Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, búsquedas en Internet, entre otras comunicaciones de voz y datos de los mexicanos podrán ser revisadas libremente por el gobierno mexicano.
En los próximos días el Instituto Federal de Telecomunicación (IFT) fijará las reglas que deberán seguir los operadores de telecomunicaciones, a fin de cumplir con las solicitudes de intervenciones que hagan las dependencias de seguridad.
Los comisionados del IFT votarán la Propuesta de Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia.
Entre los datos de sus clientes que las empresas de Telecom deberán conservar, están las direcciones IP (puerto de Internet) que permiten identificar la actividad en Internet de uno o varios usuarios.
Estos lineamientos son para poner en práctica los artículos 189 y 190 de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los cuales se establece que las compañías de telecomunicaciones atenderán las solicitudes de información que realicen las “autoridades competentes”.
El hecho de que no se definiera en la ley qué autoridades podrían solicitar el espionaje, generó amparos que están siendo revisados en el poder judicial, pues los solicitantes consideran que esto podría generar abusos de autoridad y, además, constituye una violación a la privacidad.
El 15 de enero, en el IFT se reunieron representantes de los operadores con los de Secretaría de Gobernación, PGR, Cisen y la Comisión Nacional de Seguridad Pública, revelaron fuentes del sector
El encuentro fue presidido por Luis Lucatero, jefe de la unidad de política regulatoria del IFT, y participaron la Asociación Mexicana de Internet, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
Ahí se informó que fue rechazada la solicitud de los operadores para que las direcciones IP se excluyeran de los datos a conservar.
“El Instituto, escuchando a autoridades, considera que es necesario su conservación, para la prevención e investigación de delitos electrónicos”, se argumenta en lo que se discutirá en el IFT.
Además, tampoco se tomó en cuenta la petición de designar a la autoridad facultada para realizar solicitudes de información.
Fuente: Reforma
