La misión de expertos de Naciones Unidas que investigó sobre el terreno las protestas acaecidas en Ecuador del 3 al 13 de octubre concluyó que en ellas hubo detenciones arbitrarias por parte de la policía y que “la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas”.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que envió un equipo de expertos del 21 de octubre al 8 de noviembre, determinó que en las protestas hubo al menos 9 muertos, 1.507 heridos (de ellos 435 miembros de las fuerzas de seguridad) y 1.382 detenidos, “muchos de ellos arbitrariamente”, según un comunicado del organismo.
A la vista de las conclusiones de la misión, la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet señaló que los disturbios “tuvieron un alto costo humano” y resaltó que “las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas” mientras que los manifestantes “no han de recurrir a la violencia”.
Los expertos de la ONU citaron informes procedentes de víctimas y testigos para dictaminar que los agentes del orden, policía y militares desplegados tras la declaración del estado de excepción, no se ajustaron a normas u criterios internacionales al recurrir a un “empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza”.
“Víctimas y testigos denunciaron el uso reiterado por parte de las fuerzas de seguridad de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia contra los manifestantes”, lo que causó cientos de heridos y probablemente algunas de las muertes, concluyó la misión.
El informe resaltó como un “patrón inquietante” el gran número de detenciones presuntamente arbitrarias ordenadas durante toda la crisis, en varios casos de forma masiva y “sin pruebas concretas contra los detenidos”, señalaron los resultados del informe.
Entrevistados por la misión declararon que durante esos arrestos sufrieron tratos crueles, inhumanos o degradantes, y algunos denunciaron que no se observó el debido proceso, al ser incomunicados y trasladados a centros de detención no autorizados.
A la vista de las conclusiones de la misión, la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet señaló que los disturbios “tuvieron un alto coste humano” y resaltó que “las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas” mientras que los manifestantes “no han de recurrir a la violencia”.
La ex presidenta chilena, que también envió una misión investigadora similar para investigar las protestas en su país cuyos resultados serán pronto publicados, instó a todos los actores en Ecuador a que dialoguen para prevenir nuevos conflictos y construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica.
Pidió asimismo que se lleven a cabo investigaciones “independientes, imparciales y transparentes” sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos en Ecuador y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas.
La misión de expertos en derechos humanos viajó a Ecuador por invitación del gobierno del presidente Lenín Moreno, y según subrayó hoy en rueda de prensa la vocera de la oficina de la ONU dirigida por Bachelet, Marta Hurtado, dio libre acceso a las personas e instalaciones que ellos solicitaron.
La misión realizó 373 entrevistas, entre ellas a 83 víctimas, y estuvo en tres centros de detención, realizando visitas sobre el terreno en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Guayas.
El informe también admite que algunos manifestantes recurrieron a la violencia causando bloqueos de carreteras, saqueos, ataques contra ambulancias, incendios intencionados y otras destrucciones de propiedades públicas y privadas.
Por otro lado, se registraron más de 100 agresiones a periodistas que cubrían las protestas, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de los manifestantes, la señal de algunos medios de comunicación fue cortada y varias instalaciones de otros medios sufrieron actos vandálicos.
Fuente: EFE
