El presidente Jimmy Morales anunció el viernes que no renovará el mandato de la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG).
Rodeado por miembros del Ejército, su vicepresidente y autoridades de Gobernación y Cancillería, el mandatario dijo en conferencia de prensa que notificó su decisión a Naciones Unidas –organismo del que depende la CICIG– para iniciar la transferencia de capacidades a las instituciones correspondientes.
“Agoté todos los procesos diplomáticos y actué siempre de buena fe, pero no hemos visto esa buena fe por parte de las Naciones Unidas”, dijo.
El presidente aseguró que se mantiene su compromiso de colaborar con la Fiscalía General, así como con otras instituciones del país. “Les recuerdo a todos que nuestro gobierno incrementó presupuesto al Ministerio Público y a todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, asegurando su independencia económica”.
Momentos antes, militares rodeaban la sede de la CICIG en la capital guatemalteca. El vocero de la comisión, Matías Ponce, dijo a The Associated Press que al menos 12 vehículos estaban afuera del edificio.
El procurador de los Derechos Humanos calificó lo sucedido como una “presencia descomunal intimidatoria”.
La CICIG, creada en 2006 tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas, ha trabajado con fiscales y la justicia local para investigar señalamientos que han involucrado a políticos y empresarios.
Esta es la segunda vez que el mandatario intenta golpear a la CICIG. La primera fue en agosto de 2017, dos días después de que esta comisión y la entonces fiscal Thelma Aldana solicitaran el retiro de su inmunidad para investigarlo por ocultar información financiera de su partido.
En aquel entonces Morales declaró persona non grata al comisionado colombiano Iván Velásquez, líder de la CICIG, y ordenó expulsarlo del país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad lo protegió con un amparo y la orden presidencial quedó sin efecto.
A partir del anuncio realizado por Morales este viernes, todos los funcionarios internacionales de la CICIG –Velásquez incluido– dejaron de tener visa para permanecer en el país.
El presidente actualmente enfrenta un tercer pedido de retiro de inmunidad para poder ser investigado por delitos electorales. La Fiscalía General y la CICIG hicieron esta última petición el pasado 10 de agosto. Según ambos organismos, aparentemente se cometió financiamiento electoral ilícito en 2015.
En esa fecha, Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que recibió un millón de dólares por parte de empresarios para la campaña electoral. Según las pesquisas, estos recursos no habrían sido registrados en la contabilidad de la agrupación política ni se reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Esta semana el Congreso guatemalteco integró una comisión investigadora de cinco diputados que analizará la solicitud de retiro de inmunidad del presidente. Los congresistas deberán analizar la documentación reunida por la Fiscalía y la CICIG y elaborar un informe que será analizado ante el pleno. Para que el mandatario pierda la inmunidad se quieren 105 votos de los 158 diputados.
La primera vez que se hizo una solicitud del estilo fue en agosto del año pasado y también relaciona al presidente en temas electorales. Según las investigaciones previas, el partido incumplió ante el TSE y ocultó más de un millón de dólares. Esta petición fue tramitada por la Corte Suprema pero los diputados no apoyaron el retiro de inmunidad. La segunda ocurrió en octubre del mismo año después de que medios revelaran que Morales recibió más de 60 mil dólares de sobresueldo por parte del ejército. En ese momento la Corte rechazó la petición y el presidente devolvió el dinero.
Fuente: AP
