La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) anunció que solicitará órdenes de aprehensión contra cinco presuntos responsables de los desmanes ocurridos en el Centro Histórico el pasado sábado 1, en el marco de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.
En cumplimiento de la instrucción del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, de recabar toda la evidencia posible para proceder en contra de “de aquellas personas que todos vimos, que todos observamos que realmente tuvieron conductas violentas contra la ciudad”, la PGJDF va contra cinco posibles sospechosos.
De acuerdo con fuentes de la dependencia, no serán las últimas órdenes de aprehensión que pidan, ya que continúan indagando sobre la identidad de las personas que participaron en los destrozos de Avenida Juárez, inmediaciones de San Lázaro y la plancha del Zócalo.
Los “vándalos”, cuyos nombres no se dieron a conocer, fueron identificados por la Policía Cibernética a través de las redes sociales y mediante el análisis de los perfiles, algunos de ellos publicados en Internet.
La relevancia de dichas evidencias fílmicas aportadas en los perfiles es que están tomados desde ángulos diferentes a los captados por las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, y en algunos casos con mayor resolución, nitidez y cercanía.
De acuerdo con la PGJDF, en los videos también hay sujetos que fueron captados en otros puntos de esta ciudad realizando revueltas.
Sin embargo, aclaró que ninguno de ellos forma parte de la lista de los 69 consignados al Reclusorio Norte, de los cuales 56 fueron liberados por falta de elementos para procesar, y bajo las reservas de ley.
En tanto, familiares de los 14 detenidos e integrantes del colectivo #Yo Soy 132 realizarán este martes movilizaciones para exigir la liberación de las personas que siguen en prisión.
Además, demandarán a los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la derogación del artículo 362 del Código Penal del DF que penaliza el delito de “ataques a la paz pública”, que tiene en prisión a los 14 jóvenes, entre ellos a una mujer.
Según la Asociación de Abogados Democráticos (ANAD) dicho delito es equiparable al de disolución social que se aplicó a los estudiantes del movimiento de 1968 y culminó el 2 de octubre de ese año con la matanza de decenas de ellos en la Plaza de las Tres Culturas.
