La Secretaría de la Función Pública de Chihuahua clasificó información relativa a dependencias y el monto del presunto desvío de recursos durante el gobierno de Duarte; argumentó que los datos están en proceso de “solventación”, reporta Animal Político.
El Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua (SFP) clasificó como reservada por 5 años, y por estar en proceso de “solventación”, la información relativa a las dependencias y el monto del presunto desvío de recursos públicos cometido durante la administración del gobernador César Duarte.
La información relativa a los presuntos desfalcos a través de la administración pública, y por la cual César Duarte es buscado por la justicia en por lo menos 192 países que integran la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), no se podrá conocer hasta dentro de cinco años, o hasta que “sean inexistentes los motivos de la reserva”.
De acuerdo con la SFP de Chihuahua, el motivo de la reserva responde a que la información se encuentra en proceso de “solventación”.
A través de la plataforma del sistema Infomex, se solicitó a la SFP de Chihuahua informar cuáles programas sociales, de educación y salud, fueron afectados por los desvíos de recursos públicos durante la gestión del exmandatario de Chihuahua, César Duarte.
La Secretaría argumentó que, a pesar de que se han realizado auditorías a diversas dependencias y se han detectado posibles irregularidades, la información es clasificada. La dependencia también reservó la información relativa a los programas sociales que quedaron inconclusos, o que nunca se llevaron a cabo durante la administración de Duarte.
Lo que sí respondió la SFP
Con base en la respuesta de la SFP, durante la gubernatura de César Duarte pudieron haberse creado programas sociales simulados que nunca llegaron a beneficiar a los ciudadanos.
La Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, a cargo de Gabriela Gómez Montaño, tardó un mes en atender a la solicitud de información.
A lo largo de este proceso, la unidad solicitó información complementaria a fin de dar una respuesta puntual, e instó a que, en lugar de solicitar los montos correspondientes al desvío de recursos en las diversas instancias del gobierno estatal de Chihuahua, se solicitaran “montos aproximados”.
En la resolución final de la SFP se argumentó que la información es clasificada, pues su difusión “podría vulnerar” los procedimientos de las investigaciones.
Públicamente la titular de la SFP en Chihuahua, Rocío Stefany Olmos Loya, dijo que el modo en que operó la presunta red de corrupción de César Duarte consistió en concentrar una “gran capacidad de decisión en pocas instituciones”, entre ellas la Secretaría de Hacienda; pero al solicitar dicha información de manera formal, la unidad de transparencia informó que esas declaraciones no pertenecían a la titular.
La SFP de Chihuahua realizó auditorías a por lo menos 38 secretarías, dependencias, comisiones y fideicomisos cuya información fue reservada en acuerdo con el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública.
Por su parte, la titular de la SFP de Chihuahua, Stefany Olmos, no accedió a la solicitud de entrevista realizada por Yo Ciudadano.
