Mientras el presidente argentino, Mauricio Macri, sigue de gira en campaña electoral, grandes fábricas cierran sus puertas por la grave crisis económica que azota al país, y nuevos escándalos judiciales sacuden a la sociedad como el descubrimiento del espionaje contra jueces, incluyendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por organismos gubernamentales en momentos en que se denunció el reparto clandestino de 600 millones de pesos en bonos en municipios oficialistas, considerados como una compra de votos a poco más de dos semanas de los comicios generales del 27 de octubre.
No sólo es el espionaje contra jueces, ya que acaba de aparecer otra denuncia donde hay 700 expedientes sobre espionaje a políticos, sindicalistas y otros, sino también el hostigamiento a la justicia cuando toma medidas que no agradan al gobierno, como en estas horas el oficialismo en la voz del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien renovó sus duras críticas contra la CSJ y los tribunales, ante algunos fallos que considera afectan al gobierno.
“Quiero creer que es una Corte independiente, tan independiente que parece opositora”, se quejó Garavano después de que ésta declaró “inconstitucional” una resolución por la cual se intentó reducir una cuarta parte de las indemnizaciones que estableció el Congreso para las víctimas de exilio forzoso durante la última dictadura. También el oficialismo atacó a la justicia laboral, después de que el juez Alejandro Segura declaró la “inconstitucionalidad” del decreto de Macri que redujo las indemnizaciones por accidente de trabajo o muerte, cuestionando con dureza este decreto.
El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga las operaciones de espionaje, que afecta a 21 jueces entre los que figuran, Juan Carlos Maqueda, de la CSJ o la juez federal electoral María Servini de Cubría. De acuerdo a la investigación se analizaba la lista de sus viajes y otros datos, tratando de encontrar “debilidades” u otras situaciones que pudiera ser manejadas como posibles extorsiones, como ya se hizo con otros magistrados bajo este gobierno.
Canicoba Corral exigió explicaciones a 12 organismos gubernamentales, entre ellos Gendarmería, el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal, el Ministerio de Seguridad de Salta, la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El juez Jorge Di Lello inició una investigación al denunciarse que el gobierno destinó “clandestinamente” un monto de 600 millones de pesos, para entregar un bono de cinco mil pesos a más de cien mil personas en municipios gobernados por la oficialista alianza Cambiemos, lo que en medio de una campaña electoral se considera “compra de votos”.
Entre tanto, Macri sigue su gira, mientras el dólar llegó a 60.30 pesos, a pesar de una nueva intervención del Banco Central, con una inflación de casi al seis por ciento, disparando la pobreza a 38 por ciento.
Macri insiste en medidas imposibles de aplicar, mientras una guerra interna comienza a desgastar a la coalición gobernante, que se desmorona en las encuestas propias y ajenas, que vaticinan más de 20 punto de diferencia en favor del opositor Frente de Todos (FtD).
El candidato del FtD, Alberto Fernández, advirtió que Macri dejará al final de su mandato “un escenario similar a la salida de la convertibilidad en 2001 y con un nivel “muy bajo de reservas” que, rondarían entre los diez y 11 millones de dólares, lo mismo que encontró el ex presidente Néstor Kirchner -ya fallecido-en 2003.
Fuente: La Jornada
