En el último año del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, Michoacán acumuló irregularidades por 12 mil 46 millones de pesos, de los cuales 5 mil 43 millones no se comprobó en qué se ejercieron, y otros 3 mil 175 millones de pesos corresponden a un aumento en pagos de servicios personales sin autorización, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
También reportó que el resto, correspondiente a otros 3 mil 828 millones, surgen de anomalías en pago de nómina y contratos.
Por ejemplo, en este rubro se pagaron 212 millones 780 mil 800 pesos a categorías de personal no autorizadas; otros 526 millones 911 mil pesos mayores a lo autorizado. O bien se pagaron 60.7 millones a trabajadores que ya habían sido dados de baja o con licencia sin goce de sueldo.
El gobierno del perredista que ahora aspira a la candidatura presidencial de Va por México –como representante del PRD–, es el que más observaciones recibió por parte del ente fiscalizador de la Cámara de Diputados, el cual concluyó, en su tercera entrega de la cuenta pública 2021, que “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de las participaciones federales, en contravención de la normativa aplicable en el ejercicio de los recursos fiscalizados”.
En dos auditorías sobre el ejercicio del gasto federalizado en la entidad, la ASF explicó que, de las participaciones federales recibidas por el gobierno de Aureoles Conejo, que ascendieron a 30 mil 408 millones de pesos, un grupo de 17 organismos del estado acumuló el mayor monto de fondos de los que no se sabe su destino, por 2 mil 414 millones.
Se trata, según la ASF, de un probable daño o perjuicio a la hacienda pública, más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las participaciones federales.
De esos 2 mil 414 millones, poco más de la mitad corresponden sólo al Supremo Tribunal de Justicia del estado, que no informó de la utilización de mil 233 millones de pesos.
Para la ASF, el gobierno del estado no ejerció una gestión adecuada de la legislación en materia de disciplina financiera ni un buen ejercicio del gasto en un año en el que se llevó a cabo la elección para gobernador.
Entre las irregularidades en la administración de Aureoles Conejo resalta que, todavía al 31 de enero de 2022, había un saldo de 224.2 millones de pesos sin comprobar su destino, debido a que no se acreditó su existencia en las cuentas bancarias del estado.
En la relación de 17 organismos que no comprobaron el destino del dinero están el sistema de Telebachillerato, con 182.1 millones; el Tribunal Electoral, con 99.7 millones; el Colegio de Educación Profesional Técnica, con 98.2 millones, y el Instituto de Capacitación para el Trabajo, con 97 millones. Incluso la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción aparece con un monto no explicado por 16.2 millones de pesos.
La ASF determinó que “el gobierno de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la normativa, al incrementar 3 mil 175 millones la asignación original de servicios personales y no presentar evidencia de autorización de ingresos excedentes por 5 mil 43 millones de pesos de libre disposición ni proporcionó la documentación de su destino”.
Fuente: La Jornada
