La Segob lanza operativo de Sedena, Semar y PF para romper el boicot electoral; es una regresión autoritaria, advierten ONGs
La Secretaría de Gobernación (Segob) puso en marcha un operativo a nivel nacional con el objetivo de garantizar a los ciudadanos las condiciones que les permitan ejercer su voto de manera libre y pacífica en todo el país.
De acuerdo con un comunicado, la dependencia dijo que hubo un despliegue de elementos del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México y de la Policía Federal.
El operativo, a pesar de ser en todo el país, se concentrará específicamente en la región sur-sureste, y en particular, en el estado de Oaxaca.
“Estas acciones se llevan a cabo en el marco de los esfuerzos que desde octubre del año pasado, se realizan en coordinación con las autoridades electorales y los gobiernos locales, con la finalidad de que todos los mexicanos puedan acudir a las urnas en condiciones de tranquilidad”.
Esta semana, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lanzaron un boicot electoral que consiste en la toma de algunas sedes del Instituto Nacional Electoral (INE), bloqueos en las calles, así como destrucción de material electoral en distintos estados.
Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, han sido los estados que más afectaciones han tenido por estas protestas en las que también participan alumnos de escuelas Normales del país.
En Oaxaca los maestros tienen bloqueado desde el lunes pasado el centro de abastecimiento de Pemex de Santa María del Tule lo que ha conllevado a un desabasto de gasolina en el estado.
Hoy se entabló un acuerdo para que los maestros permitieran la salida de ocho pipas con combustible, pero éste no se concretó.
Mientras tanto, en la Ciudad de México, líderes sindicales permanecen en la Segob donde presentaron un pliego con 11 peticiones, entre ellas la abrogación de la Reforma Educativa.
“REGRESIÓN AUTORITARIA”
A la par de que Gobernación emitía este comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, emitió un pronunciamiento en el que denunció la “regresión autoritaria del uso de las fuerzas de seguridad pública, federal, estatal y municipal, así como de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de restringir y reprimir las distintas expresiones de descontento ante el proceso electoral”.
El Centro Regional de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, así como l Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos también afirmaron que las protestas en Guerrero es el resultado de meses de falta de diálogo entre las autoridades y partidos políticos con la sociedad civil y movimientos sociales que exigen rendición de cuentas y garantías para que los cambios derivados de las elecciones no sean meramente nominativos.
Los tres centros acusan que el proceso electoral actual se lleva a cabo en medio de diversos cuestionamientos dado que ningún partido político se ha pronunciado sobre las causas estructurales de la colusión entre las autoridades y el crimen organizado y la violencia generalizada que afecta a la población guerrerense, situación que alcanzó la máxima atención nacional e internacional después de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
“La polarización ante meses de conflicto social que no encontró canales de diálogo con los distintos niveles del Estado, alcanzó un momento cúspide el día de hoy cuando la policía estatal reprimió a integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) en la ciudad de Tlapa; además, permitió y respaldó la acción violenta de grupos de personas armadas vinculadas con distintos partidos políticos, que se enfrentaron contra los grupos sociales. Al momento se tiene registro de al menos dos personas gravemente heridas, una de ellas se encuentra hospitalizada”.
Por otra parte, denunciaron que en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos hay un cerco con retenes de fuerzas de seguridad estatales y federales, así como de las Fuerzas Armadas, en las tres vías que conectan a la Normal. “No sólo impide el paso libre a los estudiantes y familiares, sino a la prensa y otros grupos de la sociedad civil que buscan documentar y observar la situación actual de la Normal de Ayotzinapa y la población de Tixtla”.
“Ante esta situación, las organizaciones firmantes reiteramos que un régimen democrático se construye más allá de las urnas, por el contrario este debe de construir su legitimidad garantizando los derechos a la libre expresión de ideas, reunión y manifestación de las distintas expresiones de la sociedad civil. En ese marco, llamamos a la sociedad civil nacional y la comunidad internacional a que mantengan su atención en el estado de Guerrero”, finalizaron.
Fuente: Sin Embargo
