Por Ryan Devereaux/ The Intercept
Desde el momento en que los estudiantes desaparecieron, sus padres han exigido su regreso. Aunque es improbable que estén vivos, los padres se han enfocado en las inconsistencias de la versión oficial, destacando la reticencia del gobierno de informar al público todo lo que sabe.
Durante los últimos seis meses, The Intercept ha conducido una investigación sobre el caso del gobierno basado en la revisión de una parte del expediente de la Procuraduría General de la República (PGR). Los archivos incluyen declaraciones de algunos de los policías municipales y miembros de las organizaciones criminales presuntamente relacionadas en los eventos de esa noche.
The Intercept también examinó informes producidos por las fuerzas de seguridad en el área y condujo docenas de entrevistas, incluidas aquellas con estudiantes que sobrevivieron la noche de violencia. También analizó, durante varios meses, reportajes de periodistas de investigación en México.
La investigación ha revelado los esfuerzos conjuntos del gobierno federal para enfocar la culpabilidad a los actores municipales, aunque existe evidencia de un expansivo círculo de responsabilidad. Oficiales de mayor rango en la ciudad de México han presentado un estrecho y manipulado escenario de un masivo secuestro cometido por oficiales locales y llevado a cabo por sicarios en el área de Iguala. Pero evidencia en los archivos propios del gobierno indican un caso de desaparición forzada, el cual incluye –distinto del delito de secuestro– la participación activa o pasiva de oficiales estatales y puede constituir un crimen de lesa humanidad en la cual el estado carga responsabilidad.
El expediente de la PGR se constituye más con declaraciones de los sospechosos detenidos que la evidencia física. El enfoque ha causado escepticismo en una nación con un historial muy bien documentado de las autoridades usando coerción o tortura para extraer confesiones falsas. Las declaraciones demuestran que el gobierno ha presentado una selección de evidencia distorsionada en su versión de lo ocurrido. Declaraciones, las cuales apoyan estos argumentos, han sido presentados públicamente, mientras que aquellas que contradicen la versión oficial han sido minimizadas.
The Intercept presentó una lista extensa de preguntas a la PGR y a la Embajada de México en Washington, D.C. Pese a las repetidas peticiones, ninguna de las instituciones ha dado respuesta oficial vía electrónica o a través de sus funcionarios.
Aunque hay poca claridad respecto al porqué desaparecieron los estudiantes o a dónde los llevaron, las declaraciones en los archivos federales revisados por The Intercept detallan que organizaciones criminales de la región han tomado el control de la zona, exponiendo así la corrupción que ha impregnado muchas de las estructuras de gobierno en Guerrero.
Datos topográficos provistos por uno de los detenidos, por ejemplo, dirigieron a las autoridades hacia un lugar denominado “La Laguna”, donde el cuerpo de un ex jefe de la policía de Iguala fue descubierto. El detenido también describió un rancho conocido como “Los Naranjos”, un terreno donde sicarios suelen arrojar cuerpos en descomposición. Otro lugar detallado por dos sospechosos, en la comunidad de Pueblo Viejo, se destacó de los otros. Allí, los hombres dijeron que habían enterrado algunos de los estudiantes de Ayotzinapa. Cuando los investigadores examinaron el lugar, encontraron 28 cuerpos en unas fosas comunes, pero ninguno de ellos pertenecía a los estudiantes.
Mientras más y más cadáveres no identificados eran exhumados durante el otoño pasado y la comunidad internacional miraba con horror los eventos, ciertas verdades sobre el estado mexicano comenzaron a salir a la luz. Lejos de ser un incidente aislado, la desaparición de 43 jóvenes en una noche de violencia fue única por la atención recibida en los medios. La historia de los estudiantes es simbólica de la crisis en México de desapariciones no resueltos, fosas clandestinas y la integración del crimen organizado en los cuerpos policiacos y la política.
Según la madre de uno de los estudiantes desaparecidos: “Es la policía disfrazada de lo narcotráfico con la policía …Todo es un solo”.
Familiares de los estudiantes de Ayotzinapa llegan al hangar de la Policía Federal en el aeropuerto de Chilpancingo, el 11 de noviembre de 2014. Foto Reuters
A principios de noviembre, una reunión se llevó a cabo en un hangar del aeropuerto de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. El Procurador General de México, Jesús Murillo Karam, llegó en helicóptero. Los padres de los 43 estudiantes llegaron por autobús. El cavernoso espacio era iluminado por el sol.
“Tengo tres detenidos”, dijo Murillo Karam a los afligidos padres. “La información que ellos me dan es realmente no tan buena noticia”.
El procurador ofreció una horrenda narrativa: después de ser detenidos por la policía municipal el 26 de septiembre en Iguala, los jóvenes fueron entregados a un grupo de criminales, luego fueron masacrados, quemados, reducidos a cenizas y lanzados en un río.
De acuerdo con la versión del gobierno, la cual se construyó a través de una serie de conferencias de prensa, el ex presidente municipal de Iguala dio la orden de “contener” a los estudiantes. Su esposa iba a presentar un informe en una plaza pública y el alcalde estaba preocupado de que los estudiantes –ya conocidos por sus protestas perturbadoras– pudiesen sabotear el evento esa noche.
El gobierno aseguró que los estudiantes iniciaron la violencia, lanzando piedras a los policías municipales, quienes a su vez respondieron disparando sus armas. La policía de Iguala detuvieron a los estudiantes, y en conjunto con la policía del cercano pueblo de Cocula, transfirieron alrededor de 40 estudiantes a una zona conocida como “Loma de Coyote”. Investigadores federales dijeron que los estudiantes fueron entonces entregados a miembros de una banda criminal conocida como “Guerreros Unidos”.
La mayoría de los estudiantes, supuestamente, fueron colocados uno sobre otro en la parte trasera de una camioneta Ford con una jaula sellada sobre su base. Otros cuantos fueron puestos en una camioneta más pequeña. Ambos vehículos se encaminaron en la oscuridad hacia un basurero poco utilizado al final de un camino empedrado a unos siete kilómetros fuera de Cocula. Según las versiones, los jóvenes que se ubicaban al tope de la pila estaban vivos cuando llegaron al lugar, pero más de una docena de los situados abajo se habían sofocado bajo el peso de sus compañeros.
En enero, Murrillo Karam mostró las declaraciones grabadas de los detenidos miembros de “Guerreros Unidos”. También dio a conocer un video completo con animación y música tenebrosa en el cual, uno de los sospechosos representó los momentos finales de los estudiantes. El hombre demostró cómo los estudiantes muertos fueron bajados de los vehículos y tirados como sacos de grano en el suelo. Los sobrevivientes fueron alineados, interrogados y acusados de ser colaboradores de Los Rojos, una organización criminal que disputa territorio con Guerreros Unidos. Los detenidos declararan que los jóvenes de Ayotzinapa quedaron arrodillados y luego ejecutados a balazos.
Según el relato del gobierno, algunos de los miembros de Guerreros Unidos llevaron gasolina y otros más arrojaron los cuerpos a un hoyo. Luego de eso, los detenidos dijeron haber construido una pira con llantas, madera y plástico, empapada de gasolina y encendida. Durante la noche de ese día y hasta la tarde del 27 de septiembre, los supuestos asesinos se turnaron para mantener vivo el fuego. No fue hasta las 17:30 horas que se pudieron tocar los cuerpos quemados. Lo que quedó de los estudiantes fue pulverizado, metido en ocho bolsas de basura y tirados en un río cercano. Esto, declaró Murillo Karam a la nación en una proclamación percibida como un esfuerzo de cerrar el caso, fue “la verdad histórica”.
Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, en conferencia de prensa, el 27 de enero pasado, donde ratificó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados. Foto Víctor Camacho
La indudable explicación del gobierno generó amplias dudas, no sólo por parte de los seres queridos de los desaparecidos y los manifestantes en las calles, también de los científicos y expertos forenses, los cuales disputaron la viabilidad del escenario del fuego, y periodistas que investigaron detalles que el gobierno pareció intentar esconder.
En diciembre, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana publicaron un estudio científico cuestionando el fuego descrito por los detenidos, poniendo así en duda la versión del gobierno sobre que el basurero de Cocula fue convertido en un crematorio. De acuerdo con el estudio, incinerar a 43 individuos usando leña requiere de 33 toneladas, aproximadamente, de madera de cuatro pulgadas, ocupando un espacio diez veces más amplio que el tamaño del basurero. Crematorios modernos, añadieron los científicos, utilizan alrededor de 53 kilogramos de gasolina por cuerpo. Además, si llantas hubieran sido la fuente principal de combustible, casi mil llantas de autos hubiesen sido necesarias, depositando 2.5 toneladas de alambre acero y produciendo una masiva columna de humo visible desde los pueblos cercanos. Si la cronología del gobierno es cierta, esos materiales hubiesen sido montados y transportados al escenario en cuestión de horas.
De acuerdo con una tarjeta informativa incluida en un informe elaborado por el gobierno de Guerrero, un helicóptero fue enviado a las 11 de la mañana del 27 de septiembre desde Chilpancingo al sur con rumbo a Iguala para buscar a los estudiantes. El basurero de Cocula se ubica a unos 15 kilómetros al sur de Iguala y cerca del mediodía el helicóptero sobrevoló la ciudad y las áreas vecinas. De acuerdo con las declaraciones de los sospechosos, el fuego duró hasta las dos o tres de la tarde del día 27, pero el reporte del estado no menciona una hoguera ni humo que fuese registrado por la tripulación del helicóptero.
En diciembre, el gobierno dijo haber recuperado del río cerca del basurero de Cocula una bolsa que contiene cenizas y material que corresponde a restos humanos, incluyendo fragmentos de hueso. Diecisiete muestras forenses de la bolsa y del basurero fueron enviadas a expertos de un laboratorio en Innsbruck, Austria. En la misma conferencia, Murillo Karam anunció que los expertos austriacos habían identificado positivamente un fragmento sacado del río y que pertenecía a uno de los estudiantes desaparecidos: Alexander Mora Venancio de 21 años de edad. Los expertos opinaron que era improbable que las otras muestras de los restos pudieran producir parejas positivas por el degrado severo debido a la alta temperatura. Sin embargo, en enero la PGR declaró “certeza legal” de que los 42 compañeros de Mora Venancio tuvieron el supuesto mismo destino: asesinados y quemados en el basurero de Cocula y después lanzados al río.
Desconfiando de los expertos del gobierno, los padres de los estudiantes desaparecidos solicitaron la asistencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la cual ha investigado atrocidades en más de 30 países durante las últimas tres décadas. En diciembre, el equipo argentino confirmó la identificación de los restos de Mora Venancio. Pero enfatizó que sus miembros no fueron testigos de la extracción de las bolsas de basura del río y no podían confirmar la declaración del gobierno, en la cual se aseguraba que los restos habían sido encontrados en el río y quemados en el basurero.
En febrero, el equipo publicó un reporte crítico en respuesta a las afirmaciones categóricas de Murillo Karam catalogadas como la “verdad histórica”. El EAAF reportó que los investigadores federales violaron un acuerdo con el equipo y que estos visitaron el basurero en Cocula mediados de noviembre, coleccionando evidencia balística y muestras de terreno sin avisar al equipo. El EAAF describió esta visita como una “seria irregularidad”.
El equipo de la EAAF tenían suficientes razones para estar preocupado sobre las capacidades forenses del gobierno. Para examinar los restos sacados del río, los investigadores federales y el equipo argentino, cada uno, congregó más de 130 perfiles genéticos de miembros de los familiares de los estudiantes desaparecidos. La PGR después reconoció que sus expertos habían identificado erróneamente –por “un error administrativo”– 20 de los perfiles sometidos.
La versión del gobierno surge por suposición de que sólo hubo un incendio en el basurero de Cocula — el que quemó los restos de los estudiantes. Pero de acuerdo con el EAAF, imágenes satelitales revelan evidencia de múltiples fuegos en el basurero en los últimos cuatro años. El equipo EAAF señaló el descubrimiento de una quijada con dentadura, pero los padres de los normalistas aseguraron que ninguno de los estudiantes desaparecidos usaba dentaduras.
El gobierno parece haberse movido con rapidez para cerrar el caso. Por ejemplo, el área de investigación en el basurero fue dividido en una rejilla de 137 secciones. En febrero, después de que Murillo Karam ofreciera su versión oficial, los peritos sólo habían analizado 30 secciones, según el EAAF. El equipo argentino sugirió entonces, que el gobierno sólo había buscado evidencia que fortalecía la recreación de los hechos.
“La evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia e aquellas interpretaciones que sólo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados”, señaló el EAAF en su reporte.
Fue por eso que comenzaron a surgir teorías alternativas que explicaran cómo y dónde habían sido arrojados los cuerpos. Una de las más provocativas, citada extensamente en los medios, es que los cadáveres fueron destruidos en un incinerador o crematorio de una base militar.
Ninguna evidencia física que apoye esa teoría ha sido descubierta, pero se mantiene viva por la falta de respuestas de las autoridades federales, quienes no han respondido con claridad a las peticiones de la prensa en relación a los archivos públicos y tampoco sobre la ubicación de los crematorios en bases del Ejército de la región.
Cuarenta años atrás, Guerrero fue el epicentro de la Guerra Sucia en México, emprendida por los militares en contra de guerrilleros izquierdistas, muchos de ellos egresados de escuelas como Ayotzinapa. Tortura y ejecuciones extrajudiciales, incluyendo arrojar prisioneros desde aviones, fueron cometidos con impunidad.
Con memorias de violencia auspiciada por el estado enclavadas en la memoria de Guerrero, no fue sorpresa que la atención del pueblo fuera enfocada hacia el 27 Batallón de Infantería y el 12 de enero, manifestantes se congregaron en la base. No obstante, el gobierno se mantuvo firme.
“No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército”, dijo Murillo Karam a reporteros. “No hay una sola evidencia, una sola, la participación del Ejército”.
Su declaración es verdadera solo hasta cierto punto.
Una colección de reportes militares, compartidos bajo la Ley de Transparencia con un puñado de periodistas mexicanos en febrero y marzo, revelan que tropas ubicadas en Iguala estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes antes de que llegaran a la terminal de Iguala, incluso antes que los primeros disparos iniciaran. Los reportes, además, demuestran que militares se comunicaron directamente con la policía municipal, los cuales atacaron y detuvieron a los estudiantes. Examinados en detalle por la periodista Marcela Turati de la revista Proceso y revisados por The Intercept, los reportes indican que aunque no participaron en las matanzas, militares estaban al tanto que algo estaba ocurriendo y no intervinieron.
Dentro de los documentos hay un reporte titulado “Arribo de Normalistas”, con fecha del 26 de septiembre, el cual detalla los eventos de esa noche. El reporte contradice las declaraciones del Coronel José Rodríguez Pérez, quien dijo a la prensa “nos enteramos al último”, en referencia a los eventos de esa noche.
El documento detalla de la presencia de estudiantes en el tramo carretero Iguala-Chilpancingo a las 19:40 horas y describe sus esfuerzos de tomar autobuses en la caseta “del tramo carretero puente de Ixtla-Iguala” entre las 20:00 y 20:50 horas. Además, nota la llegada de los estudiantes a las 21:20 horas a la terminal de autobuses en Iguala. Estos fueron seguidos por la policía municipal mientras transitaban por las calles congestionadas. Cuando los autobuses llegaron a la intersección de las calles Hermenegildo Galeana con Melchor Ocampo en el centro de la ciudad de Iguala, “los normalistas descendieron de los mismos y agredieron con piedras a los elementos policíacos, por los que estos últimos respondieron la agresión, efectuando detonaciones de arma de fuego”, según el reporte.
Aproximadamente a las 22:15 horas, los militares establecieron comunicación con Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública de Iguala en aquel entonces. Flores Velázquez “manifestó con una actitud de reserva y tratando de minimizar los hechos”, según el documento. Dijo que su personal “no tenían ningún carro detenido y que no se habían suscitado disparos de armas de fuego”.
Uno de los pocos militares nombrado en los documentos revisados por The Intercept fue el Cap. 2 d/o José Martínez Crespo, quien, según los reportes, pasó la noche patrullando y estuvo presente en una clínica privada donde los estudiantes heridos llegaron a buscar apoyo. Los soldados tomaron fotos dentro de la clínica y una de las fotos, reveló porMilenio, muestra a uno de los estudiantes sangrando por la cara mientras su compañero lo consuela. Según los reportes militares, los estudiantes “agradecieron al Cap. 2/o. Inf. Jose Martínez Crespo el apoyo brindado” y dijeron que iban a salir para recibir atención médica en otro lugar.
Omar García, uno de los estudiantes en la clínica esa noche, recuerda el encuentro de manera diferente:
“El Ejército nos sometieron. Nos dijo muchas cosas feas. Que habíamos buscado [esto]. Que eso nos pasaba por andar haciendo lo que hacíamos. Por ser revoltosos”.
Ninguno de los jóvenes recibió atención médica una vez que los soldados llegaron.
Los documentos militares sugieren que oficiales superiores en la ciudad de México habían tomado cuenta de la severidad de la situación mucho antes que la reconocieron públicamente. El presidente Enrique Peña Nieto se distanció de los desapariciones, cancelando un viaje a Guerrero dada a “malas condiciones climatológicas”.
Pero, un documento en poder de Turati demuestra que a las 9:45 a.m. del 27 de septiembre –la mañana después de que los estudiantes fueron atacados y detenidos– un visitante a la 27 Batallón en Iguala fue listado como residente en “Los Pinos”, la residencia oficial del presidente en la ciudad de México. El registro declara que el visitante, identificado como un capitán, vino a Iguala de “vacaciones”.
El 4 de noviembre, salió un video mostrando una unidad élite de la Policía Federal descendiendo poco antes del amanecer sobre una casa supuestamente abandonada en un barrio populoso en la ciudad de México. El gobierno anunció entonces la detención de la pareja, la cual se encontraba adentro, como una victoria en el caso.
María de los Ángeles Pineda y su esposo José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, en imagen de archivo. Foto Ap
José Luis Abarca, alcalde de Iguala durante las matanzas, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, parecían los villanos perfectos. Abarca había enfrentado una investigación por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y denuncias públicas por un presunto homicidio. Su esposa venía de una familia de narcotraficantes y en alguna ocasión amenazó a un reportero que había cruzado la raya con ella, advirtiéndole que cortaría sus orejas. Sin embargo, no está claro que la pareja jugará un papel principal en las desapariciones como ha señalado el gobierno federal.
En noviembre, la PGR aseguró que Abarca dio la orden de “contener” a los estudiantes después de que entraron a Iguala. La orden, supuestamente se dio a través de un radio policial usando el código A5, misma que fue escuchada por David Hernández Cruz, al cual los fiscales identificaron como un operador de radio. La declaración de Hernández Cruz ha sido citada en conferencias de prensa realizando avances en el caso.
La versión federal que apunta a Abarca como el genio criminal de la operación en Iguala está basado ampliamente en lo que se proyecta en los archivos federales como un juego del teléfono descompuesto: en el que Hernández Cruz dijo que alcanzó a escuchar a un policía de Iguala diciendo por la radio que una orden de “detener” a los estudiantes fue emitida por alguien con un código, A5, éste asociado con el alcalde. La teoría del gobierno está también basada en que Hernández Cruz ocupaba una posición que quizá no tenía. De acuerdo a los reporteros Anabel Hernández y Steve Fisher de Proceso, no hay evidencia de un empleado de nombre David Hernández Cruz en la policía de Iguala. En febrero, la revista reportó que Hernández Cruz fue abusado durante su custodia y puesto en libertad después de su declaración crucial.
Para presentar a Abarca y su esposa como los “autores intelectuales” detrás de las desapariciones de los estudiantes, Murillo Karam se basó en información proveída por otro testigo dudoso: Sidronio Casarrubias Salgado, identificado por las autoridades mexicanos como el líder de Guerreros Unidos. Casarrubias fue detenido en octubre y en su declaración afirmó que su grupo recibía aproximadamente 2 a 3 millones de pesos de manera regular de la oficina del alcalde de Iguala, manejado por Pineda Villa, su esposa.
El gobierno sostiene lo anterior como evidencia de los lazos criminales de la pareja, pero otras declaraciones que no cuadraban con esta versión fueron descartadas. En su declaración, Casarrubias pintó una imagen de un panorama complejo en el cual Guerreros Unidos y sus socios en el gobierno –no sólo el alcalde y su esposa sino también la policía municipal– batallaron juntos para mantener el control de Iguala en contra y defenderse de Los Rojos, la organización rival. Casarrubias dijo que dos oficiales estatales habían aceptado sobornos considerables para permitir que Los Rojosentraran a Iguala mezclados con los estudiantes el 26 de septiembre. En su declaración, dijo que está hecho encendió la violencia. De acuerdo con Casarrubias, miembros de Guerreros Unidos mataron a 17 integrantes de Los Rojos esa noche.
Las palabras de un líder criminal deben ser tratadas con escepticismo, por supuesto. Todavía no queda claro cómo es qué la PGR determinó que ciertas declaraciones –aquellas que implican el ex alcalde y su esposa– recibieron extensa publicidad, mientras que otras que sugieren un amplio nivel de corrupción no fueron expuestas.
Casarrubias no fue el único de Guerreros Unidos que describió escenarios que no cabían en la narrativa del gobierno. Numerosos miembros de esa organización criminal, por ejemplo, hablaron del papel que desempeñó una misteriosa figura de Guerreros Unidos identificado únicamente como Chucky (o Chuky o Choky).
Dependiendo de la declaración, Chucky ordenó el ataque hacia los estudiantes porque habían sido infiltrados por Los Rojos; personalmente agarró a tres estudiantes y los tiró dentro de su carro Mustang; se unió con la policía en los ataques fatales en la carretera hacia otras personas que no eran estudiantes; facilitó la entrega de estudiantes capturados; falló en la entrega de estudiantes capturados; ordenó el asesinato de estudiantes fuera de Cocula; personalmente asesinó estudiantes en un local fuera de Cocula; enterró estudiantes en un local fuera de Cocula; y posiblemente mantuvo estudiantes vivos después de que la cronología del gobierno los había declarado muertos.
Según las declaraciones, Chuckymide entre 1.45 y 1.55 metros de altura y tiene entre 25 o 35 años de edad. La figura delChucky destaca en las declaraciones de los miembros de Guerreros Unidos, quienes describen a detalle cómo asesinaron a los estudiantes de Ayotzinapa bajo sus órdenes. Sus declaraciones guiaron a investigadores a Pueblo Viejo, una comunidad donde 28 cuerpos fueron desenterrados de tumbas. Parecía como un importante avance en el caso hasta que oficiales estatales fueron forzados a anunciar que ninguno de los cuerpos pertenecían a los normalistas.
Chucky en gran parte desaparece de las declaraciones públicas de la PGR y solo recibe mención de paso en la “verdad histórica” presentada en enero. Chucky, la alegada infiltración de Los Rojos y los 28 cuerpos son parte de las profundas enigmas del caso. Otra enigma es: ¿Por qué algunos de los detenidos de Guerreros Unidos confesaron asesinar a los estudiantes en un lugar, como Pueblo Viejo, donde no hay evidencia de que los estudiantes fueron asesinados y bajo las órdenes de un tal Chucky, el cual nadie sabe ni su verdadero nombre?
La detención de la “Pareja Imperial” también es perplejo. En febrero Proceso reportó el descubrimiento de dos documentos de la Policía Federal relacionados con el arresto. Un documento declara que fueron arrestados en la ciudad de México, y extraídos de un taxi. El otro, fechado al día después de que el video del arresto fue circulado y que se asegura que la pareja fue detenida “en las inmediaciones de la Seido”, en la capital del país. Ninguno de estos documentos sugiere que la pareja fuese arrestada en la casa de Iztapalapa, en el Distrito Federal, como lo detallaba el video dado a conocer por los medios.
Vivienda ubicada en la delegación Iztapalapa donde, según autoridades federales, fueron detenidos el ex edil de Iguala y su esposa. Foto Carlos Ramos Mamahua
El 24 de abril, un tribunal revocó el auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa. La mujer identificada en la prensa internacional como “La Primera Dama del Asesinato” había sido detenido bajo arraigo por 60 días mientras los fiscales federales intentan formalizar cargos en su contra por el delito de delincuencia organizada. Según Proceso, varios ordenes de aprehensión habían negados por falta de pruebas. El 30 de abril, cargos en contra de Pineda Villa por crimen organizado fueron restablecidos y ella permanece en custodia. Abarca, todavía señalado por la PGR como responsable en la detención de los estudiantes, se mantiene en una prisión de seguridad maxima.*
Iguala es el lugar natal de la bandera mexicana y en la constitución se ubica como “La Cuna de la Independencia” de México. Siguiendo la desaparición de los estudiantes surge un título alternativo que fue pintado en la estación de autobuses donde la violencia comenzó: “Cuna del Narcogobierno”.
Mientras policías municipales fueron congregados el pasado otoño, evidencia de un narcogobierno era fácil de observar. A las seis de la mañana del 27 de septiembre, 142 policías de Iguala fueron citados para contestar preguntas de los investigadores estatales y obligadas a exhibir sus armas, según el informe entregado por el estado de Guerrero. Las armas pertenecientes a 22 empleados del departamento resultaron positivas en pruebas indicando detonaciones recientes. Al final, 48 de ellos sería parte de las 104 personas arrestadas en el caso.
En Cocula, 16 miembros de la policía municipal fueron eventualmente detenidos. Las declaraciones de muchos de los policías de Cocula estaban en los archivos federales revisados por The Intercept. Algunos policías de bajo rango dijeron que trabajaban turnos que duraban 48, incluso 72 horas, a cambio de un salario mensual menor a los 6 mil pesos, la mitad de lo que un integrante de Guerreros Unidos dijo que podían cobrar en un secuestro. Las declaraciones de los oficiales –las cuales proyectan una noche de confusión, amenazas y encubrimientos– proveen un retrato gráfico de la colaboración entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad locales, establecida mucho antes de la desaparición de los estudiantes.
El 26 de septiembre, tres patrullas de Cocula con policías vestidos con equipo táctico fueron hacia Iguala para apoyar a los oficiales municipales de esa localidad mientras estos detenían a los estudiantes para llevárselos. Según las declaraciones de muchos de los policías de Cocula, el subdirector César Nava González fue quien estuvo a cargo de las órdenes durante esa noche. Los uniformados dijeron haber visto a los estudiantes ser transferidos al cuartel general de la Policía Municipal en Iguala, para luego ser transferidos hacia “Loma de Coyote”. Ahí fueron entregados a los miembros deGuerreros Unidos. A las primeras horas del 27 de septiembre, los policías dijeron haber regresado a sus cuarteles en Cocula.
“El ambiente era denso”, dijo un oficial en su declaración. “Estábamos impactados, por los hechos que se habían presentado”. Otras declaraciones de policías de Cocula coinciden en que Nava llamó a media docena de oficiales para que se vistieran en ropa de civil, se armaran y salieran en vehículos sin marca. Algunos oficiales reconocieron su destino a la llegada: el rancho de Gildardo López Astudillo, líder local de Guerreros Unidos, y mejor conocido como Cabo Gil. Estuvieron allí hasta la salida del sol. En la actualidad, López se encuentra prófugo.
Varias personas conectadas al departamento de Cocula describieron un esfuerzo por encubrir la verdad y también destruir evidencia, pues dijeron haber recibido órdenes para quemar documentos, confiscar videos de vigilancia y cambiar los números de sus vehículos. No les dijeron el porque, según un oficial. “A nosotros como tropa no se nos informa nada de los cambios”, dijo. “Sólo es entre jefes”.
Nava también advirtió a sus subordinados de no mencionar lo ocurrido. De acuerdo a uno de los oficiales, Nava envió un mensaje textualmente la mañana del 27 de septiembre el cual dijo, “Acerca de lo que pasó a noche, ustedes no saben nada, no vieron nada”. Otro oficial declaró, “Nos amenazaba que si no hacíamos nuestro trabajo nos iba matar a nuestras familias o a nosotros”.
Mientras la PGR reconoció públicamente el intento de encubrimiento en Cocula, la entrelazada historia entre la policía municipal y el Ejército en la región no ha sido mencionada en la versión oficial del gobierno.
El mayor retirado Salvador Bravo Bárcenas, director de la Seguridad Pública de Cocula y ex soldado del 27 Batallón, describió en una declaración de como perdió el control de su departamento a Nava. Todo comenzó en junio del 2013, así dijo, cuando una persona con una “cara alegre” entró a su oficina buscando trabajo. Nava, también un ex oficial militar, según el periódico La Jornada, recibió empleo casi de manera inmediata junto con cuatro de sus compañeros.
Nava asumió el papel de subdirector y no tardó mucho, dijo Bravo, antes de que empezaran “ciertas irregularidades”. Nava llevó a sus subordinados a expediciones de tiro no autorizados, cerca del basurero en Cocula. Después de que Bravo lo confrontó respecto al protocolo, su subdirector respondió textualmente, “Mira Bárcenas, a partir de este momento, yo voy a tomar las decisiones de la policía”.
Bravo declaró cuando se opuso, Nava envió otro texto advirtiendo, “Ya tengo ubicada a tu familia”. Fue seguido por fotos de la casa de Bravo y sus hijos.
Bravo dijo que se quejó sobre Nava con el comandante del 27 Batallón de Infantería 27. El comandante, que no fue identificado por Bravo, le dijo que no debe preocupar. Ocho días después, Bravo dijo que militares llegaron a Cocula y se fueron con Nava y sus seguidores. Sin embargo, regresaron ese mismo día, todavía en compañía de los militares “sin decirme palabra alguna”, dijo Bravo.
Nava permaneció en el trabajo y fue detenido por el caso de Ayotzinapa con miembros de su grupo, según la periodista Gloria Leticia Díaz de Proceso. El testimonio de Nava no fue incluido en los materiales revisados por The Intercept. Nava permanece en prisión y su historia sellada en la investigación del gobierno federal.
A mediados de los 70s, al tope de la Guerra Sucia en México, fuerzas de seguridad hicieron desaparecer a cientos de personas, rebeldes sospechosos y ciudadanos por igual. Tres décadas después, un nuevo conflicto se desata, desgarrando la estructura de la sociedad mexicana con ciudadanos desapareciendo a una escala sin precedente.
El 11 de diciembre de 2006, ex Presidente Felipe Calderón ordenó el envío de miles de soldados a las calles de Michoacán, el estado colindante al noroeste con Guerrero, declarando así la guerra contra las atrincheradas organizaciones del narcotráfico. Más de 100 mil personas han muerto desde entonces. Abastecidos por billones de dólares en equipo y entrenamiento de los Estados Unidos, las fuerzas de seguridad mexicanas, a todos niveles, han sido acusados de masivas violaciones de derechos humanos. En vez de reducir la violencia, en algunas regiones, sus campañas han dividido a los carteles establecidos y han disminuido a grupos más pequeños como Guerreros Unidos que compiten por control de un territorio fracturado.
La lista de los asesinatos es sólo un conteo parcial de las víctimas. Hay miles de personas desaparecidas desde que empezó el conflicto, más de 22 mil según cifras del gobierno federal, aunque organizaciones creen que la cifra real es superior. Desde el 2006, un estimado de 70 mil migrantes de Centroamérica se han esfumado mientras cruzaban el país, según el Movimiento Migrante Centroamericano.
Ofrenda en memoria de Julio César Mondragón, alumno de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa asesinado el 26 de septiembre en Iguala. Foto Yazmín Ortega
Como los 43 estudiantes de Ayotzinapa, algunos de los desaparecidos mexicanos fueron vistos por última vez siendo montados en camiones de policías o del Ejército. En un reporte publicado en 2013, Human Rights Watch advirtió que México está sufriendo “la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas”. El delito de desaparición forzada está prohibido bajo la ley internacional y de acuerdo con el Estatuto de Roma, de la cual México es parte, se puede asociar como un crimen en contra de la humanidad si se conduce en una forma de manera extendida o sistemática. En su reporte, publicado más que un año antes de que los estudiantes fueran secuestrados, Humans Rights Watch agotó detalladamente como las desapariciones forzadas se han manifestado en México. Los patrones reflejan realidades como en el caso de Ayotzinapa.
El reporte apunta, por ejemplo, que cuando individuos son aprendidos por la policía o militares, son los familiares de las víctimas los que buscan información sobre el paraderos de estos y con frecuencia son informados de que nunca fueron detenidos. En Iguala, este fue el mensaje compartido por las autoridades a los equipos de búsqueda la mañana después que los estudiantes fueran capturados. En estos casos, los implicados en una desaparición son más típicamente miembros de la policía municipal que miembros de otras fuerzas de seguridad. En el caso de Ayotzinapa, las únicas fuerzas de seguridad detenidas han sido los policías municipales de Iguala y Cocula. Y como explicó Human Rights Watch sobre casos donde se involucran oficiales estatales y crimen organizado, “Más frecuentemente, miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a las víctimas y luego las entregan a organizaciones delictivas”. En el caso de Ayotzinapa, Guerreros Unidos parece que jugó ese papel.
En México, las investigaciones sobre desaparición forzada se caracterizan por tener fallas sistemáticas tales como mal manejo de la evidencia y negligencia en asegurar rápidamente la escena del crimen, apuntó Human Rights Watch. Eso fue lo que pasó en Iguala donde policías municipales guardaron los casquillos de balas de la escena del primer ataque, según John Gibler del California Sunday Magazine. También, el lugar del ataque no fue asegurado por horas. El manejo del basurero de Cocula, donde los cuerpos de los estudiantes fueron supuestamente calcinados, creó preocupaciones similares. Cuando The Intercept visitó el basurero el 11 de noviembre, cuatro días después que el gobierno declarará el área como un probable lugar donde ocurrió una masacre horrorosa, este no estaba protegido y era de fácil acceso.
Dentro de los síntomas más penosos de desaparición forzada, según Human Rights Watch, es la intención de oficiales del gobierno de convencer a los familiares que sus seres queridos están muertos sin ninguna prueba sustantiva. Este escenario se desenvolvió en conferencias de prensa televisadas a nivel nacional sobre el caso Ayotzinapa. El resultado es que las familias, en lugar de que lo haga el estado, cargan el peso de averiguar lo ocurrido. “Numerosos familiares renuncian a todo –y abandonan así una carrera consolidada, someten a sus familias al desarraigo y concluyen relaciones de mucho tiempo– para dedicarse completamente a la búsqueda de la persona desaparecida”, según el reporte de Human Rights Watch.
Mientras que el crimen de secuestro puede llevar una sentencia más larga de prisión en México que la de desaparición forzada, las consecuencias para el estado son mínimas porque el crimen es atribuido sólo al acusado. Ya que raramente se inician cargos de desaparición forzada, el gobierno mexicano escapa sus responsabilidades. Si los casos de desaparición forzada fueran continuamente perseguidos, esto podría proveer evidencia de abusos sistemáticos, los cuales puedan iniciar cargos de crímenes en contra de la humanidad y posiblemente poner en peligro los billones de dólares designados para asistencia de seguridad que el Gobierno de México recibe de Estados Unidos. Bajo la “Ley Leahy”, nombrado así por el autor de esta ley, el Senador Patrick Leahy, apoyo a fuerzas de seguridad extranjeras implicadas en graves violaciones de derechos humanos es ilegal.
Ariel Dulitzky, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias con las Naciones Unidas declaró ante The Intercept que aunque la versión del gobierno mexicano del caso de Ayotzinapa pueda ser cierta –que fueron solamente los policías municipales que agarraron a los estudiantes– la policía federal y el Ejército fallaron en prevenir las desapariciones. “Al mínimo, eso debería ser investigado”, dijo Dulitsky. “Eso constituye, también, un crimen de desaparición forzada –la falta de prevención apropiada por autoridades estatales”.
Hasta la fecha, sólo seis personas han sido condenadas por desaparición forzada en México. Como clasificar los crímenes de Iguala se ha convertido en una pregunta central. Bajo la ley federal de transparencia en México, documentos de otro modo sujetos a protección, deben hacerse públicos si indican graves abusos de derechos humanos, como en casos de desaparición forzada. El otoño pasado, citando una ley de transparencia estatal, el estado de Guerrero divulgó un informe detallando sus investigaciones en Iguala, reconociendo “la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que ahí se cometieron”.
En febrero, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), ordenó a la PGR entregar una versión pública de la averiguación previa del caso. Al principio, la PGR peleó la orden, sosteniendo su derecho de mantener sus archivos de investigación sellados por un período hasta de 12 años, porque el caso es parte de una investigación abierta contra el crimen organizado. Al presentar la desaparición de los estudiantes como un hecho aislado de secuestro y crimen organizado, el gobierno federal parecía construir un escenario en el cual sus obligaciones hacia los padres concluyeron, su reputación internacional y su asistencia de seguridad permanecieron preservadas, y los documentos contenidos en el expediente se mantuvieron privados.
Pero recientemente, la PGR parece estar cambiando su posición respecto a divulgar los resultados de su investigación. Después de haber sufrido meses de crítica, Murillo Karam dejó el cargo el pasado mes de febrero. The Intercept ha confirmado a través de múltiples fuentes –incluyendo la respuesta de la PGR a una solicitud de información entregada por reporteros en México– que la PGR está en proceso de cumplir con la orden del Ifai para que ésta haga pública su investigación sobre el caso, aunque no se han establecido fechas ni plazos.
Al finales de Abril, oficiales anónimos de la PGR declararon a La Jornada que fiscales federales habían introducido cargos de desaparición forzada contra Abarca pero fueron negados por un tribunal. De acuerdo con las fuentes de información de La Jornada, la PGR ha apelado la decisión del juez pero ningún sospechoso ha sido acusado por desaparición forzada de los estudiantes.
Sin embargo, la decisión del juez y la apelación del PGR no son documentos públicos y los abogados de las familias de los desaparecidos no han podido revisarlos. A pesar de repetidas peticiones, la PGR no ha proveído a The Interceptdocumentos o una respuesta oficial explicando el estado de los cargos de desaparición forzada en el caso. Abogados mexicanos de derechos humanos declararon a The Intercept que la PGR tiene un largo historial desde la administración de Calderón de fallos en confirmar cargos de desapariciones forzadas cuando se introducen en el tribunal. Como resultado, jueces frecuentemente dictan cargos de secuestro a los culpables.
Para los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, la esperanza para obtener justicia se apoya, en parte, sobre un equipo de expertos creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual está conduciendo una investigación independiente. En Abril, el grupo divulgó un informe de sus esfuerzos, el cual indica que han revisado una parte importante de las 80 mil fojas del expediente proveído por la PGR. Además, han entrevistado sospechosos que al presente están bajo custodia del gobierno y se han reunido con estudiantes que sobrevivieron los ataques. Los normalistas guiaron a los especialistas de la CIDH por varios lugares en Iguala donde ocurrió la violencia. Los investigadores, también anunciaron que entrevistarían a miembros del 27 Batallón de Infantería como parte de la investigación. De la misma forma, los expertos hicieron varias recomendaciones al gobierno federal, incluyendo sugerencias para abrir nuevas líneas de investigación.**
“Espero que ellos tengan la oportunidad de estudiar la investigación, hacer recomendaciones y que el gobierno siga esas recomendaciones”, citó Ariel Dulitzky, el experto de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas. “Si eso ocurre, me siento muy optimista”.
“Si no”, añadió, “¿Quién sabe?”
Fuente: The Intercept vía La Jornada
Editora asistente Andrea Jones contribuyó a este reportaje. Reportera independiente Andalusia Knoll y Jesse Franzblau, analista de política, contribuyeron en la investigación.
Traducido por Sylvia Moreno. Melissa del Pozo contribuyó a la traducción.
* El 6 de mayo, La Comisión Especial del Partido de la Revolución Democrática concluyó su informe sobre José Luis Abarca.
** El 11 de mayo, los expertos de CIDH presentaron un tercer informe sobre el caso de Ayotzinapa, en el cual confirmaron que “un grupo relativamente numeroso” de los detenidos que entrevistaron habían quejados de “malos tratos y torturas.”
