El gobierno de Daniel Ortega y la oposición en Nicaragua continúan este sábado la discusión sobre la democratización del país y la remoción gradual de los bloqueos que los manifestantes mantienen en las vías, tras alcanzar la víspera un acuerdo para tratar de detener la violencia que deja 170 muertos en dos meses de protestas.
El diálogo “abre la posibilidad, al menos teóricamente de tratar el tema de la democratización”, cuyo alcance dependerá del desarrollo de las conversaciones y la voluntad de Ortega de “cumplir” con los acuerdos, afirmó a AFP el abogado, economista y disidente sandinista Enrique Sáenz.
Entre las propuestas formuladas por los obispos, mediadores del diálogo, se incluye adelantar las elecciones de 2021 para marzo de 2019.
El plan abarca trabajar en la separación de los cuatro poderes del Estado, actualmente controlados por aliados de Ortega, principalmente el Consejo Supremo Electoral.
Los obispos proponen que las reformas constitucionales requeridas para adelantar los comicios entren en vigencia este año y que en ellas se elimine también la reelección presidencial para impedir que se vuelva a postular Ortega, en el poder desde 2007.
El mandatario, quien enfrenta desde hace dos meses una fuerte resistencia cívica de protestas, anunció la disposición de trabajar por la democratización, pero no se pronunció sobre la oferta de recortar su período presidencial que concluye en enero de 2022.
“Reiteramos, como lo hemos expresado en todo momento, nuestra plena disposición de escuchar todas las propuestas e iniciativas dentro de un marco constitucional”, subrayó Ortega en una misiva.
Tiroteo e incendio rompen tregua
Un tiroteo y un incendio en Nicaragua, que dejaron el sábado al menos ocho personas fallecidas, rompieron una tregua alcanzada horas antes entre el presidente Daniel Ortega y grupos civiles, luego de dos meses de disturbios que han causado 170 muertos y cientos de heridos.
Ráfagas de rifles de asalto se escucharon durante la mañana y parecieron provenir de barricadas improvisadas cerca de la Universidad Politécnica de Nicaragua en Managua, que ha sido el epicentro de las protestas desde mediados de abril, según un fotógrafo de Reuters que estuvo cerca del lugar.
La violencia estalló horas después de que Ortega y líderes de grupos de la sociedad civil acordaran el viernes suspender todas las hostilidades y permitir una investigación internacional de los asesinatos ocurridos durante las protestas.
A pesar de los disturbios, ambas partes reanudaron el sábado las conversaciones para abordar la propuesta de la Iglesia Católica de anticipar elecciones generales e implementar reformas políticas.
Mecanismos de defensa y presión
En las conversaciones del viernes, el gobierno aceptó invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Unión Europea a observar la situación de violencia y represión, pese a que se había opuesto inicialmente a las visitas.
“Lo que Ortega está haciendo es ganar tiempo” en la mesa de diálogo, mientras trata de cambiar la correlación de fuerzas a su favor, aumentando los niveles de represión contra los manifestantes, dijo a la AFP el sociólogo y analista independiente Oscar René Vargas.
Consideró que el mandatario no se va a retirar del diálogo, pero empujará a la oposición a desistir de las conversaciones incumpliendo los acuerdos que allí se adopten.
Para Sáenz, no obstante, la visita “de organizaciones internacionales de credibilidad como la CIDH” contribuirá “a mostrar descarnadamente la realidad que está viviendo el pueblo nicaragüense por la represión del régimen”.
El viernes, las partes también convinieron crear una comisión especial que se encargará de analizar cómo levantar los bloqueos que los manifestantes instalaron en las principales carreteras del país para presionar al gobierno de Daniel Ortega a dejar el poder.
Azhalea Solís, una de las representantes de la oposición en el diálogo, dijo a la AFP que en la mesa se acordó que los bloqueos en las vías se levantarán únicamente si “cesa la represión” y se recupera la paz, bajo la supervisión de una Comisión de Verificación.
A juicio de Sáenz, los cierres de vías “no pueden quitarse porque son mecanismos de defensa y presión para que Ortega se vaya del poder. Desmontarlos de manera unilateral sin que el régimen desmantele las fuerzas criminales sería entregar el pueblo en bandeja a Ortega”.
Terror en los barrios
El diálogo se desarrolla en medio de constantes ataques de fuerzas policiales y paramilitares contra barrios capitalinos que han levantado barricadas, aseguran sus habitantes.
Hombres armados con fusiles y el rostro cubierto recorren las calles del sector oriental de la capital, donde la gente se resguardó atemorizada bajo llave en sus casas, dijo a la AFP un poblador del lugar que no quiso identificarse.
“Nos están matando. Nos están cazando como perros”, denunció el hombre, quien aseguró que en su vecindario los armados incendiaron una casa de tres pisos con una familia adentro.
Imágenes de televisión mostraron a los bomberos evacuando por las escaleras el cuerpo de un niño de menos de un año, que aparentemente habría muerto.
También se reportaron enfrentamientos en la madrugada en León, un antiguo bastión del oficialismo que se ha rebelado contra Ortega.
Al menos 170 personas han muerto desde que estallaron las protestas antigubernamentales el 18 de abril, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Nicaragua vive un clima permanente de protestas, con sus principales rutas bloqueadas desde que comenzaron las manifestaciones contra una fallida reforma de pensiones.
Las protestas se extendieron desde entonces como muestra de la disconformidad contra el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, vicepresidente y mano derecha, ambos señalados por la oposición de autoritarismo.
Fuente: AFP
