El Estado no respondió al Comité de los Derechos del Niño de la ONU cuántos padres de familia están desaparecidos y cómo afecta eso a los menores; ni sobre la participación de niños en actividades del crimen.
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Por Tania Motalvo/ Animal Político
El Estado mexicano no sabe cuántas madres o padres de familia están desaparecidos o han sido asesinados por la violencia en el país, por lo que no hay datos sobre el número de niños afectados, en orfandad y que deben ser atendidos.
La justificación de México es que la clasificación estadística de víctimas no cuenta con criterios para detallar cuántas “madres y/o padres” han sido afectados por la violencia, por lo que no entregó el dato al Comité de los Derechos del Niño de la ONU que lo solicitó de cara al examen que el país presentará el próximo 19 y 20 de mayo sobre el respeto a los derechos de los menores.
Ante la petición de “información desglosada” sobre el número de niños, niñas y adolescentes, madres y padres asesinados o desaparecidos en los últimos tres años; México sólo respondió que creó el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en el que existen datos por sexo, edad, nacionalidad, entidad federativa, fecha o lugar de desaparición.
Además dijo que el RNPED está en constante actualización y depuración y que el 26 de febrero pasado publicó datos actualizados.
“Del 1 de enero de 2012 al 31 de enero de 2015, se reportaron como no localizadas 15 mil 668 personas, de las cuáles 3 mil 677 son menores de edad (2 mil 365 niñas y mil 312 niños)”.
Según esos datos, 10 mil 597 personas son adultos y de otros mil 394 no se cuenta con la edad.
Hace tres años –la última vez que México se presentó ante este Comité– se recomendó a México contar con cifras sobre la violencia en el país y cómo ésta afecta a niños, niñas y adolescentes, incluso en el caso de que éstos pudieran ser reclutados por grupos armados.
En 2011, México dijo a la ONU que no tenía datos sobre la participación de niños en grupos delictivos o armados y en esta ocasión rechazó que el país esté en un conflicto armado en el que estén involucrados menores, por lo que tampoco entregó información.
El Comité solicitó al Estado datos sobre las medidas tomadas para “criminalizar y castigar con sanciones adecuadas, el reclutamiento y el uso en hostilidades de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Sírvanse igualmente informar sobre las medidas tomadas para prevenir dicho reclutamiento y uso en hostilidades de niños, niñas y adolescentes, así como para rehabilitar y compensar a las víctimas”.
En su respuesta, México dijo que el país “no se encuentra en una situación de conflicto armado” aunque el gobierno trabaja para cumplir con las obligaciones del Protocolo Facultativo de la Convención Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, en el que se contempla tomar medidas para evitar que niños participen en grupos armados.
“La situación de violencia criminal que actualmente se vive en México deriva de los hechos ilícitos de los grupos de la delincuencia organizada, que son respondidos a través de la estrategia integral para garantizar la seguridad ciudadana emprendida por el Gobierno de México, y deriva también de disputas entre los mismos grupos delictivos. Claramente, estas situaciones ¾sin perjuicio de la intensidad de la violencia que generan¾, se encuentran lejanas del concepto de conflicto armado”, cita la respuesta del Estado ante la solicitud del Comité.
Según México, en el país se toman las medidas para combatir este fenómeno “plenamente identificado” que no tiene vínculo con un conflicto armado de carácter no internacional en el que pudieran estar afectados e involucrados menores.
Pero el país tampoco informó sobre las investigaciones vinculadas al reclutamiento de niños por parte de grupos de la delincuencia organizada o su participación en cualquier actividad criminal y sólo dijo que en México se persigue el delito de corrupción de menores.
“Se reitera que en el Estado no existe un conflicto armado, razón por la cual no puede haber ni hay reclutamiento ni participación de NNA (niñas, niños y adolescentes) en grupos armados no estatales. No obstante, México reconoce que NNA son susceptibles de ser víctimas de las actividades del crimen organizado; por ello, y con la finalidad de sancionar el reclutamiento de NNA por parte de organizaciones delictivas, la legislación penal mexicana prevé el delito de corrupción de menores, también tipificado en los códigos penales de las entidades federativas”.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) advirtió en febrero pasado que en el país existe un “vacío de información” sobre cómo la violencia afecta a la infancia.
“El gobierno tiene la obligación de construir e implementar un programa nacional que prevenga y atienda todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el país. Este programa se debería poner en práctica a nivel local teniendo en cuenta las condiciones particulares que causan los contextos de violencia a los que se enfrentan niñas y niños en el país. No obstante, hoy no se cuenta con información disponible que permite identificar los diferentes tipos de violencia y el impacto que estos tienen en la vida de niñas y niños de México”, cita el informe La Infancia cuenta en México 2014.
Después del examen que el Estado presente ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, éste emitirá sus recomendaciones a más tardar el 10 de junio próximo.
Fuente: Animal Polítco
