Jesús Alberto Capella llegó con fama de superpolicía a Morelos y con la encomienda de sacar a la entidad del “top cinco” de las más inseguras. Se le dieron amplias atribuciones y recursos, pero acabó presentando su renuncia. En su carta de separación –que aún no ha sido aceptada por el gobernador de la entidad, Graco Ramírez– explica que la politización del combate a la violencia lo orilla a alejarse. Mientras tanto, Morelos sigue hundido en asesinatos, secuestros y violaciones.
Por Jaime Luis Brito/ Proceso
El pasado lunes 12, el comisionado de Seguridad de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, puso su renuncia sobre la mesa del gobernador Graco Ramírez. Estaba harto de “la clase política”, asentó, de sus “ánimos revanchistas” y las “enemistades” que tornan aún más complicado el combate al crimen.
El documento fue filtrado alrededor de las siete de la noche por un funcionario de alto nivel del gobierno de Ramírez. Mientras la carta circulaba en las redes sociales y los periodistas buscaban la confirmación, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Mando Único entraron en crisis.
A las nueve de la noche, Capella Ibarra debió salir a las redes sociales para reprochar la filtración –que atribuyó a “grupos delincuenciales o algún policía corrupto que todavía tenemos por ahí”– y afirmar que continuaba en el cargo, pero nunca afirmó claramente que la carta filtrada fuera falsa. Porque no lo es. La misiva es tan cierta como el hecho de que sigue sobre la mesa del mandatario, tal como el servidor público confesó al diario Reforma al día siguiente. Proceso buscó a Capella para una entrevista, pero la rechazó con el argumento de que su agenda está llena.
A partir del lunes 12 comenzó a correr el plazo que él mismo se puso en la carta, de 45 días, a fin de “cerrar círculos” y hacer la transición. Para que el perredista Graco Ramírez decida quién ocupará su cargo. Entre tanto, el estado vive el peor año en materia de seguridad pública en la actual administración.
En el fondo hay varios asuntos. Destaca el hecho de que el esquema del Mando Único nunca se consolidó: la violencia no se redujo, continúa la infiltración de los cuerpos policiacos por parte de los grupos criminales y los policías siguen con los mismos sueldos.
Otro aspecto notorio es que a la llegada de Capella, el Congreso local decidió recortar las participaciones a los municipios en 5%, lo que se tradujo en una reducción real de 25% de los ingresos municipales. Este ahorro –de mil 100 millones de pesos– debía fondear el combate al crimen, pero no se consiguieron resultados tangibles.
La llegada
Proveniente de Tijuana, donde fue el responsable de Seguridad Pública y dejó algunos pendientes en materia de rendición de cuentas, Capella llegó a Morelos el 6 de enero de 2014, con la recomendación de la Secretaría de Gobernación federal bajo el brazo y el aura de ser un “superpolicía” que –en su calidad de abogado– “enfrentó a balazos” en el norte del país a un grupo de presuntos delincuentes.
Su antecesora en Morelos, la también abogada Alicia Vázquez Luna, amiga de Graco Ramírez, tuvo que dejar el puesto en medio de la presión de los diputados locales de la anterior Legislatura, pues al acudir a una reunión con vecinos de Jiutepec, la entonces secretaria de Seguridad Pública acusó a los diputados de llamarla para “pedirle favores”… como liberar a delincuentes.
Alguien grabó los dichos de la funcionaria y luego los filtró a la prensa. Entonces estalló la bomba. Los diputados locales se indignaron y armaron un escándalo. Vázquez Luna debió comparecer ante el pleno del Congreso local y soportar la metralla de todos los grupos parlamentarios.
Lo que dijo en la reunión con vecinos de Jiutepec aludía al entonces diputado por el Partido del Trabajo Alfonso Miranda Gallegos, exalcalde de Amacuzac y tío de Santiago Miranda Mazari o Santiago Miranda Hernández, mejor conocido como El Carrete, líder del grupo delincuencial Los Rojos. El legislador, duramente cuestionado en toda su gestión, supuestamente intercedió por uno de sus trabajadores, detenido en un retén de la Policía Estatal con una camioneta remarcada y, todo parece indicar, robada.
Miranda Gallegos acudió al retén y exigió a los agentes que liberaran a su colaborador. Se ostentó como diputado y amenazó a los policías. Al final terminó llamando a la secretaria Vázquez, a quien le pidió que liberara a su ayudante, no sin proferir nuevos amagos.
En ese contexto llegó Capella. Provocó una modificación a la ley, pues no podía ser nombrado secretario de despacho porque provenía de otra entidad. Así, la Secretaría de Seguridad Pública desapareció y en su lugar se creó la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que formalmente depende de la Secretaría de Gobierno, aunque en la práctica Capella le reporta directamente al gobernador.
Con recursos económicos y con todo el control de la policía, el funcionario comenzó a actuar y dio algunos golpes que parecieron espectaculares. En 2014 casi cada semana caía un nuevo líder delincuencial, según informes de la dependencia.
En contraparte, y según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el sexenio de Ramírez la extorsión y el secuestro no han bajado en comparación con los de los panistas Sergio Estrada Cajigal y Marco Adame Castillo. Y, en general, Morelos sigue en los cinco primeros lugares en materia de violencia.
Además, de acuerdo con el Índice 2015 del Instituto de Economía y Paz, la entidad ocupa el lugar 30 de 32: es una de las virulentas. Ocupa el segundo lugar en “violencia”, el tercero en homicidios y el sexto en “delincuencia”.
De hecho, si se hace un comparativo basado en cifras oficiales, se percibe que en el gobierno de Marco Adame –que contó con muchos menos recursos contra la inseguridad– se registraron 5 mil 745 homicidios, 79.79 por mes en promedio, de octubre de 2006 a septiembre de 2012 (72 meses). En tanto, con Graco Ramírez, del 1 de octubre de 2012 a abril de 2016 (43 meses), se contaron 3 mil 307 homicidios, es decir, 76.91 homicidios en promedio cada mes.
En materia de secuestro, en los mismos periodos, Adame contó 156 plagios denunciados: 2.17 por mes, de media; mientras que en el gobierno de Ramírez se han registrado 342, es decir, 7.95 en promedio mensual. Y, finalmente, en violaciones, el panista registró 2 mil 86 (28.97 al mes), en tanto que con el perredista van mil 515: un promedio de 35.23 cada 30 días.
En relación con los feminicidios, durante el sexenio de Ramírez el estado se convirtió en el segundo en emitir la Alerta de Violencia de Género, declarada el 10 de agosto de 2015. Sin embargo, el número de asesinatos violentos de mujeres va en aumento. De hecho, 2016 será el año más virulento para las morelenses en lo que va de la actual administración: a estas alturas ya son 54 feminicidios y todavía falta la mitad de diciembre, que generalmente es el mes más sangriento del año.
De acuerdo con la coordinadora del Comité contra el Feminicidio en Morelos (Cocofem), Ixlol Preciado Bahena, a pesar de la alerta “no se han registrado cambios, más bien la violencia crece y se ve reflejada en el número de feminicidios. Podemos afirmar que la alerta ha sido un fracaso”.
Pero no todo es culpa del Mando Único. En materia de procuración de justicia la administración del perredista tabasqueño tiene número rojos. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2016, de los crímenes cometidos durante estos años únicamente se ha iniciado proceso penal en 3% de los casos.
Capella aludió al problema tras el asesinato –el 2 de noviembre pasado– de cuatro estudiantes de la Preparatoria de Jojutla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). En un operativo del Mando Único cinco de los presuntos asesinos fueron detenidos. Capella expresó que uno de los capturados ya había sido aprehendido en varias ocasiones por diversos delitos, y siempre logró salir libre.
El fin del Mando Único
La carta de renuncia de Jesús Alberto Capella Ibarra lo muestra cansado y en medio de presiones por las “enormes enemistades y ánimos de revancha especialmente de aquellos dedicados a actividades ilícitas o aquellos malos servidores públicos acostumbrados a la corrupción y a la ineficiencia”.
Sin embargo, el problema de fondo es que Graco Ramírez torpedeó el esquema del Mando Único, pues según diversas fuentes consultadas los recursos que deberían destinarse al mejoramiento de las condiciones laborales de los policías, su equipamiento y capacitación dejaron de ir a los rubros requeridos. Esto se tradujo en malos o nulos resultados de la estrategia.
Aunado a ello, la propuesta de Mando Mixto propuesta por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto –y que Graco Ramírez presumió como propia– ya ni siquiera se discutirá en el Congreso. Está en la congeladora.
Hace unas semanas Ramírez presentó su “nuevo modelo de seguridad pública” y afirmó que lo importante era ahora una “policía de proximidad”, lo que contradice el discurso que había mantenido. Además, creó los Comités de Vigilancia Vecinal (Comvives) con la intención de “involucrar a los ciudadanos en materia de seguridad pública”.
En la entrevista a Reforma Capella habla de un clima de “distorsión política” que “trata de deslegitimar lo que estamos haciendo. (…) Cuando eso ya va subiendo de tono y la seguridad pública se convierte en un factor de conflictos políticos ya es sumamente preocupante”.
Por lo pronto, Capella se mantendrá en el cargo y es probable que, ante la falta de resultados del Mando Único, lo que se busque en los próximos 45 días sea devolver el control de la policía a los municipios. O sea, regresar al esquema anterior, que también demostró su fracaso.
Fuente; Proceso
