En contraste con las cerca de cuatro mil mujeres desaparecidas únicamente de 2011 a 2012 que han reportado organizaciones civiles, la agrupación internacional Human Rights Watch (HRW) tan sólo tiene documentada con nombre y apellido la desaparición de 15 mujeres durante todo el sexenio de Felipe Calderón.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, presentó ayer el informe “Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada”, el cual carece de un análisis de género y no detalla los perfiles de las mujeres desaparecidas.
La cifra total de personas desaparecidas presentada por Vivanco también difiere severamente con el número de 27 mil desapariciones divulgado por la Secretaría de Gobernación.
En declaraciones a CimacNoticias, Nik Steinberg, experto a cargo de la investigación de HRW, explicó que la mayoría de los casos de desapariciones corresponde a hombres de entre 16 y 35 años de edad, pero aclaró que eso no significa que no haya mujeres desaparecidas, toda vez que el informe representa “sólo una parte” del panorama nacional.
Steinberg afirmó que las desapariciones de mujeres en México son un problema serio y grave que desde hace años persiste y está impune, al igual que los casos registrados en el documento divulgado hoy.
Entre los nombres documentados por HRW está el de Yudith Yesenia Rueda García, quien desapareció junto con su novio Roberto Iván Hernández García el 11 de marzo de 2011 cuando un grupo de presuntos policías federales los sacó de la vivienda donde se encontraban.
También está el de Nitza Paola Alvarado Espinoza e Irene Rocío Alvarado Reyes, quienes fueron detenidas el 29 de diciembre de 2009 cuando circulaban en un vehículo por Buenaventura, Chihuahua, y desde entonces nada se sabe de ellas.
Otro caso es el de Mónica Isabel Esquivel Castillo, una joven que trabajaba como guardia de seguridad privada en una fábrica de Saltillo, Coahuila, y que fue desaparecida desde el 12 de septiembre de 2011 cuando salía de su trabajo.
Un ejemplo más es el de las hermanas Perla Liliana Pecina Riojas y Elsa Judith Pecina Riojas, quienes al parecer fueron llevadas por la fuerza de su vivienda en Piedras Negras, Coahuila, el 15 de noviembre de 2011, junto con el esposo de Elsa, Wilfredo Álvarez Valdez.
El año pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reportó que de enero de 2011 a junio de 2012 hubo 3 mil 976 casos de mujeres y niñas desaparecidas en 15 estados del país.
Según la organización civil, tales casos podrían estar relacionados con la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, y sin embargo las investigaciones siguen sin dar resultados para juzgar y castigar a los responsables.
Demandas
En conferencia de prensa, José Miguel Vivanco aseguró que el actual gobierno tiene la obligación de responder y generar un plan de acción para lograr investigaciones judiciales reales que den con el paradero de las personas desaparecidas, o la identificación de restos humanos no identificados.
Detalló que entre enero de 2012 y febrero de 2013 HRW realizó una investigación en los estados de Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, de la cual obtuvieron registros de 249 casos de desaparición de personas.
De esa cifra se documentó que en 149 casos hay evidencia de que fueron desapariciones forzadas, es decir delitos donde participaron de forma directa actores estatales, o bien donde indirectamente hubo colaboración o aprobación de autoridades.
Según el informe, el perfil de las personas desaparecidas es similar: no tienen antecedentes criminales, muchos son mecánicos, taxistas, maestros, policías o dueños de pequeños negocios.
Todos los casos permanecen impunes, por lo que HRW hizo una serie de recomendaciones entre las que destacan crear una base de datos nacional con información genética y evidencias sobre personas desaparecidas.
Asimismo exhortó al gobierno federal a crear una base de datos nacional de restos humanos no identificados, también con información genética; y expedir un decreto para establecer que ninguna persona detenida sea trasladada a bases militares, policiales o lugares clandestinos.
HRW pidió también que se presente un proyecto de reforma al sistema de justicia militar para garantizar que todas las presuntas violaciones a los DH, incluidas las desapariciones forzadas cometidas por militares contra civiles sean investigadas por la justicia civil.
Fuente: Cimac Noticias
