México mandan a miles de maestros y trabajadores petroleros a las filas del desempleo. Y en respuesta a la consolidación del poder del crimen organizado en todo el país, las Fuerzas Armadas se lanzan contra niños indefensos al grito de “¡Vivan Los Caballeros Templarios!”.
¿Para quiénes trabajan los individuos que hoy tienen tomado por la fuerza a Los Pinos? Ya no debería quedarle a nadie el menor resquicio de duda. Somos malgobernados por un grupo de empleados de las más oscuras, violentas y corruptas mafias nacionales e internacionales. El único interés de quienes hoy encabezan las instituciones del Estado mexicano es llenar sus bolsillos al amparo del poder público.
Cada vez más personas se dan cuenta de la traición de nuestros gobernantes a los principios básicos de soberanía popular y justicia social enarbolados por la Constitución que nos rige. La ausencia de grandes movilizaciones en el Zócalo capitalino durante los últimos meses de ninguna manera implica la existencia de una conformidad social generalizada.
Literalmente todos los días hay nuevas protestas sociales a lo largo y ancho de la República Mexicana. La carestía, el desempleo, la corrupción y la inseguridad van generando un enorme descontento social que burbujea con cada vez mayor fuerza debajo de la imagen falsa e hipócrita de “normalidad democrática” que quiere proyectar el actual gobierno federal a los corredores de bolsa en los principales centros del capital financiero mundial.
Los constantes estallidos sociales que hemos vivido en México durante los últimos dos lustros demuestran la existencia de una sociedad activa, consciente y dispuesta a tomar las riendas de la historia. Desde el fraude electoral de 2006 hasta la fecha, el pueblo ha tomado las calles una y otra vez para reclamar la esperanza traicionada de un cambio de régimen hacia un nuevo equilibrio político y social basado en la solidaridad, la paz y la participación social.
La lucha por la transparencia electoral de 2006 desembocó en la lucha contra la privatización petrolera en 2008. La movilización nacional de víctimas por las masacres de Felipe Calderón en 2011 dio pie al vasto repudio juvenil al retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos en 2012. La protesta de los maestros democráticos ante la reforma educativa punitiva y privatizadora en 2013 sentó las bases para la movilización histórica de todo el pueblo mexicano en contra del régimen en 2014, a raíz de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Paralelamente, tenemos la acción constante de los policías comunitarios, los pueblos indígenas y los grupos de autodefensa en el territorio nacional. Y los estudiantes universitarios cada día se organizan y proyectan su fuerza con mayor contundencia, inspirados por los logros históricos del movimiento del Instituto Politécnico Nacional (IPN) el año pasado. Hay también una infinidad de protestas locales en todo momento; por ejemplo, en contra de los abusos de la industria minera, a favor de los derechos humanos y por una amplia diversidad de diferentes causas justas.
Frente a este escenario, el gobierno cada día se esconde más atrás del poder desnudo de las Fuerzas Armadas. Después del cobarde asesinato del niño Idilberto Reyes durante el operativo militar en Ostula, no fueron ni el gobernador constitucional de Michoacán, Salvador Jara, ni el responsable de la Seguridad Pública a nivel nacional, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes aparecieron ante los medios de comunicación, sino el general Felipe Gurrola, mando especial del Grupo de Coordinación Michoacán.
Queda claro que se ha consumado un golpe militar de facto en contra de las instituciones civiles en el estado de Michoacán. El hecho de que este golpe no se haya declarado formalmente, por no convenir a los intereses del régimen, no le resta ni un ápice de gravedad a la situación.
La ocupación militar del estado de Oaxaca y la desaparición unilateral del viejo Instituto Estatal de Educación Pública de esa entidad (IEEPC) sigue la misma lógica de poder autoritario. El reemplazo de un organismo público que contaba con la activa participación de los maestros democráticos por un nuevo organismo al servicio de un régimen inculto comandado por personas que apenas saben leer y escribir constituye un golpe en contra de la democracia y la calidad educativa. Mientras, la entrega por Gabino Cué de su estado a las fuerzas federales constituye una copia fiel de lo que ya ha ocurrido en Jalisco, Michoacán y Guerrero.
La fuga de “El Chapo” no es entonces la única acción “imperdonable” (Peña Nieto dixit) del régimen actual. Sigamos luchando todos los días desde todas las trincheras posibles para lograr la desaparición de los gobiernos controlados por mafias corruptas y sangrientas y reemplazarlos con nuevas instituciones al servicio del pueblo.
Twitter: @JohnMAckerman
Fuente: Proceso
