El secretario de Seguridad Pública en la entidad, Pedro Almazán Cervantes, afirmó que el narco está detrás del grupo armado que irrumpió desde hace tres días en Chilapa y que mantiene sitiada la población con el apoyo del Ejército y las policías federal y estatal.
“¿Quiénes son las personas que están en Chilapa que irrumpieron de manera intempestiva en la presidencia municipal? Bueno, pues todavía no está a mi alcance determinarlo porque la Fiscalía está llevando a cabo las investigaciones. Sin embargo, existen versiones extraoficiales de que son gente ligada a grupos delictivos”, reveló el funcionario estatal.
Por su parte, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, dijo que sus asesores “están dialogando” con los líderes de la guardia comunitaria vinculada al grupo criminal Los Ardillos, dirigido por los hermanos del presidente del Congreso, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez.
Ello con el propósito de “convencerlos” de que se retiren de la cabecera para que las autoridades estatales asuman la seguridad de ese municipio colapsado por la narcoviolencia, indicó el responsable de la política interna en Guerrero.
Lo anterior durante la comparecencia de ambos funcionarios este día ante el pleno del Congreso local, donde ningún diputado cuestionó el hecho de que la administración del gobernador Rogelio Ortega Martínez negocie con un grupo armado que tiene nexos con la delincuencia.
El titular de la SSP reconoció que el gobierno estatal carece de la capacidad para garantizar seguridad en la entidad debido a que tienen un déficit de policías.
Al respecto, Almazán Cervantes señaló que de los 4 mil 307 policías estatales que conforman la corporación, la mayoría no está en funciones operativas sino de escoltas de funcionarios, políticos, empresarios y resguardando edificios públicos, penales y establecimientos comerciales.
El funcionario explicó que para labores de prevención del delito en las siete regiones de la entidad operan de 70 a 80 policías estatales, cuando se requieren al menos 500 uniformados en cada zona para garantizar la seguridad.
El cuestionamiento de la mayoría de diputados se enfocó en la grave crisis de inseguridad y el vacío de autoridad que persiste en la entidad, donde son comunes los asesinatos, secuestros, extorsiones y ahora la presencia de grupos de autodefensa ligados al narco.
Al respecto, el secretario de Gobierno dijo que existen puntos rojos “focalizados” en la entidad, debido a que la violencia generada por la delincuencia y los movimientos sociales no se ha generalizado.
También consideró que esta situación no pone en riesgo las elecciones del próximo 7 de junio, pues están negociando con “los grupos radicales” y combatiendo el crimen.
Ante los hechos delictivos que persisten en Chilapa, el titular de la SSP advirtió que es necesario no depender de las guardias comunitarias porque en algunos casos, indicó, “están cuidando las rutas de trasiego de droga”.
Mientras, el coordinador de la fracción priista Héctor Apreza Patrón consideró que en Guerrero se vive una crisis de gobernabilidad creciente ante la incesante ola de violencia generalizada, aparición de grupos armados y crímenes contra ciudadanos y políticos.
También criticó la visión autocomplaciente de Ortega Martínez, quien considera que antes todo estaba mal y ahora “todo va mejorando”.
Apreza Patrón planteó que los problemas de seguridad en la entidad no se van a solucionar con “visiones aisladas”, y acusó a Rogelio Ortega de alentar desde el poder a los grupos sociales que ellos califican como “radicales” para confrontar a sus opositores políticos.
Como ejemplo, hizo referencia a la firma de un acuerdo en sigilo realizado este fin de semana con una facción del magisterio disidente y organizaciones sociales, pacto del que se informó no se pueden dar detalles públicos.
“¿Qué esconde ese acuerdo que no se pueden divulgar? Parece que están hipotecando el estado a favor de los grupos radicales y es lamentable que existan acuerdos públicos y beneficios privados”, expresó Apreza Patrón.
Fuente: Proceso
