Las operaciones mineras de Grupo México constituyen una amenaza para la población, la ecología y el desarrollo, sentencia la comisión de diputados que investiga el desastre ambiental de Sonora
La comisión legislativa que da seguimiento al derrame de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora concluyó que la empresa Grupo México expuso “y sigue exponiendo al peligro” a los pobladores de los siete municipios afectados.
La compañía de Germán Larrea, agregó, se condujo con falsedad desde un primer momento, ya que a pesar de tener conocimiento del derrame, durante varios días se abstuvo de dar aviso oportunamente a las autoridades correspondientes.
En un informe que presentó a la Junta de Coordinación Política, el presidente de la comisión especial, el priista Marco Antonio Bernal, expresó que Grupo México y su filial, la mina Buenavista del Cobre, siguen exponiendo al peligro a la población afectada, “sin caber la menor duda de que la empresa minera incurrió en delitos en materia ambiental”.
Además, dijo que la extracción de las riquezas minerales no ha ayudado a elevar el nivel de vida de los sonorenses, y que lejos de actuar como una empresa responsable, respetuosa del medio ambiente y solidaria con la población de la zona, Grupo México “ha puesto en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región”.
Y por si fuera poco, subrayó, se ha abstenido de explicar en función de qué criterios se está indemnizando, cómo se han cuantificado los daños y con qué recursos se está pagando, pese a que la empresa fue requerida para entregar dicha información a la comisión especial.
Por ello, Bernal Gutiérrez llamó de manera urgente a las autoridades para que cuantifiquen los daños económicos, sociales y ambientales, entre otros, “debiendo responder del daño ambiental causado, y compensando, resarciendo, restaurando e indemnizando, independientemente de las sanciones administrativas, civiles y penales que conforme a la legislación corresponda”.
Consideró que la mina Buenavista del Cobre ha incumplido con los derechos laborales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “pues así lo pone de manifiesto el conflicto laboral con la Sección 65 del Sindicato y la restricción de la mina para contratar a trabajadores de Cananea y/o ligados a extrabajadores miembros de la sección sindical 65”.
En su documento, el grupo parlamentario recomendó la creación de un Fondo de Desarrollo Regional, solventado por la empresa, “que comprenda todos los aspectos básicos para la reactivación económica y social de Sonora (…), como un mecanismo compensatorio que restituya la equidad distributiva con un piso inicial de 5 mil millones de pesos, aportado por la empresa, y detone el potencial de desarrollo que Grupo México le ha escamoteado a la entidad”.
En caso de ser aprobado por el pleno, se emitirá una copia del reporte a la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencias éstas dos últimas a las que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, corresponsabilizó del desastre ecológico en el río Sonora, ya que por “omisión o encubrimiento”, dijo, no actuaron para evitarlo.
El pasado martes 9, el mandatario estatal aseguró que desde antes del 6 de agosto, cuando se derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico, delegados federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Semarnat y de Conagua sabían de las irregularidades en el manejo de contaminantes en la mina Buenavista del Cobre.
Todos ellos incurrieron en negligencia porque no cumplieron con su responsabilidad de verificar la aplicación de las normas de funcionamiento de la mina, apuntó, e incluso exigió la renuncia del titular de la Profepa, Guillermo Haro Belchez.
Dos días, Padrés evitó hablar más del asunto y manifestó que todo eso se trataría de forma institucional en una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el viernes 12.
No obstante, la dependencia emitió ese mismo día un comunicado para cancelar el encuentro con el gobernador de Sonora “hasta en tanto no existan las condiciones necesarias para un diálogo constructivo y respetuoso”.
Fuente: Proceso
