El freno que puso el juez Primero de Distrito a la contratación de nuevos financiamientos pone al estado en riesgo de parálisis financiera, advirtió el gobernador César Duarte Jáquez, reporta El Diario.
La Secretaría de Hacienda estatal secundó al mandatario, al revelar que sin la bursatilización, Chihuahua cae en una situación crítica y bajo una fuerte presión económica por la falta de liquidez.
La dependencia señaló que se enfrenta un panorama complicado en el que peligran el pago de la nómina y gastos en educación, seguridad y salud.
El Juzgado Primero de Distrito determinará este viernes si concede la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para frenar la bursatilización de hasta 6 mil millones de pesos por el Gobierno del Estado.
En rueda de prensa afuera de Palacio Nacional, Duarte declaró ayer que la suspensión provisional ordenada por el juez tiene como objetivo frenar el desarrollo de la entidad, pero confía en que la justicia sea aplicada.
Dijo que la bursatilización es un mecanismo de financiamiento que estaba avalado e incluido en la Ley de Ingresos.
“Podemos decir que no tiene nada que ver con la realidad, significa que el Gobierno a todas luces y con tiempo suficiente lo contempló en la Ley de Ingresos y que hoy se ha querido matizar como si fuera un endeudamiento, que no lo es”, afirmó.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda indicó que los recursos económicos actuales, provenientes de participaciones federales y recaudación propia, resultan insuficientes para enfrentar sus compromisos en un plazo de poco más de dos meses.
Aunque en algunas áreas ya empezó hacer crisis, como en la Fiscalía General del Estado, donde se ha enfrentado problema de escasez de gasolina, además de recorte en planes de uso de teléfonos celulares y compra de material de oficina.
En Educación se reportó el retraso la entrega de becas a estudiantes y un recorte en sueldo de maestros, a quienes les ofrecieron retribuir a más tardar el 15 de agosto.
Duarte apuntó que existe un proceso sólido detrás de la aprobación de la bursatilización, para que los recursos que se generen sean destinados a cubrir las necesidades de los habitantes, ya que no es un gasto de Gobierno.
“Dependen proyectos de infraestructura, seguridad, educación, en todos los sentidos no se puede ver como un tema aislado”, declaró ayer el gobernador.
De acuerdo con datos proporcionados por Hacienda estatal, Chihuahua recibe al año 15 mil millones de pesos en participaciones del Gobierno federal y recauda unos 8 mil millones de pesos.
Pero sólo para gastos de Educación requiere 10 mil millones de pesos al año, de los cuales más de la mitad se van a gastos de instrucción básica, principalmente al pago de la nómina magisterial.
El pasado 6 de junio, el Congreso del Estado aprobó la bursatilización de más de 6 mil millones de pesos de los remanentes carreteros del fideicomiso a cargo de Fibra Estatal de Chihuahua, S.A de C.V., para pagarse durante los próximos 22 años.
En ese entonces, los diputados dieron a conocer que de esa cantidad 3 mil millones de pesos serán para saldar adeudos que arrastraba la actual administración, y los otros 3 mil millones para inversión pública.
Sobre el uso de 3 mil millones no comprometidos, funcionarios de Hacienda estatal revelaron que presuntamente se logró con el equipo de transición del gobernador electo, Javier Corral, un acuerdo para su uso.
Supuestamente 2 mil millones se destinarían para los compromisos de la administración saliente y mil millones, como fondo de respaldo para la entrante. Esto no fue confirmado por el equipo del panista.
Sin embargo, la resolución del juez al conceder una suspensión provisional a un amparo solicitado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad frenó todo.
“Se requieren recursos adicionales a los que ingresan por la vía de participaciones y recaudación propia”, informó Hacienda.
Decide Juzgado el viernes
El Juzgado Primero de Distrito realizará el próximo viernes la audiencia incidental para determinar si concede la suspensión definitiva en el juicio de amparo para frenar la bursatilización.
“Desde hace un año, el artículo 117 fracción octava de la Constitución prohíbe a estados y municipios contratar deuda en los últimos tres meses de gobierno”, dijo Jesús Manuel Soledad, el abogado que interpuso la demanda por parte de la asociación con sede en la Ciudad de México.
Ese precepto “es el argumento de fondo de por qué la bursatilización que pretende el Gobierno del Estado es inconstitucional”, señaló.
La solicitud fue hecha el 28 de julio ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua por Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE), brazo jurídico de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
“Presentamos la demanda a nuestro nombre porque hace un año la Suprema Corte resolvió que asociaciones que tengan objetos sociales muy específicos, como la defensa de derechos colectivos, como el derecho a que no exista corrupción, pueden combatir actos de autoridad que una persona ordinaria no podría hacer”, explicó.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad “es una organización que nació hace un par de meses y fue creada y es dirigida por Claudio X. González Guajardo y la doctora María Amparo Casar Pérez”, expuso.
Soledad dijo que son una asociación dedicada al combate a la corrupción sin afiliación partidista y que buscaron al equipo Corral Jurado para ver si había algún interés en el tema del amparo “pero no logramos mucha comunicación”.
Fuente: El Diario
