La inseguridad que padecen la mayoría de estados mexicanos ha generado en los últimos meses la creación de grupos de autodefensa que se están convirtiendo en el nuevo reto de la seguridad de la nación. Los grupos, que se hacen llamar policías comunitarias, han surgido principalmente en comunidades indígenas.
A la fecha la prensa local ha reportado la presencia de estas organizaciones en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Estado de México, Colima, Veracruz, Chihuahua, Jalisco y Tabasco. Guerrero es la jurisdicción donde más visibles se han hecho este tipo de grupos, que se agrupan principalmente en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Las organización, al igual que ocurre en los otros estados, en los últimos meses ha capturado a decenas de personas que se encuentran en sus listas de delincuentes y a quienes acusan de delitos como secuestro, homicidio, delincuencia organizada, entre otros.
En la mayoría de los casos las personas retenidas por las autodefensas han sido liberadas y entregadas a las autoridades mexicanas para que se les inicie una investigación, después de realizarles “juicios comunitarios”.
Los grupos argumentan que, al igual que ocurrió con los grupos de autodefensa en países de la región como Colombia, se alzaron en armas ante la ausencia de una acción del Estado y la desprotección en la que se encuentran en sus zonas, donde operan grupos del narcotráfico y el crimen organizado que libran una guerra por el control territorial.
“Nosotros estamos preparados para esa parte, no andamos a ciegas, nosotros operamos porque tenemos todos los elementos en la mano, no venimos a generar problemas, venimos a restablecer el orden”, dijo este martes el líder de UPOEG Bruno Plácido Valerio.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, Raúl Plascencia, ha advertido en diversas oportunidades en los últimos meses que si los gobiernos municipales y estatales no cumplen con la función de brindar seguridad a la población “existe el riesgo latente” de que grupos de autodefensa se extiendan y el crimen organizado se infiltre en ellos.
Así como la prensa mexicana ha reportado retenes en los que las policías comunitarias hacen justicia por su propia cuenta armados con machetes y palos, las autoridades han informado en los últimos meses del decomiso de armamento de alto poder a supuestos integrantes de las autodefensas.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha reportado este mes la detención de más de 51 presuntos integrantes de un grupo de autodefensa en Michoacán, a quienes se señala de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
A la amenaza de la filtración del crimen organizado en las autodefensas se suma el riesgo que empiezan a correr los integrantes de estos grupos al margen de la ley.
La UPOEG denunció la semana pasada la desaparición de nueve de sus integrantes y este lunes fue asesinado por hombres armados un comandante del grupo de autodefensa Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) adscrito al municipio de Juan R. Escudero (en el estado de Guerrero) cuando caminaba por una calle.
El hecho generó una movilización de los grupos de autodefensa, que en búsqueda de los responsables del crimen detuvieron al director de la policía de la ciudad de Tierra Colorada (también en Guerrero) y a ocho agentes de seguridad, a quienes señalan de tener vínculos con grupos de la delincuencia organizada.
El comandante regional del SSCJ en Costa Chica, Ernesto Gallardo, afirmó que el fallecido comandante de la policía comunitaria Guadalupe Quiñones Carbajal había recibido amenazas de parte de grupos del crimen organizado, que le advirtieron que se abstuviera de hacer recorridos de seguridad.
Al respecto, la Procuradora General de Guerrero, Martha Garzón, dijo que “el occiso nunca presentó una denuncia ante la agencia del ministerio público”.
“Esa denuncia de extorsión y amenaza la presentó ante sus compañeros de la misma policía”, dijo la funcionaria luego de que el grupo de autodefensa le entregó al Director de la policía y los ocho agentes para que los investigara.
Aunque la Secretaría de Gobernación (Segob) considera los grupos de autodefensa ilegales, el Gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, lidera una propuesta para que en su entidad se legalice a la policía comunitaria. Grupos de empresarios, comerciantes y ganaderos que se han visto afectados por el crimen organizado también han dado la bendición a los grupos de autodefensa.
Para el investigador de la Universidad estadounidense de Columbia Edgardo Buscaglia, de no atenderse con prontitud la situación, los grupos de autodefensa degenerarán en paramilitares que agudizarán la espiral de violencia que se registra en México, a causa principalmente de la presencia de grupos del crimen organizado, a los que se atribuyen la mayoría de acciones ilícitas y más de 70 mil muertos que se registraron entre 2006-2012.
Fuente: dpa
