Al igual que otros importantes funcionarios de gobierno, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, la ministra Valera acusó al líder opositor Henrique Capriles Radonski, de ser autor intelectual de la violencia al no reconocer los resultados de la elección presidencial.
Varela prometió a Capriles que pagará sus acciones con medidas carcelarias.
“Tus acciones generaron aquí muerte, tristeza, desolación, y eso no puede quedar impune y nos vamos a encargar de que no quede impune. Lo que te garantizo es que en la cárcel nadie te va a tocar, nadie va a tentar contra ti, pero estoy preparando las celdas donde vas a tener que ir a purgar tus crímenes porque eres un fascista y eres un asesino”, dijo Varela.
No es la primera vez que funcionarios del oficialismo acusan a Capriles de estar detrás de actos violentos.
Capriles rechazó a través de su cuenta de Twitter que se le vincule con los hechos violentos que se han registrado en el país.
La oposición también denunció que algunos ministros del gobierno de Maduro han iniciado una cacería sobre aquellos empleados públicos que supuestamente votaron por Capriles en las pasadas elecciones.
“Despedir trabajadores por razones de carácter político es definitivamente la más grande aberración y el más grande irrespeto que se le pueda dar a los ciudadanos. Dicho de otra manera, es sagrado el derecho al trabajo”, dijo Andrés Velásquez, diputado opositor de la Asamblea Nacional.
El ministro del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat, Ricardo Molina, amenazó con despedir a los empleados que se identifiquen con partidos políticos de oposición. En un video colgado en Youtube Molina dijo que en su cartera no aceptaría “militantes de partidos fascistas. Quien quiera ser militante de cualquier partido fascista, que renuncie, porque si no renuncia yo mismo lo voy a botar”.
Desde que se celebraron las elecciones el pasado 14 de abril, Venezuela ha vivido bajo un clima de tensión por el resultado electoral.
La oposición no ha reconocido el escrutinio y ha denunciado miles de irregularidades, que el gobierno niega rotundamente.
Fuente: Voz de América
