El gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, presentó una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas contra varios jueces, un ministro, un fiscal, el gerente del poderoso Grupo Clarín, y un ex espía que tomaron un vuelo privado a Bariloche para hospedarse en la mansión del magnate británico Joe Lewis, según una filtración de mensajes que provocó un terremoto en el país.
La demanda fue interpuesta por el ministro Martín Soria luego de conocer los chats entre los que viajaron de manera “clandestina” a Bariloche, por lo cual el Estado se presentó como querellante, denunciando a jueces federales, funcionarios porteños y al gerente del Grupo Clarín –Jorge Rendo– que participaron del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado, por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas”.
Los denunciados penalmente son: el juez Julián Ercolini, su colega Carlos Mahiques, integrante de la Cámara de Casación, el máximo tribunal del país; el hijo de éste Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires; Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Marcelo D’Alessandro, actual ministro de Justicia y Seguridad porteño. También el representante del grupo Clarín.
La gran sorpresa que se llevó el grupo Telegram es la denuncia, con una sorprendente investigación de la fiscal de Bariloche, Cándida Echepare, a quien creyeron que habían engañado y cuyo dictamen firmado ayer tiene de base una cuidadosa investigación judicial.
Esto “desnuda todo ese material tan temido por los protagonistas del diálogo filtrado (registros visuales y facturas con fecha desfasada) y por ende corroboraría su contenido. El documento impulsa la investigación por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, dádivas, tráfico de influencias y falsedad ideológica de documento público. Esto es gravísimo porque acaba con la impunidad del Partido Judicial y se esperan grandes sopresas.
En sus intercambios en el grupo de Telegram, creado después de que el diario Página/12 informó el 17 de octubre de la existencia de ese viaje clandestino, los participantes del cónclave intercambiaron opiniones sobre cómo ocultar su traslado en un vuelo privado y su estancia en la mansión de Lewis.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner relacionó antier su condena a seis años de prisión e inhabilitación política de por vida con este caso.
En este contexto, se informó que el próximo lunes se realizará aquí una cumbre del Grupo de Puebla, en el Centro Cultural Kirchner (CCK) para debatir sobre el tema “Voluntad Popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia” y habrá dos paneles que se referirán a la persecución contra los líderes populares de la región.
El presidente Fernández abrirá la cumbre del grupo, que se solidarizó con la ex presidenta condenando la utilización del poder judicial, mediático y político en la guerra sicológica hoy renombrada como lawfare.
Mientras, sindicatos, gremios diversos y militantes del gobernante Frente de Todos están convocando a manifestarse para expresar su repudio al veredicto firmado por jueces afines a la oposición más radicalizada y violenta de la coalición Juntos por el Cambio, a la cual pertenecen los jueces que condenaron sin pruebas a Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios.
Entre las figuras que estarán presentes en la cumbre se confirma la presencia de los ex presidentes Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador (víctima del lawfare), José Mujica de Uruguay, José Luis Rodríguez Zapatero de España, Ernesto Samper de Colombia, y un representante del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Lula sufrió lo que hoy enfrenta la vicepresidenta, y estuvo detenido en su país más de 500 días por orden del juez Sergio Moro, quien lo condenó sin pruebas, como se comprobó después, cuando ya llegaba al poder el ex capitán del ejército, el evangelista Jair Bolsonaro, que arrasó con todos los derechos establecidos por Lula en Brasil y deja un país devastado.
Fuente: La Jornada
