El PRD propuso al pleno del Senado una iniciativa de ley de amnistía en favor del maestro indígena rural bilingüe, Alberto Patishtán Gómez, luego de que el Poder Judicial de la Federación (PJF) le negara la libertad tras 13 años de prisión.
En tribuna, la senadora Angélica de la Peña Gómez afirmó ayer que la ley de amnistía propuesta a favor del profesor indígena “es un acto de justicia que reivindica su derecho al debido proceso, el cual le fue negado desde que inició el procedimiento judicial que derivó en una sentencia de 60 años de prisión”.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado presentó el proyecto de decreto sobre la “Ley de amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día 12 de junio de 2000”.
La senadora perredista desechó la opción de solicitar el indulto para el profesor Patishtán porque consideró que implica reconocer la comisión de un delito. “Estaríamos pidiendo que se le perdonase una conducta que violentó gravemente leyes penales”, aclaró la senadora.
La amnistía, explicó, implica que una de las partes, en este caso la parte acusadora que es el Estado, “declara nulos los cargos y las sanciones punitivas impuestas a la otra parte, perseguida, detenida, acusada y encarcelada o a quienes se encuentran procesados en todos los fueros por hechos de naturaleza político social”.
Sin embargo, el senador Robledo Aburto dejó a salvo la posibilidad de solicitar el indulto a Patisthán Gómez. Interpuso ante el pleno del Senado una excitativa para retomar, como una alternativa, el indulto a Patishtán, tal como lo propuso el pasado 21 de marzo el senador Adolfo Romero Lainas mediante un punto de acuerdo.
“Toda vez que en aquella ocasión no se aceptó discutir como de urgente y obvia resolución aquel punto de acuerdo y que el pasado 12 de septiembre de 2013, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia penal, con sede en Tuxtla Gutiérrez decidió confirmar la sentencia condenatoria otorgando definitividad a la misma, se actualiza el exhorto contenido en aquel punto de acuerdo”, dijo el senador chiapaneco.
Los senadores perredistas recalcaron que, a la luz de las denuncias que han realizado organizaciones nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional y Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, las autoridades de procuración y administración de justicia violentaron los derechos humanos de Patishtán Gómez desde el primer momento y no han podido comprobar fehacientemente su participación en los hechos que originaron la causa penal.
De la Peña Gómez recordó que Patishtán fue detenido e ingresado a prisión hace 13 años acusado de siete homicidios cometidos a la altura de la comunidad Las Limas, ubicado en el tramo carretero entre los municipios de Simojovel y El Bosque, y en todo el tiempo que ha estado preso no se le proporcionó un intérprete ni tuvo acceso a una defensa adecuada.
La senadora hizo énfasis en las tres principales pruebas del ministerio público para inculpar al profesor Alberto Patishtán: una fue la segunda declaración del menor Rosemberg Gómez Pérez, hijo del entonces presidente municipal de El Bosque, quien primero dijo no acordarse de nada porque quedó inconsciente y después de haber recibido la visita de Martín Gómez Culebro, enemigo político del profesor Alberto Patishtán, declaró la participación del profesor.
La segunda, dijo, fue la libreta de apuntes del profesor indígena que contenía anotaciones para los juegos de basquetbol y que se realizarían en la zona y que los peritos y la juez consideraron que podía tratarse de un croquis que señalaba cómo estaban parapetados los criminales que cometieron la emboscada, y la tercera, el peritaje de rodizonato de sodio tomado siete días después de que sucedieron los hechos.
“Es evidente que se violentó el derecho al debido proceso de Alberto Patishtán Gómez, y a pesar de ello el Poder Judicial negó el recurso de incidente de reconocimiento de inocencia, siendo el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la última instancia que resolvió sobre el asunto, arguyendo que no resultaba trascendental y que en el mismo no se incorporaban argumentos novedosos”, lamentó la senadora perredista.
La violación de los derechos humanos y al debido proceso, añadió de la Peña Gómez, es “crónica” en México por lo que consideró que la ley de amnistía podría revertir el resultado de un proceso judicial injusto.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda.
Alberto Patishtán Gómez fue detenido el 19 de junio del 2000, en el municipio de El Bosque. Después de 30 días de arraigo fue trasladado al entonces penal número 1 de Cerro Hueco de Tuxtla Gutiérrez y el 25 de julio del 2000 se dictó auto de formal prisión en su contra por los delitos de violación a la Ley Federal Contra Delincuencia Organizada, lesiones y homicidios calificado, robo, daños y portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
El 18 de marzo del 2002, en el expediente penal número 12-6/2000 el juez Primero de Distrito del Vigésimo Circuito, dictó sentencia condenatoria en contra del profesor Patishtán, lo consideró penalmente responsable y lo condenó a 60 años de prisión y una multa.
Desde entonces ha interpuesto diversos recursos legales para probar su inocencia y todos han sido rechazados.
El más reciente fue el que el incidente de reconocimiento de inocencia –número 4/2012– que promovió ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, mismo que resolvió negarle dicho recurso por considerarlo cosa juzgada.
CJF niega exhortar a Tribunal a respetar derechos del profesor
Por si fuera poco, este miércoles el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó emitir opinión o exhortar al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito para que se apegue a los derechos humanos reconocidos en la Constitución en el proceso en contra del profesor Patishtán Gómez.
En un oficio suscrito por el magistrado Luis Fernando Angulo, secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano judicial indicó que al igual que todos los jueces y magistrados del poder judicial, el citado tribunal “cuenta con autonomía de independencia para emitir su resolución”.
Para dejarlo más claro, señaló que el CJF “no puede emitir ningún tipo de recomendación, opinión o exhorto hacia los magistrados integrantes de ese tribunal” y explicó que cualquier opinión “podría trastocar la autonomía e independencia judicial, considerando que el asunto debe resolverse por dicha autoridad, donde existen los medios legales a los que (Patishtán) puede recurrir la resolución en su caso”.
El oficio fue girado en respuesta a un punto de acuerdo emitido por el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 5 de septiembre.
Fuente: Apro
