Autoridades comunitarias de cuatro municipios de la región Costa Chica, que desde hace más de tres semanas decidieron tomar las armas para enfrentar directamente a la delincuencia, se erigieron como “tribunal popular” e iniciaron un juicio a 54 personas, entre ellas cuatro mujeres y tres menores, acusadas de delincuencia organizada.
La inédita asamblea se prolongó por más de tres horas y en ella participaron al menos 500 personas –la mitad de ellas armadas–; el encuentro se realizó bajo estrictas medidas de seguridad en esta pequeña comunidad de indígenas nuu´savi (mixtecos), ubicada en la zona montañosa del municipio de Ayutla de los Libres.
Los integrantes del movimiento de autodefensa se limitaron a presentar públicamente a los inculpados y se acordó que para el 22 de febrero se realizará una segunda reunión, ahora en el municipio de Tecoanapa, para desarrollar la etapa de aportación de pruebas y alegatos, y posteriormente los miembros del tribunal emitirán su veredicto.
Previo a la presentación de los presuntos delincuentes, entre ellos los padres, dos hermanos y la novia del presunto jefe de la plaza de Ayutla y Tecoanapa, quien únicamente fue identificado como El Cholo, representantes de la Policía Comunitaria (PC) dieron una explicación sobre el origen del movimiento que surgió el 5 de enero en los municipios de Ayutla, Tecoanapa, Florencio Villarreal y San Marcos, a partir del secuestro de tres autoridades comunitarias.
Enseguida, el sacerdote Mario Campos Hernández, fundador de la PC y miembro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) –organización que opera desde hace 17 años en una decena de municipios de la región Montaña y Costa Chica bajo el esquema de respeto a los usos y costumbres–, advirtió que el pueblo está restableciendo el orden ante la omisión e indolencia de las autoridades gubernamentales.
El párroco adscrito a la región de la Montaña y conocido por su labor social en comunidades marginadas de esta zona, dijo que las autoridades de la administración pasada no pudieron revertir los efectos de la narcoviolencia, a pesar del elevado número de muertos, el dinero invertido en materia de seguridad y el impresionante despliegue de fuerzas federales.
Luego lamentó que el gobierno de Enrique Peña Nieto siga con la misma estrategia fallida del expresidente Felipe Calderón.
Por ello exhortó a los pueblos de la entidad y del resto del país a organizarse para restablecer la paz y garantizar la seguridad pública, ya que es un derecho inalienable de los ciudadanos buscar formas de gobierno que generen certeza y desarrollo en las comunidades.
El presbítero remarcó que el movimiento de autodefensa no surgió de forma espontánea, sino que es el resultado de un largo proceso de organización y concientización social.
Por su parte, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, demandó un cese al hostigamiento de las autoridades gubernamentales, argumentando que los políticos tuvieron su oportunidad para restablecer la paz y la justicia, pero “han llevado al fracaso a la entidad y el país”.
En su intervención, el activista y fundador de la PC señaló que la complicidad entre autoridades y delincuentes fue el detonante del hartazgo ciudadano en esta zona de la entidad.
Por ello, planteó la necesidad de que las comunidades permanezcan armados y organizados para establecer un sistema de seguridad pública y aplicación de justicia con base a los usos y costumbres de los pueblos.
Plácido Valerio rechazó que el Ejército y la Policía Federal (PF) hayan tomado el control de Ayutla, como lo afirmó el gobierno estatal, y advirtió que los integrantes del movimiento de autodefensa de la región de Costa Chica no van a deponer las armas y van a continuar realizando operativos en esta franja de la entidad hasta exterminar a la delincuencia.
La asamblea donde se instaló el “tribunal popular” para someter a juicio a más de 50 personas vinculadas presuntamente con la delincuencia organizada se realizó a pesar de la insistencia del gobierno estatal para que los ciudadanos se desistieran de esta acción y dejaran que las autoridades formales juzgaran a los inculpados.
Durante este hecho llamó la atención la participación activa de un ciudadano extranjero, presuntamente de origen francés, quien se asumió como “coordinador de medios de comunicación” del movimiento de autodefensa armada de Ayutla, el cual estuvo recabando datos de los reporteros y pretendió le entregaran una copia del material fotográfico, de video y audio.
Fuente: apro
