El gobierno del presidente Felipe Calderón ha dilapidado recursos del área de procuración de justicia en casos que no reducen la violencia, sobre todo porque se ha centrado en consumidores de drogas o en vendedores de bajo perfil, señala el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) En un estudio titulado “(Des) proporcionalidad y delitos contra la salud en México”, elaborado en conjunto con el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, el CIDE sostiene que el 80% de las condenas por delitos contra la salud, además de ser excesivas, fueron impuestas a consumidores o vendedores de bajo perfil y no delincuentes que cometen actos violentos u otras conductas delictivas como el tráfico de drogas o el lavado de dinero.
Sostiene que en 2010, el 78.9% de las denuncias por delitos contra la salud presentadas ante el Ministerio Público, correspondieron a los delitos de posesión y consumo de drogas.
Del total de sentencias condenatorias o absolutorias dictadas en el fuero federal por delitos contra la salud en ese año, 80.7 % fueron por un solo delito y que, según el CIDE y el CEDD –que estudia la política de drogas en ocho países latinoamericanos–, recibieron condenas incluso superiores a delitos que sí incluyen violencia.
“Estamos usando los recursos de procuración de justicia para perseguir y sancionar a consumidores y pequeños vendedores de mariguana y cocaína. Esto implica menos recursos para investigar y sancionar los delitos que tienen tan lastimada a la sociedad mexicana”, afirma Catalina Pérez Correa, autora del estudio.
Asimismo, destaca que el grueso de los recursos federales en materia de procuración de justicia están dedicados a investigar, perseguir y condenar “delitos menores” en materia de drogas. En la mayoría de los casos, abunda la profesora del CIDE, los infractores son jóvenes consumidores o vendedores de pequeñas cantidades de cocaína o mariguana.
Refiere, por ejemplo, que en 2010 el 74% de las detenciones que reportó la Procuraduría General de la República (PGR) fue por delitos contra la salud y 41.9% de ellas, por venta de drogas al menudeo.
“Estos narcomenudistas, por lo general, son vendedores de esquina y que a la hora de su detención no cometieron otros delitos. No tenían, o no se les pudo probar, vínculos con el crimen organizado”, agrega Pérez Correa.
John Walshm, especialista en Washington Office on Latin America (WOLA) en políticas de drogas, dice, por su parte, que el estudio “subraya cuan sesgada se ha convertido la estrategia de México, y las razones por las cuales los escasos recursos deben ser dirigidos a reducir la violencia en vez de perseguir a consumidores y vendedores de baja monta”.
El estudio también destaca la desproporcionalidad entre el delito cometido y las penas impuestas a los sentenciados en comparación con otros delitos que, a diferencia del consumo y venta al menudeo de estupefacientes, sí incluyen violencia, incluido el homicidio, la violación de menores, la violación entre adultos y el robo con violencia.
“El máximo de pena en años de prisión para los delitos de comercio, producción, suministro, tráfico y transporte de estupefacientes, conductas que pueden suceder sin violencia, es mayor que el máximo establecido para otros delitos de mayor gravedad”, refiere el documento.
Por ejemplo, señala, la pena máxima establecida para violación entre adultos es 11 años menor que la pena máxima para delitos de drogas. La pena para robo con violencia es de 15 años, máximo, 10 años menos que los relacionados con drogas. Lo mismo sucede con la portación de armas exclusivas del ejército.
“No es razonable que estimemos los delitos de drogas a la par de los delitos como la violación. Nuestro sistema punitivo requiere de una sería revisión. Debemos regresar al principio que exige proporción entre un castigo y el delito cometido, entre un delito y otro”, sostiene, por su parte, Pérez Coreas, también investigadora del CEDD.
Y enfatiza que la política de drogas debería distinguir entre sustancias y entre los distintos niveles dentro de la cadena del narcotráfico.
Fuente: www.proceso.com.mx
