Por Luis Javier Valero
No podía ser peor la conjunción de la acción de gobiernos, el de Barak Obama en Estados Unidos (bueno, también el de Bush) y el de Felipe Calderón en México, en las materias de migración y combate al crimen organizado.
La política norteamericana hacia México tiene ribetes de salvajismo. Con tal de evitarse –en su percepción– mayores problemas, resolvieron, en el curso de los últimos 7-8 años, cerrar aún más el flujo migratorio mexicano, y al mismo tiempo presionar (y en la mayor parte de los casos obtener la plena sumisión) a Felipe Calderón a adoptar su estrategia en el combate al tráfico de drogas, pero en nuestro país, no en el suyo.
Al mismo tiempo, iniciaron una verdadera cacería de migrantes, pero ahora ya no sobre los que recién habían ingresado ilegalmente a aquel país, sino también sobre aquellos que llevaban décadas, hasta llegar cifras de verdadero salvajismo.
Las consecuencias para nuestro país son de magnitudes incalculables. El flujo migratorio hacia EU se había convertido en la válvula de escape de la débil economía nacional; del mismo modo que el tráfico de drogas, pues este había llegado a ser, en muchas regiones de México, el principal promotor de la economía local.
Y en el ámbito nacional, si damos como válidas las diversas cifras proporcionadas por la Secretaría de Hacienda en distintos momentos, se puede concluir que a la economía nacional ingresaban montos muy semejantes a los derivados de la venta de petróleo y a los que alcanzaron en su mejor momento las remesas de los paisanos, algo así como 25 mil millones de dólares anuales.
Pero, pasmadas las economías de México y EU, detenido el flujo migratorio, así como las remesas de los paisanos, desatada las guerras de los cárteles y creciendo alarmantemente el número de repatriados, todo ello combinado con la guerra de Calderón a algunos cárteles, las consecuencias son terribles.
Aun más, tal coctel, por naturaleza explosivo, ha derivado en una profundísima crisis de seguridad pública, en una acelerada degradación social y de las instituciones, así como la aparición de amplias zonas de ingobernabilidad, amén del decaimiento económico.
Para enfrentar tan terrible situación, la respuesta gubernamental fue la de lanzar a las calles a las fuerzas armadas a comportarse como agrupaciones policiacas, en el vano intento de sustituirlas a todas en sus funciones.
El resultado ya lo sufrimos todos. Estamos a punto del caos y no hay política global que lo afronte.
Los detalles de todos estos fenómenos son pavorosos.
“Los mexicanos repatriados por el gobierno de Estados Unidos tienen un nuevo perfil: la mayoría residían en estados alejados de la frontera, muchos de ellos tenían una larga estancia en ese país y eran los jefes de familia”. (Nota de Rocío Gallegos, El Diario, 14/VII/13).
Es de tal magnitud esta tragedia que 5 de cada 10 deportados tenían una larga estadía en EU, y muchos de ellos no tienen más opciones que las presentadas por las bandas del crimen organizado, ya sea como “sicarios, vendedores de droga o ‘halcones”, según declaró el fiscal de la Zona Norte de Chihuahua, Jorge González Nicolás. (Nota del Staff, El Diario, 14/VII/13).
Tal información la desprende de la ofrecida por los integrantes de un grupo dedicado a atacar a polimunicipales en las últimas semanas. La crisis ha llevado, según esta información, a que los reclutados acepten 500 pesos a la semana para efectuar tan siniestros trabajos, cuyo salvajismo crece con los días.
Y si tuviésemos que buscar un sector, que creímos a salvo de la corrupción, o por lo menos así pensado por la mayoría de los encuestados, en todos los ejercicios previos al 2008, el ejército; lo ocurrido, tanto con la detención de los militares de alto rango, acusados de sostener vínculos con el crimen organizado, como con los acusados de integrar diversos “escuadrones de la muerte”, a los que se supone formaban parte de la estructura militar, entre los que se encuentran los acusados de cometer varios asesinatos en Ojinaga, para fortalecer a “La Línea”, sólo puede dar pie a una conclusión: la comisión de cientos o miles de crímenes cometidos en el sexenio de Felipe Calderón, merced a una política criminal que ha puesto en jaque la gobernabilidad del país.
Deberán investigarse y aplicarse las sanciones necesarias.
No puede ser de otra manera.
