México no ha avanzado en la protección de los derechos de la niñez estimaron organizaciones civiles. El refuerzo de las municipalidades para atender este tema es la gran deuda que tiene el Estado.
Pese a que casi 30% de los casos reportados en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) corresponde a menores de edad, no existen políticas públicas para atender el problema, alertó el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.
Al término de la presentación del informe “La infancia cuenta en México 2015”, Pérez García señaló que de la reciente cifra depurada del RNPED, de 23 mil personas sin ser localizadas, unos “6 mil 676 son personas menores de edad, y el dato más preocupante es que en el segmento de adolescentes de 15 a 17 años de edad, siete de cada diez son mujeres adolescentes desaparecidas”.
Al aclarar que los registros del RNPED no fueron incluidos en la plataforma de la Infancia Cuenta porque es información que se está actualizando constantemente, Pérez García resaltó que los datos oficiales demuestran la gravedad de las alertas que organizaciones han hecho sobre “desaparición, de robo de mujeres y de trata, ilícitos que están directamente vinculados con acciones presuntamente del crimen organizado”.
Para Pérez García más grave aún es que los datos sobre la desaparición de menores “no están siendo considerados para la toma de decisiones, como alertas de género que se deberían haber emitido a partir de las cifras, tendría que ser una forma urgente para tomar medidas preventivas”.
Luego agregó que el problema tampoco está considerado en el proyecto de ley sobre desapariciones, pues “no están visibilizados los niños o el tema queda reducido a la declaración de ausencia para que las familias puedan registrar a sus hijos y no frenar sus trámites, y lo hemos hablado con Gobernación de que estamos hablando de que entre 25 y 30% de los casos de desaparición por particulares o desaparición forzada son menores de edad”.
En la onceava edición de la Infancia Cuenta en México, Pérez García destacó que entre los temas de preocupación resaltan las altas tasas de homicidios de menores, con entidades que “han estado creciendo en estas cifras, como Guerrero, en tanto que en Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa no se ha dejado de registrar, son estados que para un adolescente se convierten en lugares inseguros”.
Entre los problemas que no varían su tendencia de alarma, dijo, están los embarazos tempranos, sobre todo en rangos de 10 a 14 años, en tanto que en las categorías de 15 a 17 años no disminuyen aquéllos.
El defensor criticó que las autoridades federales consideren como “tasas normales” los embarazos entre chicas de 15 a 17 años, que es de 5%, aunque en estados como Chiapas y Chihuahua los índices son de 8%
“Con motivos diferentes, en Chiapas con una lógica de desprotección a las mujeres indígenas y de pautas culturales o prácticas tradicionales nocivas, y en el caso de Chihuahua por violencia sexual”, aclaró el director ejecutivo de la Redim.
Enseguida dijo que es “inaceptable” que, ocupando el número 11 de las economías en el mundo, “no estemos para nada en la correlación de desarrollo humano con el beneficio a niños y niñas”.
Entre las preocupaciones de la Redim está también la deserción escolar en nivel medio superior, que oscila entre 25 a 30% en las entidades del país, lo que “habla de que estos adolescentes no solamente no pasarán la educación media superior, sino que están condenados a vivir en pobreza”, como lo sostienen estudios de la Cepal.
Peor aún, dijo que “hay una correlación entre adolescentes que no están en la escuela con adolescentes en conflicto con la ley, no es una cuestión de que los adolescente que no están en la escuela van a cometer delitos, sino que es un asunto de desprotección si los adolescentes no están en la escuela y no están protegidos por los sistemas o las instituciones de nuestro país, lo que los hace presa fácil”.
Al abundar sobre la situación de pobreza de los menores, Pérez García destacó que, de acuerdo con los datos de Coneval, “53% de niños en México viven en pobreza, en tanto que 5 millones están en pobreza extrema, eso significa que al menos una vez al día tienen dificultad para comer, pero si son indígenas ocho de cada diez son pobres, eso nos muestra la discriminación institucional y cómo nuestro país, pese a instrumentos y tratados firmados, no ha cambiado que ser indígena en México te convierte automáticamente en pobre”.
También agregó que los estados con más rezago son Chiapas, Veracruz, Oaxaca y “algunos municipios de como Calakmul, en Campeche, que es de riqueza cultural maya pero es de los más pobres en el país”.
Sobre el eventual debate sobre la legalización de la mariguana, Pérez García advirtió que “abre la ventana para revisar la lucha contra el crimen organizado, particularmente contra el narcotráfico”, como lo recomendó el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en la revisión que hizo a México.
También recordó que en su informe del 10 de junio pasado el Comité de la ONU “expresamente pidió al gobierno mexicano revisar la estrategia de lucha contra el crimen organizado, porque el peor impacto que ha tenido esta estrategia ha sido para los niños, niñas y adolescentes, que se refleja en el incremento de tasas de homicidio, así como en el reclutamiento forzado, es decir la narcoexplotación, que el Estado mexicano se ha negado a reconocer, y la desaparición, tema en el que el Comité pide que en la nueva ley de desaparición se incluya el reconocimiento de los niños y acciones a favor de ellos”.
