Un estudio hecho por la empresa Deloitte, a solicitud del IFE, es tan adverso que consejeros lo clasificaron confidencial. Irregularidades cuestan al IFE un gasto extra de $2 mil millones, revela estudio. Hay duplicidad de funciones y alto costo operativo por desorden administrativo, entre otras
Por Alonso Urrutia
Solicitado por el Instituto Federal Electoral (IFE), un estudio de la empresa Deloitte sobre la estructura del organismo revela un desorden administrativo que causa impacto en el costo de operación, duplicidad de funciones, ineficiencia en el funcionamiento de áreas claves como la dirección ejecutiva de Prerrogativas, importantes recursos destinados a la supervisión del instituto –con efefecto muy reducido– y la necesidad no sólo de compactar áreas, sino de desaparecer otras que se consideran inoperantes.
El informe de la empresa –realizado a un costo de 16 millones de pesos– tiene días en poder de los consejeros, pero el resultado es tan adverso que determinaron considerarlo confidencial, aunque la empresa sostiene que comenzar a aplicar los cambios permitiría al IFE ahorrar poco más de 2 mil millones de pesos en seis años.
El documento considera incluso que hay demasiado personal en la jerarquía de mando del organismo, al punto de sugerir desaparecer un nivel en órganos centrales prácticamente en lo inmediato: 2014.
Las sugerencias de Deloitte para hacer eficiente la operación del IFE enfrentan en algunos casos objeciones legales, ya que, entre otras cosas, se cuestiona la permanencia de la dirección ejecutiva de organización electoral, cuando sus funciones son temporales, sólo que ésta tiene su sustento en la legislación electoral vigente.
El estudio plantea la necesidad de fusionar esa dirección ejecutiva con la de capacitación electoral y educación cívica, pues en ambos casos hay tareas temporales que no son reconocidas administrativamente.
Se asume que ello implica cambios legales, pero recomienda crear una sola estructura que compagine ambas, con el consiguiente ahorro de recursos y la mayor eficiencia operativa, dada la necesidad de una función integral (de hecho, en periodo electoral las comisiones de consejeros que corresponden a ambas áreas se fusionan).
Más adelante el documento apunta que la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos representa un alto costo para el instituto, en buena medida por ineficiencia en el área de pautado de espots, pero igualmente por la exigencia legal de monitorearlos. Por las características de esta área, el cumplimiento de las modificaciones sugeridas tendría cabal cumplimiento en 2018.
Sin razón de existir
En otros casos, para Deloitte hay áreas que carecen de razón de ser, y plantea al IFE desaparecerlas a partir de enero: la dirección del secretariado y del Centro para el Desarrollo Democrático. En 2013, ambas ejercieron 44.4 y 40.2 millones de pesos, respectivamente .
Otro foco de atención es la imperiosa necesidad de hacer más eficiente la coordinación entre áreas centrales y los órganos desconcentrados, amén de que en la asignación de recursos para estos últimos refleja diferencias importantes que deben corregirse.
En vísperas de la conclusión de la gestión de Leonardo Valdés al frente del IFE, el estudio sobre la estructura del instituto también alerta sobre la multiplicación de áreas administrativas en áreas sustantivas. Además de la duplicidad, en algunas hay falta de rumbo y escaso control.
Sugiere consolidar áreas para mejor aprovechamiento de recursos humanos y administrativos, así como impulsar un mayor aprovechamiento de tecnologías de la información.
Por ello, propone integrar una sola área de administración de recursos humanos adscrita a una única dirección ejecutiva. Ambas medidas permitirían al IFE desempeñarse con cerca de 25 por ciento menos en sus estructuras de soporte, con un ahorro de alrededor de 2 mil millones de pesos en seis años.
En otros rubros, Deloitte también advierte sobre ineficiencia en materia de comunicación, debido a que sus capacidades no son suficientes y su distribución en la estructura organizacional del IFE no es correcta. Por ello, plantea que se reordenen las funciones de difusión y al mismo tiempo se consolide la comunicación organizacional dentro del organismo electoral.
Fuente: La Jornada
