El Congreso local endurece penas contra el acoso sexual y la violencia intrafamiliar. El feminicidio está ya tipificado como delitos a nivel federal y en 19 estados
Por Anaiz Zamora Márquez/ Cimac
El feminicidio en Hidalgo será castigado con penas de 30 a 50 años de prisión, luego de que el Congreso estatal aprobó por unanimidad la iniciativa que reforma los códigos Penal y de Procedimientos Penales del estado.
El pasado 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera, presentó la iniciativa que finalmente fue aprobada con el voto de las y los 30 diputados presentes en la sesión.
Desde marzo de 2012 el priista Olvera se había comprometido a tipificar el delito en la entidad, y un año después presentó la iniciativa que fue analizada por las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública y Justicia.
Lo aprobado adiciona el capítulo I Bis al Título Quinto (referente a los delitos contra la vida y la salud personal) del Código Penal de Hidalgo.
Así, el artículo 139 Bis establece que comete feminicidio quien por “razones de género prive de la vida a una mujer”. El crimen será sancionado con penas de 30 a 50 años de cárcel y 300 a 500 días de multa.
Se acreditará el feminicidio cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, así como “lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones” realizadas antes o después de la muerte.
También se podrá determinar el crimen cuando se tenga conocimiento de que hubo amenazas u hostigamientos previos al asesinato; el cuerpo sea expuesto o arrojado en un lugar público, o haya existido entre la víctima y el agresor una relación afectiva, amorosa, o de subordinación o superioridad.
En el dictamen aprobado se reformó el artículo 183 del Código Penal para definir y sancionar de 3 a 8 años de prisión el acoso sexual, y con la adición del artículo 243 Bis de la misma norma ahora la violencia familiar será castigada con penas de uno a seis años de cárcel.
Igualmente se contempla la reparación del daño a las mujeres víctimas de estos tipos de violencia, mediante una pena económica proporcional a la gravedad del daño causado y que será fijada en los juzgados.
La iniciativa fue presentada luego de que en lo que va de 2013 organizaciones civiles se manifestaran contra la ola de violencia en la que viven las hidalguenses.
La Colectiva Feminista Hidalguense estimó que de 2005 a enero de 2013 se habían registrado 221 homicidios de mujeres, en donde la mayoría de los cadáveres presentaban huellas de tortura.
En febrero pasado habitantes de Tula –municipio de los más violentos para las mujeres, a decir de activistas– salieron a las calles a exigir a las autoridades la tipificación del feminicidio, motivados por el asesinato de ocho mujeres en la comunidad.
Luego organizaciones y activistas demandaron que se decretara para el estado la Alerta de Violencia de Género (AVG), mecanismo estipulado por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que las autoridades tomen medidas urgentes contra el feminicidio.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) rechazó la petición argumentando la carencia de un “acta constitutiva”.
Por su parte, la organización Servicios Integrales de Inclusión (Seiinac) presentó, en semanas previas, la solicitud de AVG para el municipio de Tula. El pasado 20 de marzo el Inmujeres aceptó la petición, por lo que a partir de esa fecha el instituto cuenta con 30 días hábiles para determinar si ordena una investigación de los hechos.
En México el feminicidio está tipificado a nivel federal y en 19 entidades más: Guerrero, Edomex, Guanajuato, Tamaulipas, Morelos, DF, Veracruz, Tabasco, BC, Chiapas, SLP, Colima, Durango, Sinaloa, Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala, Coahuila, y recientemente Querétaro.
Fuente: CimacNoticias
