Por Víctor M. Quintana S.
El gobierno de Enrique Peña Nieto sólo se preocupa por la alimentación del pueblo si le produce más ingresos al fisco o a sus empresarios consentidos. Su política agroalimentaria podría parecer desordenada, sin rumbo, si no fuera porque ese aparente desorden tiene siempre el mismo puñado de beneficiarios. Eso lo viene gritando por carreteras, avenidas y dependencias federales la Caravana para el Campo, conformada por productores de maíz, frijol y sorgo, integrantes del Frente Auténtico Campesino, provenientes de Chiapas, el Bajío, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Morelos y otras entidades.
Ante una población mal informada, bombardeada por los medios dominantes contra las manifestaciones de la CNTE, esta movilización campesina ha optado por expresar una verdad de a tonelada que le ha ganado la simpatía de los consumidores urbanos: la actual política comercial y de precios de los granos básicos del gobierno de Peña Nieto sólo beneficia a un puñado de grandes empresas importadoras y comercializadoras, a un pequeño grupo de coyotes, mientras que le pega duro a los extremos que hacen posible cualquier economía: los productores y los consumidores. Por eso ofrecen maíz y frijol regalados a los transeúntes en la ciudad de México, expresando la necesidad de unir los extremos de esa cadena de la alimentación básica.
Lo que ahora denuncia la Caravana para el Campo ya lo habían denunciado otras organizaciones campesinas y analistas del sector desde hace varios años. Desde que las políticas de ajuste acabaron con la intervención estatal en el sector agroalimentario, los mercados de los granos básicos se dejaron a merced de un grupo de acaudalados intermediarios que acopian, compran, comercializan y distribuyen cosechas: oligopolio y oligopsomio a la vez. Se ha tratado de taparle el ojo al macho haciendo que se apoya a comercializadoras campesinas, pero en realidad se les brindan muy pocos recursos pues la misma Financiera Rural orienta la mayoría de sus créditos a los acaparadores.
Esto se empeora, paradójicamente, con el buen ciclo agrícola que está por terminar. Los años de sequía mantuvieron altos los precios de maíz, frijol y sorgo y los productores que lograron producir algo no se vieron tan perjudicados. Sin embargo, ahora que las cosechas repuntaron, los precios se han ido por los suelos…para los productores, que no para los consumidores. El precio internacional del maíz se derrumba de 5 mil a 3 mil pesos o menos la tonelada entre 2011 y 2013; el frijol se paga al productor cuando mucho a 7 u 8 pesos, lo que no cubre ni siquiera el costo de producción; el sorgo, de 4 mil a 2 mil pesos la tonelada. Pero hablamos de los precios pagados al productor en todos los casos, porque los consumidores siguen pagando el kilo de tortilla entre 12 y 17 pesos, el de frijol, entre 17 y 19 pesos, mientras que la carne y la leche producidas por el ganado alimentado con sorgo no han visto bajar su precio al consumidor final.
Las demandas y movilizaciones de los labriegos han logrado que el gobierno federal abra lo mismo de siempre: mesas de trabajo, y que se comprometa a adquirir una parte de las cosechas de los granos a buen precio a los productores. Sin embargo, el tonelaje que se compromete a comprar no es suficiente como para regular los mercados y anular a los coyotes, financiados por el mismo gobierno. El colmo es que el propio gobierno federal dice que también para elevar el precio del frijol va a exportar 100 mil toneladas a Brasil y Venezuela, sin reparar que eso causaría desabasto interno, pues la producción nacional de la leguminosa es deficitaria, y sin considerar que es necesario que el propio gobierno adquiera más frijol como reserva estratégica.
En este aspecto el gobierno de Peña Nieto es tan ignorante o tan cínico como los gobiernos federales de los últimos 30 años. No toma en cuenta que hay un nuevo orden agroalimentario global, uno de cuyos pilares es el manejo de los bajos precios internacionales de los granos básicos para acabar con los pequeños y medianos productores del campo de todo el mundo, derrumbar barreras aduaneras, comerciales y fitosanitarias y dejar el arma alimentaria en manos de unas cuantas empresas globales y sus aliados nacionales como los grandes acaparadores de las centrales de abasto. Las consecuencias de esto hace mucho que las estamos viviendo: quiebra de cientos de miles de productores del campo; encarecimiento de la canasta básica para los consumidores urbanos, dependencia alimentaria del extranjero mayor a 60 por ciento; desestructuración de la sociedad rural, migración, violencia.
Por eso tienen razón los productores del FAC, ahora reprimidos sin causa por la policía mutante del Distrito Federal: no se trata de cambios parciales, de esquemas de compras propuestos por el gobierno. Lo que se requiere de manera urgente es un giro dramático de la política agroalimentaria a favor de los productores y de los consumidores de alimentos básicos de este país. Esto implica la intervención directa del gobierno como comprador a precios adecuados de buena parte de los granos básicos para mantener la estabilidad de precios para el consumidor, el estímulo al productor y establecer una reserva nacional estratégica de alimentos que vaya consolidando la soberanía alimentaria. Lo que se busca, como señala El Barzón, no es restablecer la Conasupo (y engordar el botín de puestos para el Grupo Atlacomulco), sino formar una nueva empresa estatal que llegue al campo antes que los coyotes, y a la mesa antes que las grandes cadenas comerciales. Se requiere, no una política contracíclica en lo agroalimentario, sino contra la hegemonía de las trasnacionales y los macrocoyotes mexicanos, con capacidad de planificar la producción de básicos, incentivarla, de trazar políticas comerciales y abrir o cerrar fronteras a las importaciones según convenga al interés nacional.
Esa es la reforma agroalimentaria que le urge a este país, la que se propone desde los campesinos, desde las clases medias rurales, especies ambas amenazadas de extinción
