El Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, dio marcha atrás, al menos parcialmente, de las medidas adoptadas hace algo más de un mes para atajar el grave problema de la energía en el país, provocado sobre todo por los altísimos precios de la electricidad y el gas. Las medidas, aprobadas en el Congreso de los Diputados hace sólo diez días, contemplaban la “confiscación” de hasta dos mil 600 millones de euros de los beneficios de las eléctricas por los altos costos de la energía, pero finalmente no será así, gracias a la aprobación de un nuevo decreto ley, impulsado hoy mismo en el Consejo de Ministros, con el que se suaviza notablemente lo que en su día se vendió como la “medida estrella” del decreto.
Desde que España, y el resto de Europa, viven sometidas a los vaivenes de las subastas del mercado mayorista de la energía, el precio de la electricidad no ha dejado de subir y hoy mismo se pagó a 215 euros el Kilowatio hora (KWh), más de un 400 por ciento más que hace sólo tres años. El drama social que está provocando hizo reaccionar finalmente al gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), que en su día prometieron que fijaran la lucha contra “la pobreza energética” como una de sus prioridades. Su reacción, que para muchos fue tardía, consistió primero en una bajada de los impuestos que recibían por la factura de la luz y después con el decreto ley que impulsaron en septiembre y que culminó su trámite parlamentario hace diez días.
Desde su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 10 de septiembre, la cinco grandes empresas de la energía en España, encabezadas por Iberdrola, iniciaron una ofensiva para evitar esa “confiscación” de sus “beneficios”. En un clima de enfrentamiento advirtieron que si se mantenía el sentido de ese decreto, ellos se replantearían sus inversiones a su futuro -de más de tres mil millones de euros en el mediano plazo-, lo que supondría una paralización de la modernización del sector en su transición hacia un formato más renovable. También hicieron dos movimientos estratégicos: utilizaron a uno de sus principales aliados políticos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para advertir que si se mantenía esa política energética no aprobarían el presupuesto y probablemente dejarían caer al gobierno, al depender de sus diputados para sacar adelante sus iniciativas; y, el segundo, fue la reciente visita del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a Londres, para reunirse con el primer ministro, Boris Johnson, quien les anunció todas las facilidades para sus inversiones, mientras que la eléctrica española con sede en Bilbao anunció inversiones en el Reino Unido de más de siete mil millones de euros.
Con este panorama, la vicepresidente tercera y responsable del área de energía, Teresa Ribera, anunció la modificación del decreto, que suaviza hasta casi hacerla imperceptible, precisamente la medida que más molestó a las empresas eléctricas: la de la confiscación de sus beneficios. En su explicación advirtió que había prometido dejar exentos a esos contratos de la minoración a los ingresos de las eléctricas recogida en septiembre ante el efecto de la subida exponencial del gas natural en el mercado mayorista eléctrico. Y lo justificó diciendo que se trata de una “aclaración y un ejercicio de transparencia”.
Ahora, los contratos bilaterales entre las generadoras y la industria, que suelen establecerse en base a los mercados a largo plazo, no se verán afectadas por el hachazo fiscal a los “beneficios extraordinarios” siempre que se acredite que esos contratos no están vinculados al mercado mayorista y, por tanto, no están disfrutando de la escalada brutal de precios de los próximos meses. Esa fue precisamente la petición de los ejecutivos de las cinco empresas eléctricas -Iberdrola, Naturgy, Endesa, EDP y Repsol-.
Ribera, al ser preguntada si finalmente se confiscarían o no esos dos mil 600 millones de beneficios extraordinarios, prefirió explicar así el cambio de escenario: “Queremos ser prudentes en el impacto del cálculo. El objetivo más importante es garantizar precios bajos”.
Ahora este nuevo decreto, que modifica parcialmente al anterior, también tendrá que ser validado en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas, en donde el Ejecutivo no tiene garantizada la mayoría, así que se espera un debate tenso.
Además, la delegación diplomática española en Bruselas cosechó un nuevo fracaso en su intentó que la Comisión Europea y el conjunto de las instituciones comunitarias aprobaran la propuesta española de que se adoptaran medidas a corta plazo para superar la crisis energética. Tampoco admitieron con buenos ojos la idea de España de salir temporalmente del sistema de precios europeo de la electricidad, al menos hasta que amaine la tormenta de las altas tarifas. Alemania y ocho países más están radicalmente en contra, con lo que difícilmente se aprobará una medida de excepción de esta naturaleza.
Fuente: La Jornada
