La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que integra a 75 organizaciones de la sociedad civil mexicana urgió al Estado mexicano a implementar una estrategia eficiente para prevenir y hacer justicia en casos de desaparición de niñas y niños en el país, donde se tienen documentados siete mil 16 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos
En un comunicado las organizaciones recordaron que esta problemática tendrá que ser abordada en la sustentación del Informe del Estado mexicano ante el Comité de los Derechos del Niño, los días 19 y 20 de mayo.
“Pese a los diversos llamados realizados por integrantes de la sociedad civil y la ciudadanía, las autoridades mexicanas continúan sin desarrollar una estrategia eficiente para la prevención, atención y justicia en los casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes”, señala el texto.
De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en México hay 23 mil 271 reportes de personas desaparecidas. En cuanto al número de niños y adolescentes, el informe revela que actualmente existen siete mil 16 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos cuyas edades van de los de 0 a los 17 años. Es decir, tres de cada 10 personas desaparecidas en México son niños y adolescentes.
Los datos indican que de 2007 a 2014 desaparecieron seis mil 998 niños y adolescentes. Dentro de este grupo de población, si se estudian los datos disponibles para las y los adolescentes de 15 a 17 años se encuentra que existen dos mil 621 desaparecidos, de los cuales mil 712 son mujeres; esto quiere decir que siete de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años desaparecidos son mujeres.
Frente a este contexto, las organizaciones firmantes urgieron al Gobierno mexicano desarrollar una estrategia con enfoque de derechos de infancia y perspectiva de género, “ya que los datos indican que son las niñas y las adolescentes mujeres las más afectadas, por ende, la investigación y las políticas públicas para prevenir y atender esta problemática deberán considerar a este grupo como una prioridad”.
Los datos anteriores se suman al señalamiento del Comité contra la Desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quien determinó el pasado 2 de febrero que “las desapariciones forzadas se han generalizado” en el país e instó al Gobierno a estudiar este fenómeno con relación a grupos vulnerables y tomar medidas para prevenir y resolver los casos pendientes.
A las observaciones de la ONU se suma lo dicho por Redim en el comunicado acerca de que en el país no existe un mecanismo accesible de información pública para concentrar los casos de desapariciones de niños, niñas y adolescentes.
“A pesar de la existencia de la Alerta AMBER, cada entidad federativa publica de manera individual sus bases de datos y no mantienen informada a la población sobre los resultados de las investigaciones, lo cual evidencia la desarticulación y los vacíos en la información”, refieren las organizaciones.
Frente a estos vacíos, las organizaciones demandaron al Gobierno:
– Tomar medidas urgentes frente a la desaparición de niñas, niños y especialmente de mujeres adolescentes en el país, así como realizar investigación exhaustiva con perspectiva de género en cada uno de los casos.
– Incluir el enfoque derechos de la infancia en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Tortura.
– Tipificar debidamente el delito de “desaparición forzada” en todas las entidades federativas, así como a nivel federal.
– Contar con un registro nacional de personas desaparecidas, con información desagregada, y un marco normativo que le dé sustento.
– Homologar la alerta AMBER en todas las entidades federativas y generar mecanismos de evaluación sobre su efectividad.
– Diseñar e implementar sistemas de búsqueda inmediata y programas de acompañamiento social que contemple las particularidades de cada caso. Brindar apoyo humanitario (educación, transporte, salud, alimentación) a las familias de personas desaparecidas, con el objeto de que niñas, niños y adolescentes afectados por este fenómeno no tengan que suplir el rol de su familiar desaparecido en el sustento del hogar.
Por otra parte, Redim dio la bienvenida a la decisión de la Cámara de Diputados por la aprobación de la reforma al artículo 73 Constitucional que faculta al Congreso de la Unión a elaborar una Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Tortura.
“Consideramos prioritario que dicha ley incluya enfoque derechos de la infancia y contemple que niñas, niños y adolescentes también son víctimas de estos delitos”, señalaron las organizaciones.
La Red por los Derechos de la Infancia en México es una coalición de 75 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan programas a favor de niñas, niños y adolescentes mexicanos en situaciones de vulnerabilidad y que operan en 16 estados de la República Mexicana.
Fuente: Sin Embargo
