Un tribunal certifica el pacto de las dictaduras latinoamericanas para asesinar disidentes
Un tribunal federal condenó a 20 años de prisión al último presidente de facto argentino Reynaldo Bignone y a otros 14 exmilitares por la desaparición de más de un centenar de personas en el marco de la represión coordinada entre las dictaduras sudamericanas conocida como Plan Cóndor.
La sentencia es considerada histórica puesto que es la primera vez que un tribunal da por probado que el Plan Cóndor operó como una asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para eliminar disidentes entre mediados de la década de 1970 y principios de los ochenta.
Los tres miembros del tribunal oral federal 1 de Buenos Aires dieron por probadas las acusaciones contra Bignone, de 88 años, como miembro de esa asociación ilícita y por la privación ilegítima de la libertad cometida como funcionario público. El ex general fue condenado a 20 años de prisión.
Bignone, quien ya cumple varias condenas por crímenes de lesa humanidad, fue el último presidente de facto de la dictadura militar argentina (1976-1983).
También fueron condenados 14 exmilitares a penas de entre ocho y 25 años de prisión. Entre ellos, el uruguayo Manuel Juan Cordero Piacentini, quien recibió una condena de 25 años por la privación ilegítima de la libertad del hijo y la nuera del poeta uruguayo Juan Gelman.
Dos de los acusados fueron absueltos.
“Es un fallo muy bueno, con condenas muy altas”, dijo Luz Zaldúa, abogada querellante, a periodistas tras el cierre del juicio. “Estableció que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita supranacional y eso es realmente importante no sólo para nuestro país sino para todos los países que han sido parte de esta operación”.
Unos pocos ex militares estuvieron presentes en la audiencia decisiva, que tuvo lugar en una sala de máxima seguridad de los tribunales de Buenos Aires. Los acusados se declararon inocentes y apelaron al mismo argumento que otros represores en juicios de lesa humanidad: no reconocen a la justicia civil y aducen que su accionar se dio en el contexto de una guerra contra la subversión, por lo que no pueden ser juzgados.
En el juicio oral que comenzó en 2013, se tomaron en consideración 105 víctimas de las cuales 45 eran uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos. De acuerdo con la demanda, el secuestro y posterior asesinato de estos disidentes fue posible por la coordinación represiva entre las fuerzas armadas y de inteligencia de los países sudamericanos a partir de 1975.
Parte del entramado del Plan Cóndor salió a la luz por la desclasificación de documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos y del denominado “Archivo del terror” de Paraguay, además de expedientes de la inteligencia militar de Argentina y Chile, entre otros.
Entre estos documentos fue hallada el acta de fundación del Plan Cóndor fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la llamada Primera Reunión de Inteligencia Nacional. Impulsado por el dictador chileno Augusto Pinochet, fue rubricado por representantes de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Luego se sumó Brasil, según la denuncia.
Como primer paso, las dictaduras crearon una base de datos común con información detallada sobre los movimientos guerrilleros, partidos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y de todo aquel que se considerara una amenaza para los regímenes.
Una vez procesada esa información, se procedía al secuestro y detención ilegal del disidente, que podía ser entregado o no a su país de origen para su posterior desaparición física. Dos casos emblemáticos fueron los uruguayos María Claudia García Iruretagoyena y Marcelo Gelman, hijo del poeta uruguayo.
La pareja fue secuestrada en Buenos Aires y confinada en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, que según se determinó en otro juicio funcionaba bajo la órbita del Plan Cóndor. Gelman fue asesinado de un tiro en la nuca y su cuerpo escondido dentro de un tambor relleno con cemento y arena, pese a lo cual sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 1989.
En tanto García Iruretagoyena, embarazada de siete meses, fue trasladada a Uruguay, donde dio a luz a una niña que le fue arrebatada. La mujer permanece desaparecida, mientras su hija recuperó su identidad en 2000.
Macarena Gelman, nieta del poeta, fue querellante en el juicio y reaccionó con una sonrisa al escuchar la sentencia contra Piacentini, quien será enviado al consulado de Uruguay en Buenos Aires.
En el marco de la investigación judicial del Plan Cóndor, que comenzó en 1999, se solicitó la extradición de los dictadores Augusto Pinochet, de Chile; Alfredo Stroessner, de Paraguay, y Hugo Banzer, de Bolivia, las cuales fueron rechazadas. Los tres fallecieron, al igual que el expresidente de facto argentino Jorge Rafael Videla, quien llegó a declarar en el juicio tres días antes de su muerte en 2013.
Fuente: AP
