El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa abandonaron hoy dos prisiones capitalinas donde cumplían una orden de cárcel revocada hace cuatro días. Ambos son investigados por la fiscalía desde hace casi tres años por los supuestos delitos de lavado de activos y corrupción ligados al caso Odebrecht, pero aún no han sido acusados.
En los exteriores de la prisión donde estuvo retenido 290 días, Humala, vestido de terno azul, salió por el techo panorámico de la camioneta que lo trasladaba y dijo brevemente a la prensa “se ha estado luchando para que prevalezca el respeto a la Constitución”. Añadió que iría primero al local de su partido político y después a reencontrarse en libertad con sus tres hijos.
Una hora antes su mujer abandonó la cárcel de mujeres, saludó levantando la mano izquierda y partió a su domicilio sin declarar para la prensa.
El Tribunal Constitucional ordenó el jueves la liberación de la pareja y anuló la prisión preventiva que decretó el juez Richard Concepción en julio de 2017 argumentando que existía peligro de que la pareja fugue de Perú. La máxima corte constitucional aclaró que no analizó el “tema de fondo” y que ambos seguirán bajo investigación con libertad restringida.
La fiscalía afirma que la pareja recibió dinero público de Venezuela para la campaña presidencial de 2006 en la que Humala perdió. En 2011, cuando Humala ganó, las firmas brasileñas Odebrecht y OAS aportaron dinero. Marcelo Odebrecht, director general de la constructora, declaró que entregó tres millones de dólares a Humala por orden del brasileño Partido de los Trabajadores, lo cual ha sido negado por Humala.
La decisión constitucional podría ser usada para evitar ir a prisión provisional por otros expresidentes que gobernaron Perú entre 2001 e inicios de 2018 quienes son investigados por sus presuntos nexos con Odebrecht, entre ellos Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
En Perú, recibir y usar fondos de una campaña electoral otorgados por una empresa privada no es delito, pero si se demuestra en un juicio que el dinero tuvo origen ilícito se podría configurar el delito de lavado de activos, según expertos criminalistas.
En 2016 Odebrecht admitió ante una corte judicial de Nueva York que había pagado millonarios sobornos para ganar licitaciones de importantes obras públicas durante los gobiernos de los presidentes Toledo, Alan García y Humala entre 2001 y 2016.
Fuente: AP
