El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, y su esposa, María Elena Ávila Guerrero, fueron vinculados a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, pues el juez consideró que “no se explica el aumento de su patrimonio” durante el periodo en que ocuparon cargos en la máxima casa de estudios.
A la audiencia no se presentaron los académicos, y sus abogados defensores presentaron justificantes médicos, mismos que debieron ser ratificados por el médico que los suscribió. Sin embargo, no fue suficiente para el juez, pues decretó que no se justificaba la “incomparecencia”, por lo que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción los declaró “sustraídos de la acción de la justicia”.
A la audiencia llegó el poeta Javier Sicilia, cercano a Vera Jiménez, acompañado de cuatro elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), que le fueron asignados como parte de las medidas cautelares derivadas de la denuncia presentada el martes por la mañana, luego de que fue amenazado de muerte vía telefónica, junto con los dos académicos.
El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad aseguró que no existen elementos para la vinculación a proceso e insistió en que la persecución policiaca contra los dos académicos de la UAEM tiene motivaciones políticas de origen, de “un gobierno criminal como el de Graco Ramírez, que no persigue a quienes hicieron las fosas de Tetelcingo y Jojutla, pero sí a la gente de bien, a los defensores de los derechos humanos”.
La audiencia, que inició después de las 4 de la tarde, se extendió hasta entrada la noche. A pesar de la ausencia de los imputados, el juez Edie Sandoval Lome decidió continuar con el proceso. A lo largo de varias horas, la fiscal Guadalupe Flores Servín argumentó sobre los resultados de la investigación que hasta el momento ha realizado la Policía Ministerial.
Repitió gran parte de los antecedentes informados durante la audiencia de imputación, ocurrida el viernes pasado. Habló de los bienes inmuebles adquiridos, de los vehículos e incluso de viajes. A todo esto, los académicos han respondido advirtiendo que compraron una vivienda y luego la vendieron y compraron otro, además, usando créditos bancarios y del propio Infonavit.
La defensa opuso argumentos de procedimiento como por ejemplo, demandó que la Fiscalía demostrara cómo se había solicitado la información bancaria y si se había cumplido con la ley en respeto al secreto bancario de los imputados. El juez señaló que la Constitución es clara “respecto a hechos de corrupción”, así que hizo a un lado estos argumentos de defensa y finalmente decidió vincular a proceso.
La exjueza Flores Servín, hoy representante de la Fiscalía Anticorrupción, solicitó cuatro meses para el cierre de investigación y comenzar el desahogo de las pruebas. El juez fijó el inicio del proceso para el 13 de abril de 2018, plazo que aceptó la defensa, con lo que concluyó la audiencia.
Al salir, la defensa informó que recurrirán al amparo de nueva cuenta para evitar que sus representados sean detenidos, luego de que el juez los declaró sustraídos de la justicia. Además, dijo que los elementos presentados por la Fiscalía son combatibles, pues los imputados cuentan con todas las pruebas que demuestran que no existe un enriquecimiento ilícito.
Fuente: Apro
