Las cifras son de escándalo: en los últimos tres años fueron robados en Guanajuato 13 millones y medio de litros de combustible de los ductos de Pemex. Además de significar una sangría económica para el país, la “industria” del huachicol es la causa principal de la violencia en el estado, que termina el año en primer lugar de homicidios dolosos, pues la “ordeña” de hidrocarburos enfrenta a los cárteles de Jalisco y de Santa Rosa. La solución propuesta por el gobierno federal consiste en la intervención directa del Ejército contra los huachicoleros.
Por Verónica Espinosa/ Proceso
Además de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, de Salamanca, la estrategia presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir en este estado el robo de combustible incluye puntos estratégicos en otros tres municipios: León, Irapuato y Celaya.
Aquí será el Ejército el responsable de la intervención planeada por el gobierno federal, como confirmó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tras reunirse el jueves 27 con el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo; el encargado de despacho en la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz; y el titular de la Secretaría de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.
Este año Guanajuato ocupa el tercer lugar en el número de tomas clandestinas detectadas para la extracción ilegal de combustible.
De 2014 a 2016 el panorama en cuanto a robo de combustible en Guanajuato creció vertiginosamente; pasó de menos de una veintena de tomas para la “ordeña” ilícita a miles de perforaciones, lo que las autoridades estatales achacan principalmente a la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) y entre el personal de instalaciones como la refinería Antonio M. Amor, definida como “emblema” de la paraestatal por el gobierno federal.
A principios de 2017 el entonces comandante de la Decimosexta Zona Militar, general Arturo Velázquez Bravo, en una amplia explicación a la prensa sobre la aparición de las tomas clandestinas en numerosos puntos del estado, se quejaba de que la paraestatal no informaba sobre “cuánto produce, cuánto manda y cuánto se le pierde en el camino”.
En esa ocasión Velázquez Bravo también apuntaba a José Antonio Yepes, El Marro –de la comunidad de Santa Rosa de Lima– como uno de los principales responsables de la “fiebre” de robo de combustible, y refería los antecedentes que desde al menos ocho antes tenía la Procuraduría estatal sobre este personaje, sus propiedades y operaciones en el huachicoleo y otros delitos.
“Jalan una manguera enterrada hasta de 2.6 kilómetros a un bodegón. En dos años hemos hallado más de 20 tomas de este tipo. La mayoría de estas tomas son de un tal José Antonio Yepes de la Cruz, un tal Marro, entre Celaya y Salamanca, donde se mueve este tipo.
“Al mes, 1 millón y medio de litros los lleva con una toma, nada más él; obvio, también las hay, pero menos, para (el rumbo de) Yuriria. La procuraduría dice que tiene como 100 propiedades vinculadas con este tipo. Igualmente la violencia tiene que ver con él”, declaraba Velázquez, quien definía al Marro como el “principal objetivo” en el estado, aunque se deslindaba de la labor para su captura:
“El trabajo del Ejército no es detenerlo, (aunque) si nos lo topamos, pues lo detenemos…”
En 2017, entrevistado sobre este “principal objetivo”, el procurador estatal, Carlos Zamarripa, dijo a Proceso que ya se tenía una orden de aprehensión en su contra.
“No voy a dar más datos por obvias razones”, declaró a la reportera, aunque negó que la dependencia tuviera conocimiento desde hacía ocho años de las operaciones de Yepes.
Para el gobernador Rodríguez Vallejo “la caída de un cártel y el fortalecimiento de otro” fue otro factor determinante que detonó el huachicoleo a gran escala, además del tema interno de Pemex, que fue planteado desde el sexenio de su antecesor, Miguel Márquez, y que incluso ocasionó reclamos públicos de éste al entonces director de la paraestatal, José Antonio González Anaya.
Rodríguez Vallejo se refería así a la incursión arrasadora del Cártel de Jalisco Nueva Generación que, como señalaron los mandos militares, pelea a sangre y fuego el control delictivo territorial contra el denominado Cártel de Santa Rosa, del Marro.
El gobierno estatal le apuesta a la reducción de la violencia –particularmente de los homicidios dolosos– como resultado de la estrategia anunciada por López Obrador el jueves 27; así lo dijo Rodríguez Vallejo unas horas después del anuncio presidencial, en un mensaje a los medios.
Por lo pronto, el jueves 27 al menos 15 personas fueron asesinadas en el estado, la mayoría en Salamanca e Irapuato, ciudad ésta en la que más tomas clandestinas se registran, según los datos de la Defensa Nacional.
El estado de Guanajuato cierra el año en el primer lugar de homicidios dolosos, así como en asesinato de mujeres y de menores de 18 años.
13 millones y medio de litros
La Policía Federal (PF) refiere en un reporte –que concentra información de 2015 a la fecha– que sólo en ese periodo se multiplicó exponencialmente el aseguramiento, en las carreteras federales que cruzan por el estado y que son vigiladas por la corporación, de vehículos con combustible cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.
Si en 2015 la PF decomisó poco más de 1 millón y medio de litros de combustible en las carreteras de jurisdicción federal en Guanajuato, al año siguiente el número creció a 2 millones 429 mil litros.
En 2017 la cantidad casi se duplicó, al alcanzar 4 millones 518 mil litros. Y de enero a noviembre –mes en el que corta el reporte de la PF– iban decomisados más de 5 millones de litros.
En total, entre 2015 y noviembre de 2018 la PF había asegurado 13 millones y medio de litros de combustible sólo en territorio guanajuatense.
En la revisión mes por mes del reporte de la PF hay picos estratosféricos: los meses con los decomisos más altos fueron noviembre de 2015, con casi 374 mil litros; enero de 2017, con 389 mil litros; septiembre de 2017, con casi 480 mil 700 litros; octubre de 2017, con 713 mil; y noviembre de 2017, con 986 mil litros.
De 2018, enero y febrero fueron los meses con los aseguramientos más abundantes. En el primer mes se reportan 852 mil 500 litros, y en el segundo, casi 1 millón 104 mil litros.
La misma corporación dio a conocer que, en el año que termina, 236 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal por robo de hidrocarburos en el territorio estatal; 44 de ellos sólo en febrero, cuando más litros de combustible se decomisaron en las carreteras de jurisdicción federal en Guanajuato.
El informe también incluye las armas que los policías federales decomisaron: 284 cortas y 84 largas entre 2016 y noviembre de 2018.
Poco antes de dejar la coordinación estatal de la PF –el pasado noviembre–, el comisario Miguel Ángel Simental explicó a la prensa que los huachicoleros modificaban los medios de transporte para trasladar el combustible robado, pues pasaba de usar tráileres, tolvas con tanques hechizos cubiertos de tierra o grava y camiones con remolques, a vehículos de mediano tamaño, como camionetas de redilas y, más recientemente, automóviles compactos y hasta taxis, incluyendo los que operan mediante plataformas digitales.
Fuente: Proceso
