El Gobierno de Enrique Peña Nieto litiga a favor de las grandes trasnacionales que producen maíz transgénico. Busca que un magistrado federal levante la restricción de siembra comercial y permita a las empresas inundar 2 millones de hectáreas del norte del país con semillas modificadas. Algunas de las compañías que buscan ser beneficiadas son Monsanto, Dow Agro¬Sciences de México, PHI México y Sygenta Agro.
Por Jesusa Cervantes/ Proceso
El pasado 17 de septiembre, el Juzgado XII de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal aceptó la demanda de “acción colectiva” promovida por 50 personas morales y 20 organizaciones sociales. Resolvió otorgarles una “medida precautoria”, que significó detener la entrega de permisos de siembra de maíz transgénico por parte de las autoridades.
La decisión en favor de la colectividad –representada por Adelita San Vicente Tello, directora de la fundación Semillas AC, y René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas AC– fue notificada a las secretarías federales de Agricultura (Sagarpa) y Medio Ambiente (Semarnat) el 3 y el 4 de octubre.
Sus titulares, Enrique Martínez y Martínez y Juan José Guerra Abud –cercanos colaboradores del Ejecutivo federal– ordenaron a sus áreas jurídicas apelar la resolución, ganarla y entregar lo más pronto posible los permisos para siembra. Así lo demuestran documentos cuya copia tiene este semanario.
Se trata de dos recursos de apelación de 25 fojas cada uno. La Sagarpa presentó el suyo el miércoles 9 y la Semarnat lo hizo al día siguiente, ante el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito. Demandan “revocar” el congelamiento de los permisos.
Los argumentos de ambas dependencias federales van desde la violación a su derecho de audiencia hasta la restricción de sus facultades para regular este tipo de actividades.
Después de ver las apelaciones, el abogado defensor de la colectividad, René Sánchez Galindo, acusa al Gobierno de litigar en favor de las citadas empresas. A su vez, la representante de la acción colectiva, San Vicente Tello, ofrece datos que exhiben los vínculos que hay entre ex empleados de las trasnacionales y quienes durante el sexenio de Felipe Calderón (PAN) o de Peña Nieto (PRI) han ocupado posiciones en órganos clave para autorizar permisos, ya sea en las etapas experimental, piloto o de siembra.
En la apelación de 25 fojas encabezada por la abogada de la Sagarpa, Mireille Roccatti Velázquez, se afirma que el juez “no observó” los artículos 219, 222, 610 y 611 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En particular, que antes de dictar la medida precautoria el juzgador debía “dar vista por tres días a la parte demandada para que manifieste lo que a su derecho convenga y solicitara opinión de órganos competentes”.
Roccatti alega que el juez “indebidamente” sólo tomó en consideración los argumentos expuestos por la colectividad actora, pero el Código Federal de Procedimientos Civiles establece de manera precisa los requisitos que habrán de colmarse por parte del juzgador, “los cuales dejó de observar en perjuicio de mi representada”.
Por lo que hace a la Semarnat, el representante legal Mario Moreno García alega en su recurso de apelación (entregado el 10 de octubre) que se violaron los artículos 585, 610 y 611 del mismo Código “en contra de los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución (…) debe colmar”.
Insiste en el argumento de que se debió dar vista en un plazo de tres días “y solicitarse la opinión tecno-científica de los organismos competentes”, como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.
“Estamos –dice Moreno García– en presencia de un procedimiento en materia civil que es de estricto derecho, es decir, debe resolverse conforme a la letra de la ley” en términos del artículo 19 del Código Civil Federal, y considerando que la Constitución “consagra la garantía o derecho humano de previa audiencia con relación a los actos de privación por parte de la autoridad”.
Luego arguye que la resolución “causa agravio a esta autoridad en virtud de que atenta contra los principios de congruencia y exhaustividad”.
En su alegato, la Secretaría de Agricultura destaca que la solicitud de liberación de permisos comerciales para sembrar organismos genéticamente modificados “queda comprendida dentro de las facultades de la Sagarpa”.
Por lo anterior, tanto la Sagarpa como la Semarnat piden “revocar o modificar” la suspensión de permisos para la siembra de maíz transgénico.
La demanda incluye a las cuatro empresas ya mencionadas –Monsanto, Dow AgroSciences, PHI y Syngenta–. Sin embargo, las tres primeras se negaron a recibir la notificación que les entregó el actuario, en la que se les participa de la detención de la siembra. La última sí la recibió, pero no ha realizado acción alguna contra la resolución del juez.
De Monsanto al Gobierno
Una de las exigencias que plantea la representante de la colectividad, Adelita San Vicente Tello, es que se haga una revisión del “conflicto de intereses” en que pudieran incurrir las dependencias gubernamentales y los investigadores que certifican a las trasnacionales. En esos analistas recae la facultad de determinar si el uso de maíz transgénico daña o no al ambiente y al humano.
Así, por ejemplo, recuerda que Bruno Ferrari fue el encargado de la venta de Seminis a Monsanto. En 2007, Ferrari fue nombrado por Felipe Calderón titular de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En enero de 2008 se fue a la dirección general de ProMéxico y en julio de 2010 fue nombrado titular de la Secretaría de Economía, desde donde se autorizan los cupos de importación y exportación de diversos alimentos.
Gracias a la aprobación en 2005 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en el sexenio de Felipe Calderón las cuatro trasnacionales mencionadas empezaron a solicitar y a recibir permisos; primero para la “experimentación” y luego para pruebas “piloto” de siembra de maíz transgénico.
De 2009 a 2012 se recibieron 186 solicitudes, de las que se autorizaron 114, según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Sagarpa, una de las dependencias encargadas de autorizar los permisos y delimitar el número de hectáreas a emplear.
En la dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados estaba Silvia Elena Rojas Villegas, quien antes había sido empleada de la trasnacional PHI. En su gestión como directora de esa empresa, asevera San Vicente, recibió diversos permisos.
También está el caso de la Coordinación de Análisis de Riesgo y Bioseguridad (CARB, dependencia de Conabio). La CARB tiene a su cargo la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), que está vinculada con la dirección general del Conacyt.
La Cibiogem tiene un “secretariado ejecutivo”, que en los hechos es la cabeza del organismo.
El reclamo de Adelita San Vicente es que, desde abril de 2007, Ariel Álvarez Morales está al frente de Cibiogem. Todavía en marzo de 2013 figuraba como secretariado ejecutivo. Hoy, en su página en internet, el puesto aparece vacante.
San Vicente dice que, antes de que llegara al cargo, Álvarez era académico en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), perteneciente al Politécnico Nacional, y desde ahí “respaldó los primeros permisos que pidió Monsanto, porque las empresas siempre deben contar con un respaldo técnico. Más aún, desde el sexenio de Vicente Fox, él presentó un ‘proyecto maestro de maíz’, que curiosamente heredó su nombre a un proyecto que Monsanto tiene con la Confederación Nacional Campesina (CNC), sector del PRI del que recibe millonarios recursos”.
Una fortuna
Lo que está en juego con la siembra comercial del maíz transgénico son mil 200 millones de dólares, explica Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
No sólo es la venta de la semilla transgénica, sino también del herbicida que forzosamente tendría que utilizarse.
Suárez denuncia que la CNC ha respaldado la siembra del maíz transgénico mediante un convenio de Monsanto, gracias al cual recibe por lo menos 1 millón de dólares al año a través de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz. La CNC cuida en el sur del país el maíz criollo, pero se permite que Monsanto busque las hectáreas del norte (mucho más numerosas) para sembrar el transgénico.
En Sinaloa, Tamaulipas y Sonora hay 2 millones de hectáreas para sembrar ese maíz. “Es la superficie más comercial, que tiene sistema de riego y usa semillas híbridas de maíz; la que tiene mayor desarrollo tecnológico. Los productores se niegan a usar maíz transgénico porque obtienen más tonelaje con el híbrido”. Esta zona se siembra en el ciclo otoño-invierno.
Más al sur están 800 mil hectáreas en Jalisco, Nayarit, Guanajuato, que son de temporal y de ciclo primavera-verano.
El doctor Antonio Turret Fernández, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y un estudioso de los efectos negativos de los productos transgénicos, destaca que gracias a la suspensión precautoria que otorgó el juez a la colectividad en septiembre pasado pudo detenerse la siembra de las 2 millones de hectáreas en el norte.
Turret trae a colación, además, varios experimentos que se han hecho con ratas y cerdos alimentados con maíz transgénico. En el corto plazo se les detectó cáncer. Los animales tuvieron que ser sacrificados.
Aclara que lo hallado fue que el mal “estuvo asociado en mayor frecuencia con individuos alimentados con maíz transgénico. Esto no prueba que el consumo del transgénico les causó el cáncer. Lo que prueba es que se asoció”.
Otro aspecto de cuidado: los herbicidas especiales para transgénicos afectan los mantos acuíferos.
Uno más: la propagación de la semilla transgénica, mediante la polinización, causa daños graves a la planta nativa del maíz, al criollo y al híbrido, dañando el patrimonio ecológico.
Y para acabar: la Cámara de Diputados debatirá una minuta –avalada ya en el Senado– que permite “patentar” los genes alterados. Ahí se establece que si un productor llega a cosechar maíz que posea el gen modificado deberá pagar regalías al “dueño” de ese gen.
El problema es que esto puede ocurrir sin que el productor lo sepa: la polinización de una planta a otra puede darse sin intervención humana.
Fuente: Proceso
