En vísperas de que México comparezca ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil exigieron al Estado mexicano adoptar de manera completa y sin reserva las recomendaciones hechas en la materia durante la segunda ronda del Examen Periódico Universal (EPU).
Y es que, el próximo jueves 20 el gobierno de Enrique Peña Nieto comparecerá nuevamente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Esta vez lo hará para establecer su postura en torno a las 176 recomendaciones recibidas en octubre pasado en el marco del EPU y que se enfocaron principalmente en lo relativo a la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, la eliminación de la figura del arraigo y del fuero militar para el caso de violación de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas contra civiles, así el acceso a la justicia a las mujeres.
En la 25 Sesión de Trabajo del Consejo, la delegación mexicana, encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Gómez Robledo, informará sobre las recomendaciones que acepta y se compromete a cumplir, y señalará las que, según su punto de vista, no son viables.
El 23 de octubre pasado el Estado mexicano fue sometió al segundo EPU, que es el mecanismo a través del cual Naciones Unidas vigila y evalúa de forma regular el trabajo y compromiso en materia de Derechos Humanos de los 192 Estados miembros.
En esa ocasión los países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU manifestaron su preocupación por la situación en México en la materia y emitieron un total de 176 recomendaciones.
Bajo ese contexto, organizaciones no gubernamentales solicitaron al gobierno mexicano aceptar la totalidad de las recomendaciones recibidas con excepción de dos que, de acuerdo con los representantes de la sociedad civil, “son contrarias a los estándares de protección de los derechos humanos”.
En cartas enviadas tanto a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, como al subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, las ONG urgen al gobierno mexicano a que acepte y adopte de manera completa y sin reservas la recomendación relativa a la desaparición del fuero militar, con la que insistieron cuando menos diez países en octubre pasado.
Las agrupaciones firmantes, entre las que destaca Amnistía Internacional, el Centro Prodh y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DH, señalan que a pesar de que el Estado mexicano planteó en el escenario internacional que el tema ya es superado toda vez que la justicia militar ya no se ocupa de los casos de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidos por militares en contra de civiles, la realidad es otra.
En la misiva dirigida al subsecretario de Relaciones Exteriores, de la que Aprotiene copia, se menciona el caso de Jorge Parral Rabadán, quien presuntamente fue ejecutado extrajudicialmente en el año 2010 por miembros del Ejército en Nuevo León, y en cuyo caso la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) se negó a declinar competencia a favor del Ministerio Público federal. No fue sino hasta octubre del año pasado, y sólo gracias a una sentencia a favor que dictó el Juzgado Octavo en Materia Penal del Distrito Federal, que la Procuraduría militar finalmente declinó competencia.
Otro ejemplo es el de la presunta desaparición forzada de personas en Nuevo Laredo a manos de miembros del Ejército en julio y agosto de 2013, en cuyo caso el Ministerio Público federal no quiso investigar el caso alegando se incompetente.
“Estos casos muestran que la investigación y procesamiento de las violaciones de DH cometidas por militares continúa enfrentando graves dificultades y dilaciones debido tanto a la falta de claridad sobre la iniciativa de la investigación, como a la necesidad de una declinación formal por parte de la PGJM”, argumentan las ONG, dentro de las que también se encuentran el Centro de DH de la Montaña, Tlachinollan, el Centro de DH de las Mujeres y la Red Nacional de Organismos Civiles de DH “Todos los derechos para todas y todos”.
Además, dicen, resulta preocupante que “frente a diversos organismos internacionales, el gobierno mexicano insista en que se encuentra en vías de cumplimiento con las recomendaciones internacionales y que la reforma al Código de Justicia Militar es inminente. Pero por otra parte, la propia Sedena afirmó en su Programa Sectorial 2013-2018 su postura oficial respecto a la jurisdicción militar defendiendo su uso e insistiendo que una reforma legal atentaría contra la disciplina militar”.
Recomendaciones contrarias a los DH
En sus misivas, los grupos de la sociedad civil también alertan y piden al Estado mexicano no aceptar las recomendaciones número 48 y 114, emitidas por la Santa Sede, al considerar que son contrarias a los estándares de protección a los derechos humanos.
En la recomendación 48, la Santa Sede pide a México “respetar y defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural, según las enmiendas de las constituciones estatales, y promover una protección equivalente a nivel federal y local”. En tanto, la 114 insta al estado mexicano a “preservar y proteger la institución natural de la familia y el matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una mujer basada en el libre consentimiento”.
De acuerdo con los análisis de las organizaciones, el acceso en México a las mujeres al ejercicio efectivo de sus derechos reproductivos es todavía precario e insuficiente.
“Resulta especialmente preocupante la falta de acceso a información y servicios de anticoncepción para jóvenes. Muestra de ello son las altas cifras de embarazo adolescente: dos de cada diez adolescentes de 15 a 19 años han estado embarazadas en más de una ocasión. Otro tema de preocupación es la falta de acceso a servicios de aborto legal. Según información de las procuradurías de justicia locales, de 2007 a 2012 se autorizaron solamente 39 abortos por violación en todo México. No menos preocupante es la deficiente atención que reciben las mujeres con motivo del embarazo, parto y puerperio, en donde a menudo se presentan casos de violencia obstétrica y altas cifras de muerte materna. En 2011 la razón de mortalidad materna fue de 50.7 por cada 100,000 nacimientos”, suscriben en su carta las organizaciones.
En sus escritos, los grupos señalan que con la aceptación de las recomendaciones hechas por el Consejo de DH de la ONU, con las dos excepciones señaladas, “México reiteraría su firme compromiso con el respeto de los derechos humanos y con el fortalecimiento de los mecanismos universales de protección de los mismos”.
Fuente: Apro
