La violencia extrema de la delincuencia organizada y los abusos generalizados por parte de militares, policías y agentes son parte de la “catástrofe de derechos humanos” heredada por el ex Presidente Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador.
Así lo apuntó Human Rights Watch en su Informe Anual 2019 presentado este jueves en Berlín, Alemania, en el que documenta violaciones de derechos humanos en el mundo.
En el análisis, México destacó por actos de violencia, impunidad, abusos del Ejército, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra periodistas y violaciones a los derechos de migrantes.
“El Presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió en diciembre de 2018, heredó una catástrofe de derechos humanos originada en la violencia extrema de la delincuencia organizada y los abusos generalizados por parte de militares, policías y agentes del Ministerio Público”, planteó HRW.
El organismo señaló que en la pasada administración, encabezada por Peña Nieto, hubo pocos avances para mejorar las prácticas de derechos humanos.
“Miembros de las fuerzas de seguridad siguieron perpetrando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. La impunidad por estos delitos continúa siendo la regla”, advirtió.
Consideró que, aunque diversas leyes promulgadas en 2017 podrían contribuir a tratar los problemas de tortura y desapariciones, su implementación ha sido lenta.
Se refirió a la Ley General de Víctimas, publicada en 2013, cuyo objetivo es garantizar justicia, protección y resarcimiento a las víctimas de delitos, y a las reformas avaladas en enero de 2017 que pretenden reducir trámites y mejorar el acceso a la reparación del daño.
En México, agregó HRW, es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal.
Esto lo atribuyó a la corrupción, falta de capacitación y de recursos suficientes, la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y “funcionarios abusivos”.
Además, HRW criticó prácticas como tortura para obtener confesiones e información, y detenciones arbitrarias, en las que hay maltrato e incomunicación en bases militares u otros centros ilegales.
Recordó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2016, el 64 por ciento de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestada.
Los reos denunciaron ser torturados por descargas eléctricas, estrangulamiento, sumergidos en agua o asfixiados, con puñetazos o patadas, y amenazas de dañar a sus familiares.
HRW indicó que, entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Procuraduría General de la República inició más de 9 mil investigaciones sobre tortura. No obstante, son pocos los casos en los que quienes cometen este delito son llevados ante la justicia.
Otro problema en México, alertó la organización internacional, es el de desapariciones forzadas.
Detalló que desde 2006 las desapariciones forzadas a manos de miembros de fuerzas de seguridad mexicanas han sido un fenómeno extendido y también han sido perpetuadas por grupos criminales.
En octubre de 2018, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, anunció que aún se desconocía el paradero de más de 37 mil 400 personas desaparecidas desde 2006.
Según la CNDH, 3 mil 900 cuerpos han sido hallados en más de mil 300 fosas clandestinas desde 2007.
HRW señaló que agentes del Ministerio Público y policías no toman medidas de investigación básicas para identificar a responsables de desapariciones forzadas y, a menudo, dicen a familiares que deben indagar por su cuenta.
La organización alertó por ejecuciones extrajudiciales atribuidas a fuerzas de seguridad mexicanas, sin que al momento exista información confiable sobre la cantidad.
Otros problemas enlistados por HRW en su informe son ataques contra periodistas, violencia sexual contra mujeres e integrantes de la comunidad LGBT y la violación de derechos humanos de migrantes y personas con discapacidad.
Se precisa que, de acuerdo con datos de PGR, entre enero de 2000 y agosto de 2018, 110 periodistas fueron asesinados y 25 más desaparecidos. Sin embargo, la CNDH reportó una cifra mayor: 148 asesinatos y 21 desapariciones.
Alerta por abusos militares
Human Rights Watch alertó sobre el uso de elementos de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública y criticó el modelo de Guardia Nacional propuesto por el actual Gobierno.
En el capítulo “Abusos militares e impunidad” de su informe, recordó que entre diciembre de 2012 y enero de 2018 la CNDH recibió más de 4 mil 600 denuncias sobre presuntos abusos cometidos por militares.
“México ha usado activamente las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada, ambas vinculadas al narcotráfico, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos”, expuso.
Reprochó que aunque la Corte invalidó en 2018 la Ley de Seguridad Interior, al determinar que es inconstitucional dar a las Fuerzas Armadas amplia potestad para intervenir en operativos de seguridad pública, actualmente se considere un modelo militar, como la Guardia Nacional.
“No obstante, la misma semana que se emitió esa sentencia, López Obrador anunció que su Gobierno tenía intención de reformar la Constitución para crear una Guardia Nacional, controlada por las fuerzas militares, que estaría encargada de preservar la seguridad pública”.
Subrayó la impunidad que prevalece en los abusos de militares.
Una investigación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) reporta que los fiscales de la justicia penal ordinaria iniciaron 505 investigaciones entre 2012 y 2016 sobre delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados, pero sólo se obtuvieron 16 condenas.
En su cuenta de Twitter, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, consideró que la aprobación de la Guardia Nacional en el Congreso no abona a la desmilitarización del País.
“¡¿Desmilitarización?! Lo que hace esta ley es redoblar la estrategia de militarización de la seguridad pública que ha demostrado ser un fracaso absoluto”, publicó.
Fuente: Reforma
