Por Sergio Aguayo
Iguala ha resquebrajado inercias y construido esperanzas. Acicateados por los extranjeros, estamos conociendo la verdad, un requisito indispensable para acercarnos a la inexistente justicia.
Stanley Cohen, teórico de las negaciones, hace una taxonomía en torno a las maneras de reaccionar de los gobiernos ante los informes sobre las violaciones a los derechos humanos. En un extremo están el silencio y la indiferencia, mientras que en el otro se hallan la aceptación de que hubo agravios y la voluntad de hacer correcciones. En Iguala se observa el camino recorrido por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es un tránsito positivo, aunque incompleto.
En el inicio, Los Pinos minimizó los hechos, y en diciembre y enero intentó enterrar en sudarios de silencio el tema. No obstante, dio marcha atrás por la trascendencia de un hecho que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) definió como “el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos (…) de cuantos haya memoria reciente en este país”. Pese a la gravedad de lo ocurrido, de no haber sido por la resistencia de los padres de las víctimas, por la solidaridad nacional e internacional y por las acciones de gobiernos y organismos multilaterales, habría prevalecido el desdén hacia el caso. Me centro en estas últimas.
La diplomacia mexicana es de firma ligera: suscribe todo tipo de compromisos internacionales que luego ignora. Cuando Peña Nieto se sintió acorralado por las protestas, ordenó la firma (el 12 de noviembre de 2014) de un Acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para traer por seis meses a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya misión era realizar otro informe acerca de Iguala.
Las misiones internacionales pueden agruparse en tres categorías. Están las que sólo vienen a ganar dinero y a pasarla bien, por lo que dejan textos inútiles. Otras legitiman abusos. Eso hicieron los observadores electorales enviados por la Unión Europea durante las elecciones presidenciales de 2006. Estuvieron encabezados por el militante del Partido Popular español José Ignacio Salafranca, quien minimizó en sus informes el fraude electoral para favorecer a Felipe Calderón. Fue un comportamiento indigno. Finalmente, estarían las que toman en serio su trabajo, y entre ellas tiene un lugar de honor la del GIEI. Su impacto ha sido enorme y benéfico.
En los primeros meses, el GIEI fue un enigma. Sus integrantes iban y venían entrevistando gente y recopilando, como hormigas, pedacitos de información que controlaban rigurosamente. Sorprendió, por tanto, el misil que lanzaron el 6 de septiembre pasado y que me parece innecesario reproducir. Son 560 páginas repletas de cifras, nombres y referencias: un aporte contundente y sólido con algunas omisiones quizá deliberadas para evitar romper puentes con el Estado y la sociedad. Es decir, queda la sensación de que evitó deliberadamente ciertos temas.
Sin embargo, el contenido del informe basta para desnudar el desorden, la incompetencia y la insensibilidad del Estado mexicano. El GIEI era un candidato ideal para un linchamiento a la Juan Méndez o para el atrincheramiento gubernamental tras la bandera de la soberanía mancillada por los extranjeros torvos. En lugar de ello, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó inmediatamente revisar y tomar en cuenta las recomendaciones del GIEI.
Octubre fue el mes del estoicismo gubernamental porque además de las condenas internas enfrentó varios cañonazos internacionales. El 2 de octubre –que jamás se olvida–, la visita in loco de la CIDH concluyó con una dura crítica y un espaldarazo al informe del GIEI. Dos días después llegó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien expresó sin tapujos su respaldo total a la CIDH y al GIEI, pues sus “hallazgos coinciden en gran parte con las opiniones de mi oficina y de varios expertos y órganos internacionales de derechos humanos de la ONU”. El 18 sucedió algo sin precedentes: Washington le quitó a un donativo de la Iniciativa Mérida 5 millones de dólares por el deterioro de los derechos humanos.
Parece que ha concluido la vergonzosa complicidad de la comunidad internacional con los fraudes y matanzas cometidos o permitidos por quienes gobiernan México. El Alto Comisionado dejó un mensaje clarísimo: “Hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México”.
Octubre terminó con las audiencias organizadas la semana pasada por la CIDH en Washington. Se habló claro y se negoció duro, pero uno de los principales logros fue que la CIDH y el gobierno mexicano acordaron prorrogar otros seis meses la presencia del GIEI. La factura de 1 millón de dólares será cubierta por el Estado mexicano. Dinero bien gastado, pues el acuerdo frena los impulsos rupturistas entre Estado, víctimas y comunidad internacional.
Vienen meses muy intensos. La cosecha de informes seguirá a la alza. En las próximas semanas la CNDH presentará un segundo informe acerca de Iguala, y la Comisión de diputados se estrenará en ese tema. Ésos y otros estudios serán medidos con el documento del 6 de septiembre del GIEI, que ha hecho, hasta ahora, un buen trabajo. La cantidad de información que ha surgido –y aparecerá– me permite pronosticar que nos acercamos a una verdad creíble respecto de una de las tragedias más paradigmáticas de nuestra historia.
No obstante, la verdad no basta. Urge tener algo de justicia. El Alto Comisionado marcó agenda en su discurso final al señalar que sólo creerán en México cuando conozcamos el destino de los desaparecidos, cuando todos los “perpetradores (sean) identificados, procesados y sentenciados”, y cuando haya “reparaciones a las víctimas”. No será fácil, pero la prórroga de seis meses al GIEI simboliza el respaldo de una parte de la comunidad internacional a las víctimas. Ya era hora. l
Clementina Chávez Ballesteros colaboró con ideas y sistematización de información.
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Fuente: Proceso
