La unidad entre las víctimas de la delincuencia permite presionar y negociar con el gobierno más eficazmente: da notoriedad a la lucha, la fortalece y crea lazos útiles para enfrentar el poder y la corrupción del Estado. Consciente de ello, la administración federal inhibe la organización de los afectados; inventa, coopta y financia grupos, y privilegia ciertos casos en detrimento de la mayoría. Algunas asociaciones cayeron en la trampa, y han decidido ver por sus intereses particulares en vez de mantener un frente común. El protagonismo, la desesperación y la multiplicación de agrupaciones deshonestas terminan de explicar por qué, habiendo tantas víctimas, hay tan poca articulación entre ellas.
Por José Gil Olmos/ Proceso)
Además de ser víctimas de la violencia, los familiares de desaparecidos, extorsionados, muertos o desplazados sufren otro agravio por parte de algunas organizaciones y autoridades gubernamentales, que los utilizan para obtener recursos o financiamientos públicos o privados, nacionales o extranjeros… pero nadie resuelve las demandas de justicia.
Las víctimas temen que si denuncian habrá represalias de quienes se ostentan como sus representantes, y las organizaciones honestas callan ante el riesgo de que se desaten confrontaciones y se dificulte la creación de un frente único de familiares que presione al gobierno.
Brenda Rangel, de Desaparecidos Justicia de Querétaro, advierte que entre los grupos ciudadanos el problema de las desapariciones “se puso de moda”, y ahora cualquiera se siente defensor de derechos humanos, activista, y quiere ser puente con el gobierno federal.
“Se cuelgan la medalla de que son representantes de las víctimas y piden recursos. Hay defensores de derechos humanos que sí han trabajado y caminado con nosotros, pero desde hace tiempo existe gente que se aprovecha de nosotros y está lucrando con nuestro dolor”, asevera Brenda, cuyo hermano Héctor desapareció en 2009.
Este juego de intereses, abunda, provoca que muchos afectados dejen de luchar. Y esto le conviene al gobierno, porque impide que las víctimas se organicen y programen movilizaciones, paros o manifestaciones.
“Ya estamos hartos de esta gente que se lleva dinero a sus bolsillos, que juega con nosotros u obstaculiza nuestras demandas. Y si no entras dentro de su riel te ponen el pie, porque tienen contactos con la PGR (Procuraduría General de la República), la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada) y la Secretaría de Gobernación (Segob)”, manifiesta Brenda, para quien Amnistía Internacional pidió medidas cautelares en 2013, luego de que fuera acusada por policías de Querétaro de tener armas en su casa.
Javier Sicilia, fundador del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), confirma que algunas asociaciones se aprovechan de las familias afectadas, entre ellas, Eslabones por los Derechos, Familiares en Búsqueda de Desaparecidos y Red de Enlaces, las cuales tienen vínculos con la administración federal.
Otras organizaciones no gubernamentales (ONG), sostiene el escritor, “tienen sus propias víctimas”, que usan para obtener financiamiento.
Explica que este fenómeno también se da en las luchas ambientales. “Los grandes capitales son los mismos que financian a las organizaciones no gubernamentales, que por eso llegan divididas”.
–¿Hay también un problema de protagonismo que haya dañado esta unificación? –se le pregunta.
–Sí, es la competencia de las ONG por un liderazgo que no entiendo. Creo que lo que está de fondo es el financiamiento nacional y extranjero. Entonces se vuelve un círculo vicioso, y se rompe con un momento político importante que significaría unir a todos los agraviados para transformar las políticas públicas generadoras de víctimas.
Según el colaborador de este semanario, estas organizaciones son un respiro para el gobierno, que puede negociar de manera aislada con cada una.
“Es más fácil hablar con los 43 de Ayotzinapa por un lado, con Los Otros Desaparecidos, por otro, y no con un movimiento político que unifique todas las demandas.”
Por eso fue tan importante, delinea, que el MPJD haya aglutinado a diferentes organizaciones en 2011 y 2012, al grado de que obligó a sentarse a dialogar públicamente al presidente Felipe Calderón y a los candidatos presidenciales.
–¿Qué pasó con el MPJD?
–Le apostaron a la ruptura desde el Estado, generaron divisiones entre las propias víctimas y surgieron otras organizaciones gubernamentales como Eslabones, Familiares en Búsqueda de Desaparecidos, Red de Enlaces y otras más planeadas desde la propia Segob.
–También ha habido personajes que han lucrado con esto…
–Todas las ONG lucran con las víctimas, por eso son incapaces de juntar la agenda de todas las agrupaciones, porque cada una pelea por sus víctimas, cada una dice representar a un puñado de gente.
“Es lo mismo que sucede con la izquierda en Europa, que está dividida porque hay un montón de facciones que viven de eso y el gobierno negocia con cada una. Por eso el populismo de derecha está creciendo, porque parece que es el único con una forma de enfrentar el problema.”
Sicilia percibe que algunas ONG creen generar procesos políticos con su lucha, pero al dividirse –poniendo su interés particular por encima del de las víctimas– actúan en sentido contrario.
“Le facilitan el trabajo al gobierno, que está muy contento porque es más fácil negociar con muchos grupos fragmentados que con un movimiento único”, insiste Sicilia.
–Se menciona que hay personajes que han buscado beneficiarse con las víctimas, como Isabel Miranda de Wallace, que quiso ser candidata por el PAN en las elecciones pasadas…
–Sí, es el ejemplo, o la Comisión de Atención a Víctimas, que no ha ejercido el presupuesto. Ahí ganan buenos salarios pero no están haciendo nada por los afectados, sino por el propio gobierno y el statu quo.
–Es un tema crítico porque los agraviados siguen sin conseguir justicia.
–Exactamente, dicen que los atienden pero no es así. Los hacen ir y venir y seguimos en la misma lógica de la época de (Felipe) Calderón, cuando los despreciaban. Es la simulación.
Sicilia pone énfasis en otro problema: el enfrentamiento y la división entre las familias de las víctimas, que compiten por la atención de las autoridades. Esto ocasiona el rompimiento de la precaria unidad.
La desunión
Blanca Martínez es la coordinadora de 50 colectivos de familiares que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MND). Es el único grupo que ha logrado cohesionarse a escala nacional.
Integrante de una de las primeras asociaciones de parientes de desaparecidos (conocida como Fundec: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila), considera que el impacto de la violencia no ha permitido generar las condiciones sociales para unificar la lucha.
En contraparte, arguye, la discusión de la Ley General de Desaparecidos generó un espacio de organización en diferentes estados, que permitió el surgimiento del MND.
“Aunque muchas veces las agrupaciones coincidimos en espacios, eventos y nos convocábamos, ésta es la primera experiencia de articulación nacional. Esto me parece muy importante porque vamos poco a poco hacia la construcción de una agenda más unitaria”, expresa Martínez.
–¿Qué consecuencias tiene esta falta de un frente común? –se le inquiere.
–Favorece la evasión de responsabilidad del Estado de acercar justicia y garantizar la no repetición de los crímenes que hemos vividos estos años. Si el pueblo no reclama, no demanda o no exige, se da un caldo de cultivo para que se reproduzca la impunidad. En la medida que se organice y exija, se pone en jaque al Estado y debe haber una respuesta. De otra manera todo se queda en la invisibilidad y la pérdida de memoria.
Brenda Rangel, de Desaparecidos Justicia A. C., considera que la desunión entre las familias de víctimas también se genera por los protagonismos e individualidades de algunos que sólo ven por su caso.
A su juicio, el gobierno se aprovecha de eso para decir que está atendiendo el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa como si fuera el único o el más importante.
“No hay casos emblemáticos, tan importante es la desaparición de mi hermano como las de Ayotzinapa. El gobierno concentra todo en los 43 y asignó a todos los agentes del Ministerio Público federal, olvidando a más de 27 mil desaparecidos que nadie los atiende. Y esas luchas no las podemos continuar aisladas, nos tenemos que unir. Yo convoco a las familias de desaparecidos a no perder nuestro objetivo, porque algunos han aceptado colaborar con el gobierno para sacar un beneficio personal”, indica Brenda.
Concentrar la atención en los estudiantes normalistas es parte de una estrategia perversa del Estado, sostiene Blanca Martínez: “El gobierno ha querido presentarlo como el único caso y hacer un manejo político internacional. Hacia el exterior se muestran todas las instituciones concentradas en Ayotzinapa, pero el problemas de las desapariciones es más grande. Además, invisibilizar al resto de desaparecidos genera malestar en las otras familias, las cuales se han controlado, se callan y no responden peleando junto a las familias de Ayotzinapa”.
Sicilia menciona la existencia del “síndrome de la víctima”, que consiste en que cada familia piensa que su dolor es el más fuerte y su clamor de justicia, el más importante.
“Trasladar un drama personal al drama nacional no es fácil. El síndrome de la víctima es que el dolor, el clamor de justicia es sólo de ella, no hay otro más importante. Entonces se van agrupando en organizaciones separadas y el gobierno es muy hábil para eso, porque es mejor negociar con unos o con otros a hacerlo con un frente, porque se vuelve un movimiento político”, concluye.
Fuente: Proceso
