La crisis financiera que hay en el estado afectó de nuevo a las comunidades indígenas afectadas por la falta de consulta en la construcción del aeropuerto internacional de Creel-Barrancas, luego que el Juzgado Octavo de Distrito ordenó pagarles a través de un fideicomiso 65 millones de pesos como reparación del daño, de los cuales este año les correspondía recibir más de 8 millones que no les entregó la administración anterior por falta de dinero.
Por Patricia Mayorga/ Proceso
El gobernador Javier Corral Jurado instaló este jueves el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas de Chihuahua, presidido por el jesuita Javier El Pato Ávila, y firmó el Convenio del Fideicomiso Público de Bosques de San Elías Repechique, que compromete al gobierno estatal al pago de indemnización de los 65 millones de pesos a 33 comunidades, por las afectaciones que generó la construcción en el municipio de Bocoyna.
Con la firma del convenio dan cumplimiento a la sentencia dictada por el juez Octavo de Distrito, Mauricio Fernández de la Mora, el 27 de noviembre del 2014, en el caso del expediente 422/2014, y la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en términos de la obligación que tiene el Estado de adoptar medidas especiales para proteger el derecho de la identidad cultural, basada en una forma de vida intrínsecamente ligada al territorio.
Después de un plantón que realizó la comunidad de Bosques San Elías Repechique en el municipio de Bocoyna, el entonces gobierno de César Duarte Jáquez se comprometió a firmar el fideicomiso, pero fue hasta el 8 de septiembre que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto por el que se autoriza al ejecutivo estatal a constituir el fideicomiso público.
Al respecto, Corral dijo que pretenden sentar un precedente fundamental para Chihuahua y para México, de que “nunca más un gobierno puede realizar obras, programas o proyectos, sin la consulta de las comunidades indígenas”.
Los 65 millones de pesos se depositarán en siete ministraciones de recursos, conforme al decreto por un monto de 8 millones 267 mil pesos y la última será dentro del primer trimestre del año 2021, por 12 millones de pesos, para liquidar el pago.
Al firmar el convenio, el gobernador nombró a cada integrante del Consejo Ciudadano de COEPI y agradeció su fuerza moral en el compromiso social por los pueblos indígenas de Chihuahua a El Pato Ávila.
Corral aseguró que a partir de hoy, todo el desarrollo económico de esa región deberá pasar por el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada, de las comunidades indígenas.
Destacó además, que en el caso de Repechique, un juez federal asumió y entendió a plenitud, en una sentencia referencial e histórica, sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas, sobre el desarrollo social, económico y político integral.
“Fue una lucha de David contra Goliat por parte de tres aguerridas mujeres: María Teresa Guerrero, Alma Chacón y Diana Villalobos, quienes gracias a su tesón, perseverancia, compromiso y transparencia con la que se conducen dio la confianza a los habitantes de Repechique para encabezar esta causa”, dijo el gobernador.
Corral indicó que fue una lucha muy dispareja y descalificatoria, porque el gobierno del Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decidieron “por sus pistolas” la construcción del aeropuerto, aunque reconoció que la obra era indispensable para la región.
“Lo que sucedió es que hicieron mal las cosas porque clausuraron caminos, cerraron el paso al transporte familiar, a escuelas y clausuraron manantiales”.
El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas aseveró que será un auténtico órgano en favor de quienes viven en la sierra de Chihuahua: “no lo que era antes, la administradora de los intereses, frente a los integrantes de las etnias”.
El gobernador explicó que después de realizar un consenso y escuchar varias voces, seleccionaron al Consejo que quedó integrado por Marcelina Bustillos Romero, mujer rarámuri de Norogachi, municipio de Guachochi; Diana Villalobos Díaz, directora de Consultoría Técnica Comunitaria; Isela González Díaz, directora de la organización Alianza Sierra Madre, y Ana María de la Rosa I Carpizo, de la Red por la Participación Ciudadana.
También lo conforman Luis Javier Pérez Enríquez, segundo gobernador de la comunidad Bosques de San Elías Repechique; el abogado Carlos Ordoñez Villegas; Samuel Kalish Valdez, expresidente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac); Carlos Sías Enríquez; Lorenzo Moreno Pajarito, de la comunidad de Mogótavo; el antropólogo especialista en la Tarahumara, Horacio Almanza Alcalde, y el abogado Horacio Laguna.
Asimismo, Víctor Ojeda Chávez; Guillermo Palma Aguirre, de la organización serrana Siné; Todos los Santos Dolores Villalobos Vigil, quienes serán coordinados por El Pato Ávila, representante de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
Ellos estarán encargados de realizar seis foros en distintas regiones de la Sierra Tarahumara, cuyas conclusiones serán incorporadas al Plan Estatal de Desarrollo.
Por otra parte, Corral dio la bienvenida al oaxaqueño comprometido con los derechos de los pueblos indígenas, Adelfo Regino, asesor para la creación de la ley en materia de pueblos indígenas.
La comisionada estatal de los Pueblos Indígenas, María Teresa Guerrero, dijo que con la firma se reconocen tres aspectos: la personalidad jurídica de las autoridades tradicionales, el interés jurídico para la consulta de los habitantes y el derecho, a reclamar sus derechos, sobre un territorio que les pertenece ancestralmente.
A la firma del convenio, realizada en la ciudad de Cuauhtémoc, también asistió el alcalde de ese municipio, Elías Humberto Pérez Holguín.
Fuente: Proceso
