Los gobiernos federal, estatal y municipales mexiquenses de sello priista organizaron un multimillonario esquema para intentar que su candidato a la gubernatura, Alfredo del Mazo, dé color en las encuestas y pueda imponerse en las elecciones del próximo 4 de junio. Una investigación de Proceso revela la creación de tres “subsistemas” orientados a atraer votantes, comprar sufragios y presionar a la ciudadanía. Si eso no bastara, lo cierto es que quien fungirá como árbitro de los comicios –el Instituto Electoral de la entidad– se halla cooptado hasta la médula por el PRI.
Por Veneranda Mendoza
Toda la maquinaria de los gobiernos priistas en sus tres niveles —federal, estatal y municipal— se encuentra volcada para apuntalar a su candidato a la gubernatura en el Estado de México, Alfredo del Mazo. No escatima mecanismos, no repara en recursos, no se deja acotar por la ley. Y lo hace a marchas forzadas.
Según operadores del PRI, empleados de alcaldías, documentos oficiales y partidistas, delegados municipales, “promotores” del voto y dirigentes opositores, así como fotografías, videos y formatos de enrolamiento —todos consultados por Proceso—, la estrategia electoral priista en el Estado de México se basa en tres estructuras operativas: La G, del gobierno; la P, que designa al PRI, y la H, que identifica a los ayuntamientos, pero también echa mano de estructuras alternas, como gremios y sindicatos oficiales.
Estructura H
El PRI gobierna 82 de los 125 municipios en la entidad, incluidos muchos de los más poblados: Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca, por mencionar algunos. Con base en la propia información oficial, desde noviembre pasado y hasta el último día de marzo, a través de las alcaldías el gobierno del estado proporcionó a los mexiquenses apoyos como luminarias, despensas, materiales de construcción y canastas de frutas y hortalizas.
En estos momentos, por ejemplo, muchos municipios priistas tienen levantado el asfalto de su plaza principal, y la indicación es repavimentarla días antes de la contienda del próximo 4 de junio para que el trabajo quede fresco en el imaginario colectivo a la hora de emitir su voto, afirman empleados y exempleados del PRI.
El pasado martes 2, alrededor de las 10:00 horas, cientos de vecinos se conglomeraron en un salón de fiestas y campo de gotcha administrado por Gerardo Barajas, secretario técnico del ayuntamiento de Coacalco (actualmente gobernado por el PRI), y propiedad de la priista María Luisa Marina de Suárez, expresidenta municipal.
En el lugar, a cambio de una copia de la credencial de elector, los convidados recibieron “un apoyo” de 900 pesos, como quedó documentado en un video que grabó Agustín Barrera, secretario de Organización del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
10×10
Trabajadores de municipios gobernados por el PRI sostienen que en sus ayuntamientos la regla básica de operación electoral es la llamada 10×10. Cada mando medio —desde jefes de departamento hasta directores generales— está obligado a convencer y comprometer a 10 personas a que voten por el PRI. Cada uno, a su vez, convencerá a otra decena que también tendrá el compromiso de reclutar a 10, para multiplicar exponencialmente los sufragios en favor del priismo.
En otras ocasiones, los mandos medios y empleados han tenido promesas de “motivación económica” por entrar a este esquema. Pero ahora, informan trabajadores inconformes, no se les ha ofrecido bonificación. Deberán realizar esa tarea a cambio de su salario normal. Tan sólo en la estructura HT, como se identifica al ayuntamiento de Toluca, existen 466 mandos medios. Si todos siguen ese esquema el PRI alcanzaría 466 mil votantes registrados con nombre, teléfono y dirección. La propia administración municipal —refieren empleados y exempleados— cree tener, además, un “colchón” de 40 mil votos.
Estructura P
La estructura P se integra por la militancia activa del partido, desde dirigentes estatales y municipales hasta miembros de los comités seccionales. También participan ediles y legisladores. Para moverse, el PRI recibirá este año un financiamiento público de 225 millones 471 mil 152 pesos. Para campaña, sólo podrá emplear 73 millones 671 mil pesos, si es que se ciñe a lo que marca la ley.
En conjunto con sus aliados, en prerrogativas públicas podrá encaminar 91 millones 804 mil 964 pesos para la obtención del voto: en 2017 Encuentro Social (PES) tendrá ministraciones por 55 millones 360 mil pesos, pero sólo 18 millones serán para campaña. Nueva Alianza (Panal) recibirá 48 millones 373 mil, de los que 15 millones 819 mil serán para promover el voto, y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) obtendrá 47 millones 177 mil, aunque únicamente 15 millones 428 mil pueden destinarse a proselitismo.
Con estos recursos, señala un empleado priista inconforme, se costean promotores del voto que perciben en promedio 2 mil 500 pesos quincenales. Su labor consiste en visitar a los ciudadanos para plantearles las propuestas de campaña del candidato, lo que es legal. Sin embargo, en un formato apuntan los datos privados del ciudadano visitado (nombre y dirección), algo que podría ser interpretado como presión o cooptación. Además, consignan si el entrevistado manifestó interés por alguna propuesta en particular y le prometen que será cumplida en caso de que triunfe Del Mazo.
El viernes 5, y bajo la operación de la estructura P, cinco personas murieron en lo que (según el parte oficial) fue un intento de asalto en las oficinas del Comité de Gestión Social del PRI en Nezahualcóyotl, ubicadas en la calle Poniente 21 de la colonia La Perla.
Ernesto Némer, coordinador de campaña de Alfredo del Mazo, asentó que en el despacho de Neza se realizaba un adiestramiento de militantes al momento de los hechos: “Todos los partidos políticos tenemos derecho de llevar a cabo procesos de capacitación o de proselitismo en paz.” No obstante, habitantes de la zona y transeúntes expresaron que ahí se estaban dando apoyos para cooptar el voto.
Estructura G
La estructura G identifica al gobierno estatal; por tanto, se encuentra relacionada con las políticas públicas y presupuestos. En diciembre de 2016, grupos parlamentarios de oposición advirtieron que el presupuesto del Estado de México para 2017 tenía tintes electorales: Creció 17.6%. Pasó de 221 mil millones a 260 mil millones de pesos, en un año particularmente complicado para las finanzas del país.
Para los programas de desarrollo social el aumento fue de 32.90% (de 3 mil 842 millones de pesos a 5 mil 106 millones). En pago de nómina hubo un alza superior a 12%: Escaló de 46 mil 365 millones a 53 mil 858 millones.
El gobierno federal —encabezado por el priista mexiquense Enrique Peña Nieto— se suma a la operación: Hace unos días la agencia Apro documentó la intervención del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en las tareas proselitistas a través del trabajo en campo de mil 730 promotores comunitarios de educación inicial no escolarizada. A cada uno se le paga un incentivo de 2 mil 500 pesos.
Estructura magisterial
El magisterio del Estado de México es el más nutrido del país, con más de 100 mil integrantes. La mayoría están aglutinados en el gremio oficial: El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), a cargo de Abraham Saroné Campos.
Luis Zamora, secretario general del sindicato opositor, el Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), denuncia que cerca de 10 mil profesores del sistema estatal reciben, desde enero pasado, un ingreso extra de 600 pesos mensuales por el rubro “trabajo comunitario.” La lista de beneficiarios, expuso, fue integrada a propuesta del SMSEM, pero a la hora de recibir el cheque quincenal por 300 pesos, quienes suscriben deben colocar la leyenda: “Estructura política.”
Así, la encomienda real de estos profesores es contactar a los ciudadanos para pedir el apoyo en favor de Del Mazo. “El trabajo es subterráneo, les piden que no sea abierto, que las reuniones sean en casas particulares.”
Fuente: Proceso
