La Secretaría de Gobernación mintió a la Procuraduría General de la República (PGR), al informar que las autoridades federales ya habían clausurado 165 pozos ilegales en la zona de conflicto por el agua, denunció Gabino Gómez Escárcega, líder de El Barzón en Chihuahua.
Hay pozos clausurados, pero desde hace años y no en la zona del conflicto. El gobierno federal estaba comprometido a clausurar los 165 pozos, pero pospusieron el acuerdo con los barzonitas y nunca los clausuraron, aclaró Gabino Gómez.
Una comisión de barzonistas se reunió con Fausto Razo, director de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien ordenó brindar medidas cautelares para ocho integrantes de la organización, entre ellos los hijos de Ismael Solorio Urrutia y Martha Manuela Solís Contreras.
Las medidas son dirigidas a gobierno estatal, para salvaguardar la vida de los ocho ante el riesgo en el que viven; a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para garantizar el abasto legal de agua en la región de Buenaventura y a la Secretaría de Economía para que las compañías mineras MagSilver y Cascabel, dejen de explotar la mina ubicada en Ejido Benito Juárez.
La minera comenzó a sacar material y equipo desde el lunes pasado, luego de que solicitó al gobierno del Estado su intervención para que los ejidatarios ampliaran el plazo para retirarse de esas tierras, explicó Gabino Gómez.
En cuanto a la investigación del asesinato de Ismael Solorio y su esposa, así como de la situación del agua y mina en Buenaventura, la CNDH informó a la comisión de barzonistas que se venció el plazo para que respondieran las instancias federales pero solo respondió, y con mentiras, la Segob.
Las otras dependencias federales que no han respondido son: la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Conagua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarpa).
Asimismo, indicaron que los ayuntamientos de Riva Palacio, Buenaventura y Namiquipa, tienen hasta el 15 de noviembre para dar su informe sobre la situación del agua, a la CNDH.
La abogada y presidenta del Centro de Derechos Humanos de la Muer, Luz Estela Castro, informó que como parte de la comisión asistieron además Gabino y Siria Solís.
Además de la reunión con la CNDH, estuvieron en la explanada de la Ciudad de México durante el movimiento de despedida de Calderón, para acompañar a las familias de personas víctimas de desaparición forzada: familia Muñoz de ciudad Anáhuac, Chihuahua; familia Alvarado de ejido Benito Juárez y familia Hernández de Cuauhtémoc.
Los barzonitas denunciaron la situación de los defensores de derechos humanos y justicia para los asesinatos del matrimonio Solorio, como consecuencia de la defensa de sus tierras afectadas por la mina, y dado que durante el sexenio de Calderón se otorgó un gran número de concesiones a mineras.
Fuente: apro
