Las nuevas pruebas mensajes de los celulares de los involucrados llevan hacia una red de grupos y movimientos, muchos de ellos neonazis con vínculos a figuras políticas de la oposición y empresarios.
Por Stella Calloni
La investigación sobre el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, del pasado día 1, por la cual la jueza María Eugenia Capuchetti, dictó ayer el procesamiento de los dos primeros detenidos: Fernando Sabag Montiel, quien disparó con un pistola a escasos centímetros de la cabeza sin que saliera la bala, y su cómplice, Brenda Uliarte, decisión que podría ampliarse a los otros detenidos en la misma causa.
Los otros dos detenidos, Agustina Díaz y Gabriel Nicolás Carrizo, fueron indagados este viernes, este último que negó toda complicidad en el atentado, pero los mensajes de los celulares y otras pruebas hablan de su cercanía con los acusados y de conocer el plan que se preparaba.
A los procesados se le imputa tentativa de homicidio calificado agravado por la portación ilegal de armas de fuego proveniente de un robo y acopio de municiones sin autorización, entre otros delitos por los cuales podrían corresponderles unos 15 años de prisión. Continúan acumulándose pruebas y se cruzan decenas de mensajes de los celulares retenidos.
También se analiza si existe alguna relación entre la idea de Uliarte y Sabag de alquilar en Recoleta un departamento frente el edificio donde vive Cristina Kirchner para saber de dónde iban a obtener el dinero. Además, se investiga la presencia de la abogada Gladys Egui, quien se supone alquila un cuarto en la casa de Ximena Tazanos Pitnto, quien vive en el departamento arriba del que habita Cristina Fernández de Kirchner.
Ahora se sabe que Egui representa como abogada a integrantes del movimiento de Revolución Federal (RF), creado en mayo pasado, entre los que figura Leonardo Sosa y Gastón Guerra, cuyos delitos puede citarse el intento de incendiar la casa de gobierno en una manifestación de antorchas en julio pasado.
Existen fotos de dos dirigentes de RF, Tezanos Pintos y Egui, que se reunieron el 28 de agosto pasado en el departamento de la “vecina”. Uno de los aspectos más polémicos es el caso de Tezanos Pimtos, de familia diplomática de derecha y que trabajó durante años como agente de inteligencia de las dictaduras y de partidos de la ultraderecha nacional.
Tanto Sabag Montiel como Uliarte tenían relaciones y participaban de las manifestaciones siempre violentas de RF, que recibió recursos de empresarios. De acuerdo a la revista Digital y radio El Destape, la agrupación recibió recursos del empresario Nicolás “Niky” Caputo, amigo íntimo del ex presidente Mauricio Macri. Se investigan también los movimientos bancarios de los acusados y de RF.
Entre otros investigados están los grupos Nación de Despojados”, aliado de RF, y Republicanos, que ya podrían estár siendo investigados activamente. Según información judicial del canal C5N, la hipótesis de la justicia es conocer si el grupo empresario financia con mucho dinero a la organización y o las organizaciones de accionar violento que podría ayudar al crecimiento de estos sectores, especialmente después del intento de magnicidio y las amenazas de muerte contra el presidente, Alberto Fernández, y otros funcionarios.
En tanto, la oposición derechista de Juntos por el Cambio no ha modificado sus acciones de estimular a sectores violentos, como es el lenguaje y el mensaje propagandístico de odio de sus medios de comunicación, a pesar de los llamados a la reflexión y al diálogo, que aún parece lejano.
Por estas horas en algunas intervenciones de políticos afines al gobierno del presidente Fernández hablan de una posible reunión de la vicepresidenta con Macri, ante el llamado de Fernández Kirchner sobre la urgencia de llegar a un diálogo por la gravedad de la situación nacional e internacional. El mandatario dio su apoyo a la posibilidad de una reunión.
Es un momento clave, ya que se anuncian novedades importantes en lo económico, cuando la situación social por los aumentos de los precios, está movilizando a la población en todo el país.
Fuente: La Jornada
