Durante la actual administración 7 de cada 10 contratos firmados con los mil principales proveedores del Gobierno se asignaron mediante adjudicación directa. Es decir, sin que existiera competencia entre los proveedores.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) elaboró el “Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” para lo cual analizó 700 mil procedimientos de contratación.
Los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de 2012 a 2016.
Aunque la adjudicación directa está contemplada en la ley, su utilización debería ser excepcional, pues está acotada a la existencia de ciertas circunstancias, por ejemplo, que el proveedor sea el dueño de la patente o que existan razones de seguridad nacional.
“El que 71 por ciento de los contratos sea por adjudicación directa, me dice que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla”, indicó Max Kaiser, director de Anticorrupción en el IMCO.
En la revisión de los contratos de 2012 a 2016 que están contenidos en la plataforma de Compranet, se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia y de transparencia y la existencia de anomalías diversas.
El procesamiento de la información, que duró casi un año, permitió determinar que casi la mitad de los 2.3 billones de pesos gastados se hizo bajo un riesgo de corrupción alto.
“Aquí no estamos probando que hubo corrupción, lo que estamos probando es que se contrató con altos niveles de riesgo: con poca competencia, con poca transparencia y con muchas anomalías”, señaló Kaiser.
Las cinco entidades que gastan con mayores riesgos de corrupción son la CFE, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la SCT.
Otro hallazgo importante que arrojó el estudio es el cambio de los ganadores entre un sexenio y otro: las 73 principales empresas que en 2016 se llevaron el 32 por ciento del gasto público, en 2012, durante el último año de la administración panista de Felipe Calderón, sólo obtuvieron el 1.7 por ciento del pastel.
En contraste, las 73 empresas que en 2012 fueron las beneficiarias con el 29 por ciento del gasto ejercido, en 2016 solo obtuvieron 1.6 por ciento.
Fuente: Reforma
