Un grupo de 16 periodistas, algunos integrantes de cuatro organizaciones civiles, viajó a Veracruz para documentar el seguimiento judicial respecto al asesinato del periodista Gregorio Jiménez. En un informe concluyen que la Procuraduría de Veracruz debe reconocer que el asesinato de Gregorio Jiménez se vincula fuertemente con su labor periodística y exigen que la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión haga uso de todos sus fundamentos jurídicos para atraer la investigación, concluirla y consignarla ante un juez federal, para que éste procese y sancione a los responsables.
El siguiente es un resumen ejecutivo. Dar clic para consultar el informe completo: Gregorio: asesinado por informar
Los días 15, 16 y 17 de febrero, un grupo de 16 periodistas, algunos miembros de cuatro organizaciones de defensa de la libertad de expresión (Reporteros Sin Fronteras / Periodistas de A Pie / Casa de los Derechos de Periodistas / Sociedad Interamericana de Prensa ), integramos una Misión de Observación con el fin de investigar el secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.
Viajamos a Coatzacoalcos y Xalapa y nos entrevistamos con más de 60 comunicadores: reporteros, editores y directivos de medios de información; con familiares y amigos de Gregorio, así como con autoridades estatales y federales. Tuvimos acceso al expediente que integró la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y revisamos las notas publicadas por Gregorio en los seis meses anteriores a su asesinato. Visitamos el domicilio donde ocurrió el secuestro y el lugar donde fue localizado el cuerpo del periodista una semana después.
Hoy presentamos este informe como resultado de ese trabajo en equipo, en el que analizamos las posibles causas que motivaron el crimen de Gregorio, el contexto en el que realizaba su trabajo y la actuación de las autoridades.
El secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez no puede entenderse sin abordar el alarmante contexto de violencia en Veracruz, particularmente la zona sur de la entidad. La inacción del gobierno en materia de seguridad y justicia repercute de manera clara y decisiva en el trabajo cotidiano de los comunicadores. Estos factores explican la lista de periodistas asesinados, desaparecidos, desplazados y las muchas y constantes agresiones a la libertad de expresión en el estado.
Es por esto que el presente informe incluye una radiografía del ejercicio periodístico en Veracruz: testimonios y hechos que sustentan las condiciones laborales precarias y riesgosas en las que los comunicadores trabajan.
En cuanto a las investigaciones oficiales del caso, en el expediente del crimen de Gregorio Jiménez existen pruebas contundentes de que fue secuestrado y asesinado por su ejercicio periodístico; sin embargo, la autoridad ministerial evade reconocer que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión por parte de un grupo del crimen organizado que opera en la zona sur de Veracruz.
La Procuraduría de Justicia de Estado sólo se enfocó en demostrar una línea de investigación, cuando existen pruebas claras para abordar otras dos posibles líneas que podrían revelar toda una estructura criminal.
El Ministerio Público no indagó y mucho menos profundizó en el trabajo periodístico de Gregorio, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República. Ninguna de las herramientas de trabajo del periodista han sido analizadas: ni la computadora que Gregorio tenía en su casa ni su cámara fotográfica -que intentaron llevarse los secuestradores- estuvieron sometidas a revisión.
Los testimonios, pruebas y diligencias que hilvanan el expediente del caso de Gregorio, muestran las deficiencias e inconsistencias de la actuación de las autoridades que atendieron la emergencia del secuestro. Por ejemplo: el expediente no documenta el despliegue de las fuerzas policíacas para la localización del reportero, por lo que no hay una confirmación oficial de si existió la acción y cómo se llevó a cabo: en qué momento comenzó, cuántos efectivos participaron, cómo se organizaron, en qué lugares y cómo buscaron, qué implementos técnicos usaron y cuánto tiempo duró toda la operación. Una de las preguntas esenciales es si la actuación por parte de los cuerpos de seguridad fue realmente oportuna y eficaz.
También encontramos fallas que podrían incidir a favor de las seis personas que hasta ahora han sido acusadas. Por ejemplo, faltan órdenes de cateo, pruebas y dictámenes periciales, además de la verificación de hechos y de información por parte de los investigadores.
En el expediente no se explica cómo descubrieron quiénes eran los responsables, cómo los ubicaron y cómo llegaron a la casa de seguridad en la que supuestamente permaneció Gregorio y a las fosas clandestinas donde encontraron su cuerpo.
Las declaraciones de prácticamente todos los detenidos sólo aportan la información más básica sobre los hechos, y las autoridades no los cuestionaron, no profundizaron, no verificaron ni documentaron.
Las acusaciones se sostienen, principalmente, con la confesión de José Luis Márquez Hernández, quien se asume como el autor material y líder de la célula que secuestró y asesinó a Gregorio. La Procuraduría está obligada a fortalecer estos indicios, de lo contrario, como ocurrió en el caso de la periodista Regina Martínez, los detenidos podrían ser liberados.
Algunos de los detenidos aseguran que fueron torturados para autoinculparse. En el expediente no existen certificados médicos que acrediten su situación física y mental antes y después de rendir su declaración. Así mismo, llama la atención que días después de que les dictaron auto de formal prisión, habitantes de Las Choapas denunciaron que supuestos elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) “detuvieron” a nueve habitantes del municipio, cuando buscaban a los responsables por el secuestro del periodista. Después de 24 días aparecieron siete de las personas retenidas de manera ilegal y continúan desaparecidos una menor de 14 años y el joven Natividad Cacho Gómez. Es absolutamente necesario que la Procuraduría aclare estos hechos y señale responsables.
La Procuraduría Estatal, al menos en el discurso oficial, sostiene que las investigaciones sobre el asesinato de Gregorio continúan, pero en los no ha mostrado avance. Puesto que es evidente que aún falta por profundizar en las indagatorias, el caso no puede ni debe considerarse cerrado.
De las pesquisas son corresponsables la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que también están obligadas a investigar el caso y, a pesar de ser áreas especializadas, tampoco han dado a conocer avances.
Recomendaciones
Del análisis realizado por la Misión de Observación a lo largo de cinco capítulos en este informe, se desprenden las siguientes recomendaciones a las autoridades locales y federales, y a los dueños y directivos de medios de comunicación:
1. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz debe reconocer que el asesinato de Gregorio Jiménez se vincula fuertemente con su labor periodística.
2. La Procuraduría del Estado debe subsanar las fallas señaladas en este informe, aclarar, precisar y abundar hasta agotar la línea de investigación sobre el trabajo informativo del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.
3. Reiteramos nuestra solicitud a la procuraduría de Veracruz para que permita a esta Misión el acceso a otros expedientes de investigación de asesinatos y desapariciones de periodistas en el estado.
4. Exigimos que la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), haga uso de todos sus fundamentos jurídicos para atraer la investigación, concluirla y consignarla ante un juez federal, para que éste procese y sancione a los responsables.
5. Que la FEADLE publique un reporte detallado de por qué no atrajo de forma inmediata el caso del periodista Gregorio Jiménez.
6. Exigimos que de acuerdo a las leyes nacionales y tratados internacionales, se brinden todas la medidas de seguridad a la familia de Gregorio Jiménez, ya que no sólo son víctimas sino testigos de un delito.
7. Solicitamos al gobierno del estado que establezca un fondo permanente de apoyo a familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en esa entidad y que su implementación se realice bajo la supervisión de organizaciones de la sociedad civil y periodistas.
8. Es necesario que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el estado de Veracruz reconozcan públicamente la situación adversa que enfrentan los periodistas y medios de comunicación en ese estado.
9. Es urgente promover una ley de protección de derechos para el ejercicio periodístico, que reestructure la Comisión de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, de manera que esta instancia tenga capacidad para ser un Mecanismo de Protección.
10. La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas debe, además, dar un informe detallado de la forma en que ha ejercido los recursos presupuestales y concretamente en el caso de Gregorio Jiménez debe presentar un informe de cómo ha actuado.
11. Es necesaria una adición al Código Penal del estado para tipificar como delito grave las acciones de quienes obstruyan, impidan o atenten contra periodistas, instalaciones de medios de comunicación y cualquier otra persona que ejerza sus derechos de libertad de expresión y de información.
12. Es necesario diseñar una política pública que permita a la Contraloría Estatal revisar de manera autónoma el desempeño que ha tenido la Procuraduría de Justicia del Estado en las investigaciones de delitos cometidos contra periodistas, y sancionar por omisión o negligencia a quienes hayan incumplido en sus funciones.
13. La Fiscalía Especial de Atención a Periodistas y Delitos Electorales del Estado de Veracruz debe dar un informe amplio y detallado de los avances en todas las investigaciones a su cargo.
14. Debido a las altas cifras de agresiones a periodistas en Veracruz es necesaria la creación de una fiscalía autónoma.
15. Debe crearse una ley que regule la publicidad oficial en el estado de Veracruz.
16. A las empresas periodísticas en el estado de Veracruz, consideramos urgente que cumplan con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Estamos convencidos que la seguridad de los periodistas empieza por recibir un trato como profesionales y para ello deben garantizar sus derechos laborales plenamente. Recomendamos también crear y promover protocolos de seguridad; así como dar capacitación a los voceadores de periódicos para que difundan las noticias de manera profesional y no contribuyan a incrementar el riesgo a la labor de los periodistas.
17.- A las empresas Notisur y Liberal del Sur se les pide crear un fondo económico de apoyo para la manutención de la familia de su trabajador Gregorio Jiménez de la Cruz.
Los miembros de esta Misión estamos convencidos de que iniciativas colaborativas como ésta pueden ser un mecanismo para ayudar a frenar la censura y la impunidad por la falta de resultados en las investigaciones que deben llevar a cabo las autoridades.
Que sea esta una invitación para dar un paso más en defensa de la libertad de expresión y contra la impunidad que envuelve la mayor parte de los casos de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas en México.
El informe completo lo puedes consultar aquí: Gregorio: asesinado por informar
